La sífilis registra un preocupante avance en Chile, especialmente entre los adultos mayores de 60 años, grupo que ha experimentado uno de los mayores aumentos en las tasas de notificación durante los últimos años.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico Anual Abreviado de Sífilis, Chile, 2025, elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, la tasa de notificación de esta infección de transmisión sexual llegó a 55,2 casos por cada 100 mil habitantes durante el año pasado.

Se trata del nivel más alto registrado en el país y representa un aumento de 2,4 veces respecto de hace una década. En total, durante 2025 se notificaron 11.155 casos de sífilis.

Aunque la mayor concentración de casos continúa registrándose entre personas de 20 a 39 años —que reúne el 58% de las notificaciones del último quinquenio—, los datos muestran un incremento especialmente marcado entre quienes tienen 60 años o más.

Mujeres duplican su tasa

El aumento es particularmente entre las mujeres de la tercera edad. Según las cifras del Minsal, la tasa de notificación en mujeres de 60 años o más pasó de 14,4 casos por cada 100 mil habitantes en 2021 a 28,8 en 2025. Es decir, la tasa se duplicó en cuatro años.

En tanto, entre los hombres del mismo grupo etario también se observa un incremento sostenido. Los casos notificados pasaron de 419 en 2021 a 909 durante 2025, alcanzando una tasa de 50,8 casos por cada 100 mil hombres.

En términos generales, las personas mayores de 60 años representaron el 13,9% de las notificaciones de sífilis durante 2025, con un total de 1.545 casos.

Para AHF, organización dedicada a la prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, estas cifras evidencian la necesidad de ampliar las estrategias de prevención hacia este segmento de la población.

“Esta realidad expone un cambio demográfico silencioso que evidencia la necesidad de dirigir las estrategias de prevención y pesquisa activa hacia la tercera edad”, sostuvo Francisco Rubio Olave, director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe.

Baja utilización de preservativo

Uno de los factores que podría contribuir a explicar el escenario es el bajo uso declarado de preservativo entre los adultos mayores.

Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023, solo el 10,4% de los hombres y el 8,6% de las mujeres de 60 años o más señaló haber utilizado condón durante el último año.

Desde AHF advierten que las estrategias de educación sexual y prevención suelen concentrarse en grupos más jóvenes, dejando en segundo plano a los adultos mayores, pese a que este segmento mantiene una vida sexual activa.

“El aumento de diagnósticos de sífilis en mayores de 60 años demuestra que es necesario ampliar las estrategias de prevención y pesquisa hacia este grupo”, planteó Rubio.

Sífilis alcanza su mayor tasa histórica en Chile

El aumento entre los adultos mayores se da en un contexto de crecimiento general de la sífilis en el país. La tasa nacional pasó de niveles considerablemente menores hace una década a los 55,2 casos por cada 100 mil habitantes registrados en 2025, el máximo histórico de la serie.

La sífilis puede permanecer sin síntomas evidentes durante parte de su evolución, lo que dificulta su detección y favorece su transmisión cuando no existen controles o exámenes periódicos.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile cayó 0,2% en términos anuales durante el segundo trimestre de 2026, según el informe de Cuentas Nacionales publicado por el Banco Central.

Y aunque el emisor corrigió al alza el dato del primer trimestre, desde un -0,5% a -0,3%, el dato supone un balde de agua fría para las expectativas luego del sorpresivo Imacec de 2,4% de junio que había llevado los cálculos a una expansión de 0,1% en el segundo trimestre.

Con este resultado, además, la economía chilena encadena dos trimestres consecutivos de contracción, algo que no ocurría desde el primer semestre de 2023, de acuerdo con la serie de PIB trimestral del propio instituto emisor.

Descontada la estacionalidad, la actividad económica no registró variación respecto del trimestre anterior, razón por la cual el país habría evitado apenas la recisión técnica.

Aún así, el primer semestre 2026 se despide con una contracción de 0,25%, lo que pone cuesta arriba las metas de crecimiento para este año.

El organismo atribuyó la caída al retroceso de las exportaciones y a la variación de existencias, efecto que fue compensado en parte por el aumento del consumo. Desde la perspectiva del origen, la contracción se explicó en gran medida por la actividad minera, mientras que el PIB no minero aumentó 0,7%, impulsado por los servicios personales y el comercio.

El período tuvo el mismo número de días hábiles que el año anterior, por lo que el efecto calendario fue nulo.

La inversión con sesgo negativo

La formación bruta de capital fijo (la inversión) no registró variación en el segundo trimestre, tras haber crecido 2,9% en el primero y 9,7% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre de 2025.

El Banco Central explicó el resultado por la compensación entre una caída en construcción y otras obras, que retrocedió 2,4%, y un aumento de 3,7% en maquinaria y equipos.

En el primer componente incidió una menor inversión en obras de ingeniería. En el segundo destacaron las mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos.

>— Jorge Selaive C. (@jselaive) August 18, 2026

La desaceleración de maquinaria y equipos es marcada: el componente había crecido 22,9% en el cuarto trimestre de 2025 y 9,6% en el primero de 2026.

Construcción y otras obras, en tanto, acumula dos trimestres consecutivos a la baja.

Medida como porcentaje del PIB en términos reales, la inversión en capital fijo alcanzó 23,2%, apenas por sobre el 23,1% del mismo trimestre de 2025. En términos nominales llegó a 22,7%, bajo el 23,3% de un año atrás.

La formación bruta de capital, que incluye existencias, cayó 3,9%, resultado que el Banco Central asoció a una desacumulación de inventarios, en particular de productos manufacturados, con un ratio acumulado en doce meses de -0,3% del PIB.

En el contexto de las minutas de la última reunión de política monetaria, uno de los puntos que llamó la atención fue el tema de las expectativas de inversión em el debate en torno a la megarreforma.

“Se mencionó el rol que podrían estar jugando las expectativas, en particular por los posibles impactos que tendría la aprobación del Proyecto de Ley de Reconstrucción que había presentado el Gobierno. No podía descartarse que el comportamiento reciente de la inversión respondiera a una postergación de proyectos a la espera de poder utilizar las normas que contenía el citado Proyecto de Ley”, dijo el emisor.

La minería encadena cuatro trimestres a la baja

La actividad minera cayó 6,4% anual, su cuarto retroceso consecutivo tras las caídas de 5,0% y 6,2% en el tercer y cuarto trimestre de 2025 y de 2,9% en el primero de 2026.

Según el informe, la actividad cuprífera se vio afectada por menores leyes del mineral y por mantenciones que mermaron la producción de los principales yacimientos del país. El resto de la minería creció, sostenido por la extracción de litio, oro y plata. En cifras desestacionalizadas, el sector anotó un aumento de 0,6% respecto del trimestre anterior.

La construcción fue el otro sector con incidencia relevante a la baja, con una caída de 3,2% en la que todos sus componentes disminuyeron. El Banco Central indicó que las obras de ingeniería fueron las de mayor incidencia, como resultado del término de proyectos de inversión, en particular mineros y de plantas desalinizadoras.

También retrocedieron pesca (-5,9%), transporte (-0,6%), agropecuario-silvícola (-0,3%), industria manufacturera (-0,3%), servicios empresariales (-0,2%) y administración pública (-0,2%).

En la vereda contraria, servicios personales y comercio crecieron 2,4% cada uno, seguidos por servicios de vivienda e inmobiliarios (2,3%) y electricidad, gas, agua y gestión de desechos (1,7%). Los servicios financieros anotaron el mayor avance del trimestre, con 3,1%.

El consumo sostiene una demanda interna casi plana

La demanda interna creció apenas 0,1%, con un mayor consumo compensado casi en su totalidad por la menor inversión.

El consumo de los hogares se expandió 1,2%, con el gasto en servicios como principal contribución, impulsado por los servicios de salud y el gasto en turismo.

Los bienes durables también aportaron de forma positiva por mayores compras de vehículos, efecto contrarrestado en parte por un menor gasto en productos tecnológicos, en particular teléfonos móviles.

El consumo de bienes no durables cayó 0,3%, con menor gasto en combustibles.

El consumo de gobierno creció 1,8%, en línea con un incremento en los servicios de salud y educación.

El comercio exterior resta

Tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios retrocedieron, con un efecto neto negativo sobre la actividad.

Las exportaciones cayeron 2,1%, determinadas por menores envíos de cobre y, en menor medida, de productos alimenticios. Las exportaciones de servicios también disminuyeron, con el gasto en turismo como principal factor.

Las importaciones bajaron 1,6%, incididas por menores internaciones de combustibles, productos químicos y vestuario. Las importaciones de servicios, en cambio, aumentaron 3,4%, impulsadas por los servicios empresariales.

Ingreso y ahorro

El ingreso nacional bruto disponible real creció 1,3%, reflejo del efecto positivo de los términos de intercambio. DE acuerdo a la Cuentas Nacionales, el deflactor del PIB aumentó 7,0%, mientras que el precio de las exportaciones de bienes y servicios subió 14,1% y el de las importaciones 3,0%.

El ahorro bruto total llegó a 22,0% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional de 21,6% del PIB y un ahorro externo de 0,4% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos

Un abogado designado por la justicia asumió la liquidación de la cadena, que cerró en junio con deudas por casi $15 mil millones.

Luego del convulsionado y abrupto cierre de los gimnasios Energy el 5 de junio pasado, el proceso de liquidación de la cadena que acumuló deudas por casi $ 15 mil millones, entró en tierra derecha. La justicia designó a quien será el liquidador de los bienes, el abogado Francisco Javier Conejeros Simón (en la foto), quien ha llevado casos similares, como el de la liquidación de Muebles Sur y Fullcolor.

Fue el 31 de julio cuando Conejeros asumió en calidad de liquidador concursal provisorio, designación que, dado que fue propuesto por el banco BCI -la entidad que pidió la liquidación de Energy-, debería transitar a su ratificación definitiva en la próxima junta de acreedores que ya quedó fijada para el próximo 23 de septiembre.

Contactado por DF MAS, Conejeros explica varios aspectos del proceso que viene. De partida, detalla que los activos a los que podrá acceder para venderlos y lograr algún recupero para pagar a acreedores serán prioritariamente las máquinas de ejercicio, que están repartidas en 21 sucursales, las que será rematadas.

Lo mismo que las marcas, aunque en este caso, se estima que el interés en ellas podría ser menor porque las cadenas de gimnasio ya operan con sus propias denominaciones. ¿Y cuentas bancarias? “Las cuentas están en cero pesos”, responde Conejeros.

Así las cosas, el encargado de esta liquidación da su expectativa realista de pago. “Me sentiría satisfecho pudiendo pagar todas las acreencias laborales”, dice. El viernes pasado ya envió 475 cartas de despido, y en las próximas dos semanas preparará la propuesta de finiquito a los trabajadores, los primeros en el orden de prelación de pago en este tipo de procedimientos.

¿Qué pasará con los enfurecidos clientes de Energy, que pagaron membresías que no alcanzaron a ocupar? “Ellos podrían hacer valer sus créditos, pero con nula posibilidad de recupero. Por el lado de la quiebra no vamos a llegar a pagar a ese tipo de personas, lamentablemente”, indica Conejeros.

Respecto del proceso en sí, el experto explica que debieran venir procesos de remates, por lo menos seis -según criterio de localidad y cercanía geográfica de los locales repartidos por Chile, donde están las máquinas-, los que serán abiertos a público y sin precio mínimo, y en los que posiblemente van a participar como interesados operadores de gimnasios vecinales, personal trainners e incluso personas particulares que quieran hacerse de máquinas para su uso.

Esto, sin descartar que pudiera existir alguna venta directa, dado que ya han recibido manifestaciones de interés, posiblemente de operadores que quieren mantenerse en la misma ubicación en que estaba Energy, sucediendo a esta cadena con esos contratos de arriendo de los inmuebles.

Porque acá lo que primará es la regla de lo menos dispendioso que está considerada en la normativa de quiebras chilena. Es decir, tomar decisiones ágiles que permitan evitar gastos innecesarios. Por ejemplo, en este caso, evitar los arriendos de los inmuebles donde siguen estando las máquinas de ejercicio.

De hecho, ya ocurrió que en ocho sucursales de la extinta cadena que estaban en centros comerciales de MallPlaza, este operador ya desalojó y guardó las máquinas en otros espacios de sus instalaciones.

En estos cinco meses de gobierno, la UDI ha intentado posicionarse como el partido “más leal” de la administración del Presidente José Antonio Kast, por lo que había evitado desmarcarse de cualquiera de sus iniciativas. Eso, hasta ahora.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en esta entrevista, advierte que algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad -que están contenidas en el borrador que dio a conocer La Tercera- debilitan la institucionalidad del país. Por lo mismo, sostiene que, de mantenerse así, no estarán los votos de su partido.

Es más, el diputado sostiene que deben avanzar en fortalecer la Carta Magna y que un camino para eso es volver a subir los quórum para reformas.

“No podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional”, argumenta.

Y agrega: “La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno”.

Esta semana hubo descoordinación en el gabinete, la salida de Duco, el fallo del TC. Pareciera que la instalación no ha concluido. ¿Cuál es su evaluación?

Estoy totalmente en desacuerdo. Esta fue una gran semana. El fallo del TC ratifica la norma más importante del proyectos de reconstrucción: la invariabilidad. Empezó la agenda de seguridad en el Congreso con todo, aprobando proyectos en un día. Y, además, el traslado de los reos a la cárcel de Talca dejó claro a toda la población que aquí la mano va a cambiar. Las señales son positivas y eso probablemente quede refrendado en las encuestas de las próximas semanas.

Pero se vio empañado por lo que le menciono. En el oficialismo transmiten que sigue la sensación de que están en rodaje.

No creo que sea así. Los gobiernos tienen cambios durante los cuatro años. En el caso del Presidente Kast, él ha tomado la decisión de que, cada vez que cree que necesita un cambio, lo hace y no lo dilata para corregir rápidamente el rumbo. Esto contrasta con el expresidente Boric, que confesó que cometió errores al nombrar su primer gabinete y, sin embargo, se demoró alrededor de seis meses en cambiarlo.

¿La vara de medición es Boric?

Estoy comparando estilos. Uno es hacer el cambio de inmediato, el otro es ir acumulando cambios para luego hacer solamente un gran cambio de gabinete.

Hace unos días planteó que la aprobación de la megarreforma no se había aprovechado bien comunicacionalmente. ¿Espera que no les pase lo mismo en seguridad?

La reforma de reconstrucción fue un golazo del gobierno, que se aprobó en tiempo récord. Lamentablemente, en vez de comunicar todo esto, muchas veces nos entrampamos en discusiones que eclipsan el mensaje que deberíamos transmitir. De estas cosas va aprendiendo el gobierno y parlamentarios oficialistas. Espero que en la agenda de seguridad gritemos más los goles.

Algunos dicen que, comunicacionalmente, la reforma de seguridad es una cancha más cómoda que la megarreforma para la derecha, pero que es más compleja a la hora de conseguir votos. ¿Cómo lo ve?

Es una cancha más cómoda porque son temas más fáciles de comunicar que una reforma tributaria. Creo, eso sí, que para la izquierda va a ser más difícil oponerse ahora, porque la gente sabe exactamente de qué estamos hablando.

¿Van a intentar traspasar los costos políticos a ellos si se rechaza?

No creo que se vaya a rechazar ninguna de las normas, porque casi todas, individualmente consideradas, tienen casi un 70% de aprobación. Pero si finalmente llegan a rechazar, vamos a hacer la pega de comunicar por qué se rechazó.

Que asuman los costos políticos ante la ciudadanía…

Más que los costos políticos, cada uno tiene que hacerse responsable de sus votos.

Pero no en todas las iniciativas hay consenso. El borrador de la reforma constitucional de seguridad ha generado diferencias entre ministros y una fuerte disputa entre senadores sobre si deberían hacerse o no cambios a la Constitución. ¿En qué lado está usted?

No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar.

¿Por qué?

La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. También así fue como se fue fraguando la reforma agraria. Primero, el presidente Alessandri estableció que, excepcionalmente para estos casos, no era necesario pagar al contado, sino que se podía diferir el pago de los terrenos que fueran expropiados, y luego en el gobierno de Frei Montalva se estableció la excepción para predios de un cierto valor. Así, finalmente, las normas constitucionales que protegían la propiedad privada terminaron siendo inaplicables y, por lo tanto, eran imposibles de contener esta reforma agraria.

¿No están los votos de la UDI con las condiciones actuales de la reforma?

En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad.

De todas las reformas constitucionales que se plantean en el borrador, a su juicio, ¿qué daña la institucionalidad?

Hay reformas constitucionales que se tienen que hacer, como por ejemplo el establecimiento de un nuevo estado de excepción. Eso se hace en la Constitución y sobre eso no tenemos objeción.

¿No tiene objeción tampoco en que quede, por ejemplo, carabineros sobre Fuerzas Armadas?

La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema. El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable.

¿De qué forma puede repercutir eso?

Voy a dar un ejemplo. Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones? Cuando tú estableces en la Constitución excepciones que son de orden legal, abres una puerta para que la Constitución termine siendo igual que la del 25, una Constitución ineficaz, capaz de detener o de contener iniciativas políticas contingentes que van en contra de los principios de la Constitución. Algo parecido ocurrió con los retiros de fondos de pensiones, que a través de una norma de carácter transitoria se permitió algo que claramente estaba prohibido por la Constitución por ser de iniciativa exclusiva del Presidente.

Siguiendo ese criterio, ¿restringir derechos del artículo 19 a condenados por ciertos delitos, tampoco le parece el camino adecuado? Se plantea para evitar un nuevo fallo desfavorable como ocurrió con el TC en escuelas protegidas.

Yo estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta, y entiendo que se está intentando modificar la constitución para intentar evitar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas y el Tribunal Constitucional (...). Pero no podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Además es una hiperconstitucionalización tan típica en Latinoamérica y tan típica del primer proceso constituyente en Chile que nosotros rechazamos.

¿Pero le parece bien incluir como reforma constitucional inhabilidades a condenados?

Esos temas son sanciones por delitos que se cometan y, por lo tanto, no es arbitrario. Normas como esas existen en todo el mundo y no son controvertidas.

El TC lo rechazó…

Sí, y por eso es un mal fallo. Pero nosotros no podemos debilitar nuestra Constitución sentando el precedente de que podríamos pasar por encima de normas generales de la Constitución a través de excepciones. Insisto, el precedente que se genera es terrible. Porque el día de mañana la izquierda podría decir que no constituye expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones.

¿Intentarán hacerlo por ley, pese a lo del TC?

Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer estas normas en la ley y argumentar de buena forma por qué no son inconstitucionales y si es que finalmente esto se da al TC, hay que ganarlo en el TC. Las sanciones por conductas o delitos están siempre establecidas en la ley. Entonces, no es argumento suficiente el tener la razón para debilitar la Constitución. Nosotros en vez de debilitarla deberíamos fortalecerla.

El senador Macaya también levantó la alerta de que las inhabilidades no pueden afectar prestaciones básicas como salud, por ejemplo. ¿Cómo lo ve con usted?

Esa es la discusión que se dará en el Congreso, pero tiene que darse en virtud de la presentación de un proyecto de ley, no de una reforma constitucional.

Quienes defienden estas reformas sostienen que es legítimo, si tienes mayorías en el Congreso, poder cambiar la Constitución.

Es legítimo intentar cambiar la Constitución, pero con normas o principios que sean propiamente constitucionales. Establecer en la Constitución excepciones que son legales o normas que son de índole legal, al final, insisto, terminan por transformar a la Constitución no en la norma suprema que genera estabilidad, sino en una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno. Y por eso tenemos que fortalecerla volviendo a subir los quórums a como era antes.

¿A cuánto? ¿A dos tercios?

Es que depende de la norma: cuatro séptimos, de tres quintos y de dos tercios.

¿No es contradictorio que quienes se opusieron a los cambios a la Constitución, y después de que la ciudadanía rechazó dos procesos, ahora quieran reformas?

Cuando uno hace cambios acotados, como son los que la UDI defiende, no se está cayendo en una inconsistencia respecto a nuestra postura en los procesos constitucionales. No hay una contradicción.

Usted cuestionó el fallo del TC, diciendo que era malo. ¿No daña eso a las instituciones?

Yo acato el fallo, pero tengo todo el derecho del mundo a decir que fue un mal fallo.

Pero lo importante es que se ciña a si es que era constitucional o no.

No, lo que se le exige a cualquier ciudadano es acatar los fallos, no estar de acuerdo con ellos. Para corregir las instituciones hay que apuntarlas con el dedo cuando fallan.

¿Hay que corregir el TC?

Hay que mirar el TC en temas que pueden ser más fomes, como limitar las fuentes que el TC puede citar a la hora de redactar un fallo. Estoy absolutamente abierto a discutir reformas al TC. Las instituciones siempre pueden mejorar, pero hoy día la discusión que me preocupa es la de no ser los causantes de un debilitamiento de nuestra Constitución.

Ustedes han querido instalar que son el partido más leal al gobierno y dijo que la izquierda no podrá oponerse a la agenda por el alto respaldo ciudadano que tiene. ¿En qué pie los deja este desmarque?

Nosotros hemos apoyado al gobierno, como todo el mundo ha podido ver con nitidez, no tanto por lealtad, sino por responsabilidad con el país. Y es justamente esa responsabilidad la que nos hace entender que hay que defender la institucionalidad. La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno.

“Habiéndo cometido este error, ya se han corregido los protocolos internos”

Respecto de las descoordinaciones entre ministros, ¿fue un error que Alvarado reconociera que no sabía que se ingresó un requerimiento al TC?

No reconocerlo habría sido mentir.

Pero lo dejó en una situación de debilidad...

Lo dejó en una situación incómoda en ese momento frente a los medios de comunicación. Pero al no ser suyo el error, por supuesto que no afecta su ascendencia y autoridad al interior del gobierno.

¿El error de quién fue?

No tengo claro quién debería haberle comunicado.

¿Daño al gobierno este tipo de descoordinaciones?

Genera ruido e impide que una reforma tan importante como la reforma de reconstrucción se pueda celebrar y comunicar con total nitidez.

¿No hace falta ningún ajuste de diseño?

Tenemos que acostumbrarnos a la nueva institucionalidad en que ya no habrá ministro vocero. El Presidente Kast le ha entregado esa función al ministro del Interior y él no ha cometido ningún error y ha funcionado perfectamente bien. Lo que ocurrió esta semana es un problema de comunicación interna, no de vocería.

Pero ese error de comunicación interna, se externalizó. Si se hubiese comunicado previamente como gobierno, se podrían haber ahorrado esa descoordinación…

Insisto, el problema es de comunicación interna, no es de diseño de vocería.

¿Qué falta ajustar? ¿Que el Presidente apriete más?

Hoy día no falta nada porque, habiéndo cometido este error, ya se han corregido los protocolos internos.

¿Cómo se corrigió?

Básicamente, los ministros tienen que comunicar todo, aunque ellos consideren que quizás no es tan relevante, al Ministerio Secretaría General de Gobierno y será el biministro el que decidirá qué se comunica y qué no a través de la vocería.

¿Todo tiene que llegar a Alvarado?

Todo.

Hay quienes apuntan que el ministro García no está cumpliendo bien sus funciones. ¿Cuál es su evaluación?

La Segpres tiene la misión de relacionarse con el Congreso. Y en el Congreso hemos ganado absolutamente todas las votaciones. Si yo miro los números, la Segpres ha hecho un gran trabajo.

¿Es bueno ese criterio de que solo importan los resultados y que en paralelo cada partido haga y presente lo que quiera?

Cuando termine el gobierno nadie se va a acordar del ruido. Pero las leyes que se hayan aprobado van a quedar.

Pero usted mismo dijo que se genera ruido innecesario…

Por supuesto que yo preferiría tener menos ruido.

La UDI también tiene su propio ruido. Las críticas de Pablo Longueira a María José Hoffmann. ¿Se extralimitó?

Las declaraciones de Pablo Longueira fueron inadecuadas. Pero me quedo tranquilo con la aclaración que hizo Jorge Alessandri, que espero persevere en su idea de ser el próximo presidente de la UDI, de que en su directiva y en el ejercicio de sus funciones no va a haber veto alguno.

Dice “espero que persevere”, ¿está en duda?

No. Él jamás ha manifestado una duda. Pero me encantaría, es la persona indicada.

¿Y Longueira sigue siendo la persona adecuada para la secretaría general?

Ni para bien ni para mal, voy a opinar de ningún candidato a secretario general que ponga algún presidente a la UDI.

Miguel A. Vergara Villalobos, excomandante en Jefe de la Armada y Doctor en Filosofía, rechaza la idea de las FF.AA. puedan realizar acciones policiales contra el crimen organizado. El riesgo es que “se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa”.

– ¿Qué le parece la propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos? ¿Las FF.AA. están preparadas?

-En principio parece políticamente muy rentable desplegar militares en zonas urbanas críticas, porque es lo que solicitan muchos alcaldes apoyados por el clamor popular. Sin embargo, asumo que esta iniciativa despierta aprensiones en las FF. AA. En primer lugar, no están preparadas para cumplir funciones policiales que, aunque se presenten como una acotada y transitoria “protección de un perímetro” o de cierta “infraestructura crítica”, no podrían estar exentas de tener que enfrentar al crimen organizado, que cuenta con armamento de guerra y no tiene escrúpulos en utilizarlo. Eso necesariamente conlleva la posibilidad de enfrentamientos con muertos y heridos.

De allí surge un segundo problema, cual es, el desamparo político, legislativo y judicial que probablemente enfrentarían los miembros de las FF. AA., en caso de muerte de uno o más delincuentes. Al menos hasta ahora la experiencia no resulta muy halagadora para quienes deben hacer cumplir la ley.

Un tercer problema es el riesgo de que, en vez de potenciar a las policías, se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa. Esto porque, aun cuando el crimen organizado sea cada vez más avezado y potentemente armado, es políticamente complejo pasar de una situación prioritariamente policial a una militar. Así, es grande la tentación de perpetuar una ambigua situación policiaco-militar en desmedro de la Defensa.

-El propio Kast puso una primera condición para avanzar hacia un eventual despliegue militar: que antes sean aprobadas en el Congreso las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta.  ¿Está de acuerdo?

-Sin duda es fundamental tener claras Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), con un robusto respaldo político y legal. Pero éstas no deben ser elaboradas desde un escritorio, donde no se palpa el apremio que significa una situación de vida o muerte, con escaso o nulo margen para cumplir con determinados pasos secuenciales antes de reaccionar.

Las RUF que hasta ahora se han discutido parecen más bien destinadas a salvaguardar de cualquier demanda a la autoridad política que dispuso el uso de la fuerza. En cambio, deja a los militares desamparados ante una justicia civil que poco entiende de situaciones de apremio militar y mucho de garantismo para los delincuentes.

Además, es un error asumir que la sola presencia militar es disuasiva, ignorando que ésta opera en la mente del potencial adversario, ante la posibilidad cierta de enfrentar a unas FF.AA. no solo con capacidades superiores, sino con la voluntad de emplear todos los medios necesarios para vencer. Si el crimen organizado, los delincuentes o los subversivos detectan que los militares tienen las manos amarradas por temor a la “judicialización”, pasarán a ser meros espantapájaros.

El “buenismo” y el garantismo judicial no solo no disuaden, sino que incentiva el accionar del crimen organizado y la subversión, aumentando los procesamientos y condenas contra los militares. Tampoco basta con las RUF. Se debe tener muy clara la línea de mando y dependencia de las FF. AA actuando en funciones policiales. No se puede cambiar la subordinación jerárquica propiamente militar a una policial sin que se produzca confusión de procedimientos y se pierda la eficacia en el accionar.

-¿Cómo evalúa la experiencia durante el estallido? ¿Carabineros y militares fueron sobrepasados?

-La experiencia del mal llamado “estallido social” muestra a las claras el desamparo político, legal y judicial en que se encuentran quienes debieron reprimir la subversión, que a estas alturas es difícil negar que se proponía derrocar al gobierno democráticamente elegido. En los hechos, los subversivos pasaron a ser víctimas generosamente compensadas, mientras las fuerzas del orden han sido enjuiciadas y condenadas. Es el mundo al revés.

Más allá, en lontananza, esta Punta Peuco, Colina I y san Joaquín, donde muchos inocentes –hombres y mujeres– cumplen condenas gracias a un arbitrario sistema judicial penal ya suspendido en Chile, excepto para los militares. Para muchos civiles resulta más cómodo aliviar sus conciencias metiendo a todos los militares acusados por violaciones a los DD. HH., en el saco de los “criminales de lesa humanidad”. Para otros tantos, lograr condenas es un buen negocio por las compensaciones económicas o por la promoción de carreras funcionarias; todos ganan, menos los militares condenados.

De indultos, nada. Ni siquiera para los mayores de 80 años, enfermos terminales que no saben de su cabeza. Con estos antecedentes me temo que los miembros de las FF. AA deben estar intranquilos por su eventual participación en tareas del combate a la delincuencia en zonas urbanas críticas.

-¿Usted diría que las FF.AA. deben priorizar la defensa nacional?

-Por supuesto que las FF.AA. deben dedicarse fundamentalmente la Defensa Nacional, que ya ha sido descuidada por la prolongada presencia militar en el Norte para efectos de control de la migración y, en La Araucanía, por la subversión armada. Las FF.AA. llevan cuatro años cumpliendo estas tareas ajenas a su función prioritaria, lo que hace desconfiar de la supuesta transitoriedad con que cumplirían las funciones policiales que se anuncian. Es como los impuestos: una vez que se imponen difícilmente son suprimidos.

A eso se suma el sensible tema del presupuesto de las FF.AA., dado que no se ha cumplido en absoluto la ley que vino a reemplazar a la Ley del Cobre. Se están realizando ingentes esfuerzos para mantener las capacidades estratégicas y cumplir con los estándares de entrenamiento. Estas nuevas funciones policiales, que previsiblemente se eternizarán, debilitarán aún más nuestra capacidad disuasiva ante unos vecinos que se están potenciando militarmente.

-¿Qué piensa de las exigencias de EEUU de alinearse a su política y a sus intereses? ¿Cuál debe ser la postura frente a China?

-Es complejo mantenerse en la cuerda floja, haciendo equilibrios entre EE. UU y China, puesto que ambos son socios importantes para Chile. No obstante, deberíamos mantener nuestra dignidad y tomar las decisiones que más convengan al interés nacional. En todo caso, es preocupante la unilateralidad con que actúa el presidente Trump. Confío en que nuestra Cancillería sabrá manejar este sensible asunto.

Una expareja llegó a la justicia para definir con quién se quedaría con un gato tras el quiebre de la relación. En primera instancia, el Segundo Juzgado de Letras de Osorno ordenó compartir la tenencia del felino, pero la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia.

Esto al rechazar la demanda de tenencia compartida de mascota y dejar a la mascota al cuidado de la mujer cuyo nombre está inscrito en el Registro Nacional de Mascotas.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, que ordenó a los copropietarios compartir la tenencia del felino de manera alternada por un mes cada uno.

En la resolución se argumentó que los animales “son entidades objeto de protección jurídica, y no simples destinatarios de derechos patrimoniales absolutos; por ello no es permitido entender que el eje de la discusión sea cómo se ejerce el dominio sobre ellos, sino cómo o de qué forma se hace efectivo el deber de protección y de resguardo que pesa sobre sus tutores, en razón del bien animal y no del propio”.

También se fundamentó que “las pruebas aportadas en general dan cuenta de ese ambiente de tensión entre demandante y demandada, quienes, en el contexto de alguna relación pasada, se hicieron responsables del animal, de sus gastos de mantención, de salud, situación que se tensionó a propósito del término del vínculo, y que en la actualidad el felino se encuentra al cuidado de la demandada, a cuyo nombre fue inscrito en el registro correspondiente”.

Para rechazar el requerimiento, se tuvo en consideración que la discusión sobre la tenencia de la mascota se centró en el interés humano y no en la certeza de cuál es el mejor lugar para el gato o quién de las partes ejercerá mejor su cuidado, o con quién mantiene un vínculo más fuerte y sustentable.

“La presente controversia es un instrumento de enfrentamiento, más que de solución de un conflicto, que extrapolan a la mascota y de perjudicial interés para la seguridad de esta última”, se refuerza en la sentencia.

Por todo lo expuesto, la corte resolvió que la demandada quedara con la custodia de la mascota.

Una falla en un ducto de aguas servidas inundó nueve terrenos en Máfil, región de Los Ríos, y habría contaminado norias y pozos profundos. El hecho ocurrió en el sector Santa Laura, justo en el límite urbano, a un costado de la carretera T-34 que conecta dicha comuna con Valdivia.

Según los habitantes del lugar, el orificio en la tubería fue advertido por ellos cuando este aún era pequeño, por lo que informaron a la empresa Suralis para que resuelva el problema. Sin embargo, indican que los trabajadores de la sanitaria realizaron un hoyo con una máquina retroexcavadora, generando un colapso mayor del ducto.

Gladys Sobarzo, una de las habitantes del sector, expresó que “al final terminaron rompiendo más la tubería y, después de eso, ya se inundó y no se pudo controlar el agua, porque era mucha”.

Otra de las vecinas afectadas, María Angélica Coronado, considera que antes de usar la maquinaria pesada, la empresa debió cortar el flujo de aguas servidas para evitar la contaminación de los sitios.

“Al no saber hacer el trabajo, inundaron nueve terrenos, son nueve familias. Nueve pozos se contaminaron y esto era un río de agua con caca“, apuntó.

Víctor Silva, otro vecino del lugar, explicó que esta no es la primera falla; por lo tanto, cree que la empresa debería reemplazar toda la tubería para evitar nuevas filtraciones, aludiendo a que estaría saturada por el aumento de la población en el sector.

Vecinos acusan que pozos donde beben agua estarían contaminados

En tanto, la vecina Evelyn Saavedra mencionó que ella, su esposo y sus tres hijos están con problemas de salud hace varios días. Inicialmente pensaban que era un virus, pero ahora creen que, con la filtración del ducto con aguas servidas, el pozo donde obtienen agua para beber está contaminado.

“Mi familia ya lleva dos semanas con dolor de estómago. Se filtró (el agua servida) porque hay un canal que está al lado de nuestro pozo, así que se filtró“, afirmó.

El presidente del comité Santa Laura, Juan Carlos Muñoz, explicó que las familias que viven ahí no cuentan con agua potable ni alcantarillado, pese a que ambos ductos pasan a solo metros de sus casas. Por lo mismo, siempre han usado agua desde las napas subterráneas y ahora presumen que sus pozos quedaron contaminados.

“Hemos estado pidiendo hace muchos años que vean la solución de tratar de ponernos agua potable para que no pasen cosas como las de ahora. Pero como no lo hicieron, nosotros invertimos en pozos sobre dos millones de pesos, que hoy se perdieron”, lamentó, llamando a que “las autoridades se acerquen”.

Suralis compromete abastecimiento de agua a la espera de estudio en el sector

Ahora, desde Suralis, el subgerente del territorio sur de la empresa, Jorge Soto, explicó que la filtración ocurrió en una tubería que impulsa las aguas servidas hacia la planta de tratamientos.

Asegura que, mientras se realizaban las reparaciones en el ducto, tuvieron que usar 5 camiones limpiafosa para contener el líquido y evitar que siga escurriendo a los terrenos cercanos. Además, debido a la preocupación de los vecinos por la contaminación de sus pozos, confirmó el abastecimiento de agua con puntos de abastecimiento.

“Estamos entregando agua con reparto alternativo, con camiones y estanques en cada uno de los domicilios, que son alrededor de nueve. Esa condición de reparto la vamos a mantener mientras efectuemos un muestreo para descartar una afectación a las napas de los pozos de los particulares”, aseguró.

El representante de Suralis asegura que intentarán hacer el muestreo a más tardar el lunes por la mañana y estima que los resultados podrían tardar de 2 a 3 días.

Al ser consultado sobre las medidas que adoptarán en caso de que los resultados demuestren que hay una contaminación de las napas subterráneas, evitó hacer anuncios o comprometerse con alguna acción, porque como empresa consideran que los resultados de los análisis demostrarán lo contrario, es decir, creen que las aguas servidas no contaminaron los pozos o las napas subterráneas.

Un nuevo paso se concretó en la ofensiva judicial impulsada por Lotería y Polla Chilena contra las plataformas de apuestas online. Esto porque la Corte de Apelaciones de Santiago estableció un procedimiento permanente para bloquear sitios de apuestas y juegos de azar online que operen sin autorización, adoptando el mecanismo técnico propuesto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La resolución, dictada este viernes 7 de agosto, busca dar cumplimiento a una sentencia previa de la Corte Suprema que ordenó a distintas empresas proveedoras de internet impedir la transmisión y promoción de juegos de azar no autorizados.

En concreto, el tribunal determinó que el mecanismo idóneo para ejecutar el bloqueo será mediante DNS (Sistema de Nombres de Dominio), debido a que presenta una alta especificidad y un menor riesgo relativo de afectar sitios o servicios lícitos de terceros.

La decisión se basa en un informe elaborado por Subtel, que analizó distintas alternativas técnicas, entre ellas los bloqueos mediante DNS, SNI y DPI. La autoridad descartó estos dos últimos mecanismos por ser más intrusivos y presentar mayores riesgos para la privacidad, la protección de datos y la ciberseguridad.

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Por su parte, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, cuestionó, además, la actuación del Servicio de Impuestos Internos (SII) frente a las plataformas de apuestas online, apuntando a una falta de coherencia dentro del Estado respecto de estas empresas.

“La Corte, al disponer criterios en etapas de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de 2025, descansa sobre la ilegalidad absoluta de las casas de apuestas online, lo que revela la incomprensible decisión del SII de inventar un sistema de tributación para estas plataformas, que además deben registrar sus dominios web que la misma Corte ha ordenado bloquear por ilícitas. El Estado debe actuar integralmente y bajo un criterio común de no permitir actividades ilícitas; ese, paradójicamente, es un elemento básico para evitar daños a otros derechos o intereses públicos. La insistencia del SII pese a esto, además de ilícito, es incomprensible jurídicamente hablando”, sostuvo Cordero.

¿Cómo funcionará el bloqueo?

La Corte adoptó el modelo propuesto por Subtel, que contempla un procedimiento de cinco etapas.

Primero, la parte recurrente o el tercero coadyuvante deberá informar a la Superintendencia de Casinos de Juego los dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados que considere asociados a plataformas de apuestas online.

Luego, será la Superintendencia la encargada de validar que dichos dominios correspondan efectivamente a plataformas de apuestas o juegos de azar dentro del ámbito de sus atribuciones.

Una vez realizada esa validación, Subtel comunicará técnicamente a los proveedores de internet la nómina de dominios que deberán ser incorporados a sus mecanismos de bloqueo DNS.

Las empresas deberán ejecutar posteriormente el bloqueo dentro del plazo que determine la Subsecretaría e informar su implementación a la Corte de Apelaciones.

El procedimiento, además, tendrá un carácter permanente y actualizable, ya que podrá aplicarse sucesivamente a nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean identificados, verificados y validados por el organismo competente.

También se contempla la corrección de eventuales errores que puedan provocar la afectación de servicios lícitos.

Proveedores deberán acreditar los bloqueos

La resolución alcanza a Claro Chile, Entel, GTD Manquehue, Telefónica Chile, WOM y VTR, empresas que deberán acreditar ante la Corte la ejecución de los bloqueos que les sean comunicados.

La decisión se produce luego de que la Corte Suprema, en abril de este año, dejara sin efecto una resolución que había dado por cumplida la sentencia y ordenara reabrir su ejecución, precisamente para adoptar medidas destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo del fallo.

De esta manera, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció un mecanismo que permitirá incorporar nuevos dominios al bloqueo sin necesidad de iniciar nuevamente todo el procedimiento judicial, siempre que sean identificados y posteriormente validados por la Superintendencia de Casinos de Juego.

“Tengo malas noticias para usted. Desde hace aproximadamente unos meses tengo acceso a los dispositivos que utiliza para navegar por Internet. Durante ese tiempo, he estado rastreando toda su actividad en la web”.

Cientos de fiscales recibieron durante la medianoche del pasado miércoles 29 de julio un correo extorsivo en el que les solicitaban pagos en bitcoins por 750 dólares a cambio no liberar supuesta información privada de los persecutores.

Si bien se trataba de un correo genérico y enviado de forma masiva a los miembros del Ministerio Público, existen sospechas de que detrás de los mensajes podría existir una vulneración a los sistemas de la Asociación de Fiscales.

Según información recopilada por Bío Bío Investiga, el remitente de las extorsiones provenía de un mail oficial de la institución gremial. Es decir, u/fiscales.cl.

“Lo recibimos todos al parecer, fue hace como dos semanas. Yo lo reporté a mi jefatura y a la Asociación Nacional de Fiscales. No sé si se ha iniciado una investigación penal”, cuenta una persecutora asociada fuera de micrófono.

Bitcoins

“He descargado toda su información: datos, fotos e historial de navegación web en mis servidores. Tengo acceso a todos tus messenger, redes sociales, correos electrónicos, historiales de chat y listas de contactos”, les redactó el desconocido detrás de los e-mails.

El objetivo final del aparente hacker era solicitar dinero: 750 dólares en bitcoins. Quien no los transfería a la brevedad, sufriría, según sus palabras, el precio de la exposición pública.

“He conseguido grabar varios de sus sucios numeritos”, rezaba la comunicación.

Spam

La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público se fundó en marzo de 2007 y agrupa a los fiscales adjuntos chilenos. Cerca del 90% de los persecutores a nivel nacional está afiliado.

Desde la organización gremial cuentan que sólo se trató de un spam y que no hubo funcionarios que cayeran en las amenazas.

“No existen antecedentes que permitan sostener que las cuentas de correo electrónico de los fiscales hayan sido comprometidas ni que se haya producido una filtración de información institucional o personal”, aclaran.

Desde la Asociación de Fiscales respondieron que iniciaron las coordinaciones correspondientes para “revisar el origen del envío y adoptar las medidas que resulten necesarias, manteniendo contacto con los proveedores y servicios tecnológicos involucrados”.

Eso sí, no especificaron si es que denunciaron los hechos al Ministerio Público.

Suplantación

Desde la entidad gremial no aclararon si se trató de un hackeo u otra vulneración a sus sistemas de seguridad, considerando que los e-mails salieron de una cuenta vinculada a la institución (asociadosanf-bounces@fiscales.cl).

Según el arquitecto en ciberseguridad, docente de la Pontificia Universidad Católica y especialista en Hacking Ético, Diego Cáceres Solís, todo se trata de una suplantación.

La dirección utilizada corresponde, según el experto, a una casilla técnica asociada a sistemas de distribución masiva de correos. La terminación “bounces” se utiliza habitualmente para gestionar automáticamente aquellos mensajes que no logran llegar a sus destinatarios.

En ese contexto, una configuración de seguridad deficiente podría permitir que terceros exploten este tipo de infraestructura para enviar mensajes que aparenten provenir del dominio institucional, sin que necesariamente hayan sido enviados por el organismo o por el propietario legítimo de una cuenta.

Lea la declaración completa de la Asociación

En relación con los correos electrónicos de carácter extorsivo recibidos por algunos asociados durante las últimas horas, la Asociación Nacional de Fiscales informa lo siguiente:

Se trata de un mensaje que presenta las características propias de una campaña masiva de spam y extorsión electrónica, modalidad ampliamente conocida en el ámbito de la ciberseguridad y cuyo objetivo es generar alarma en los destinatarios para inducirlos a realizar determinadas acciones o pagos.

Hasta este momento, no existen antecedentes que permitan sostener que las cuentas de correo electrónico de los fiscales hayan sido comprometidas ni que se haya producido una filtración de información institucional o personal.

Desde que se tomó conocimiento de esta situación, la Asociación inició las coordinaciones correspondientes para revisar el origen del envío y adoptar las medidas que resulten necesarias, manteniendo contacto con los proveedores y servicios tecnológicos involucrados.

Asimismo, se reiteró a los asociados la importancia de no interactuar con este tipo de mensajes, no acceder a enlaces ni realizar pagos, siguiendo las recomendaciones habituales de seguridad informática.

La Asociación Nacional de Fiscales continuará monitoreando esta situación e informará oportunamente cualquier antecedente relevante que surja del análisis técnico que actualmente se encuentra en desarrollo.

Uno de los fenómenos que ha enfrentado el sistema de pensiones es la mayor población extranjera que ha ingresado al mercado laboral formal.

Hace más de una década este segmento ha sido dominado por la comunidad venezolana, superando a otras nacionalidades históricas, como por ejemplo, la peruana.

Sin embargo**, los últimos datos dan cuenta de un retroceso en la cantidad de cotizantes provenientes de Venezuela**.

Cifras publicadas recientemente por la Superintendencia de Pensiones dieron cuenta de que, a marzo de este año, se registraron 200.708 cotizantes de AFP venezolanos, registrando el menor número en seis años, cuando en el mismo mes de 2020 fueron 193.620 (ver gráfico). La cifra representó una caída de 10,5% respecto de marzo de 2025, cuando se alcanzó los 224.275 aportantes.

Sin embargo, la contracción respecto de septiembre del año pasado fue todavía más brusca, de 11,7%, ya que ese mes se registraron 227.466 cotizantes de esa nacionalidad.

Lo anterior, sin considerar los 107.318 aportantes de los que la Superintendencia no tiene información del país de origen, por lo que pueden ser chilenos o extranjeros.

Así, la cantidad de cotizantes foráneos llegó a los 579.286, lo que representó un 9,8% del total

Salida del país y menor empleo

Según el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, uno de los motivos del retroceso de cotizantes es la salida de trabajadores venezolanos del país.

“Las cifras procesadas de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al trimestre marzo-mayo 2026, muestran que la fuerza laboral venezolana en Chile registró una disminución anual de 8,5%, la mayor caída desde que existen registros, completando así siete meses consecutivos de caída interanual, situación que tampoco se había observado desde que existen registros”, señaló a DF.

“De igual manera, la población en edad de trabajar venezolana en Chile exhibe una disminución interanual durante siete meses consecutivos. Ello da cuenta que la caída de la fuerza laboral venezolana se asocia a una disminución de esa población en Chile”, agregó.

Bravo añadió que, si se observa el empleo asalariado formal en el sector privado, que considera las cotizaciones de AFP, hubo una reducción 43.717 puestos de trabajo ocupados por venezolanos.

“Así, prácticamente la totalidad de la disminución de ocupados venezolanos en el último año se explica por el empleo asalariado formal en el sector privado. La diferencia con otros grupos de la población es que, en este caso, la situación no solo obedece a la caída de la actividad económica sino también a que la comunidad venezolana ha iniciado un proceso gradual de emigración”, indicó el economista.

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, coincidió en que los menores cotizantes venezolanos concuerdan con los datos del INE. Sin embargo, apuntó que no se puede interpretar de forma automática que todas esas personas hayan abandonado el país.

“Una parte puede haber perdido su empleo formal, haber pasado a trabajos por cuenta propia o informales, o encontrarse temporalmente desempleada o inactiva. De hecho, para el conjunto de la población extranjera, el INE muestra un aumento de los ocupados informales, con la tasa de informalidad subiendo a 29,6%”, manifestó.

“Al mismo tiempo, las estimaciones del INE muestran seis meses consecutivos de disminución de su fuerza laboral, junto con una caída de la población venezolana en edad de trabajar. Por lo tanto, probablemente estamos observando una combinación de emigración y deterioro de su inserción laboral formal”, concluyó Cifuentes.

La visión de la comunidad

Consultada por el tema**, la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas**, detectó tres factores que explican una caída de la cantidad de cotizantes venezolanos.

Reconoció que dos elementos responden a la salida de trabajadores de esa nacionalidad del país, aunque en menor medida; y la tasa de desempleo también les ha afectado.

Como tercer elemento planteó que “en una intención de mejorar las oportunidades de que las revisiones de las solicitudes de visa fueran positivas, las personas venezolanas hacían sus cotizaciones de manera particular. Es decir, a pesar de no estar empleado, las personas iban y cotizaban en las AFP y en Fonasa para demostrar que no eran un cargo económico para el Estado de Chile”.

“Eso ha dejado de ocurrir, porque, desafortunadamente, no hemos tenido una ordenación migratoria que dé señales de que esto tenía un impacto positivo en la resolución de las solicitudes de residencia en el país”, acusó

escadores Industriales del Bío Bío presentaron dos querellas tras el robo y decomiso de 3,3 toneladas de jurel sustraídas desde una embarcación perteneciente a la pesquera Camanchaca en Coronel.

No se descarta que algunos de los formalizados por receptación en Lota, hayan participado del violento robo al pesquero de alta mar.

La decisión de presentar dos querellas responde a que ambos delitos se cometieron en comunas distintas, más allá de que algunos de los sospechosos participaran del robo y la receptación del jurel sustraído.

Así las cosas, Pescadores Industriales del Bío Bío presentaron la acción legal en contra de quienes resulten responsables del robo con intimidación, que afectó al pesquero de alta mar Pehuenco de la empresa Camanchaca.

Mientras la tripulación hacía su recalada en el puerto de Coronel, “cinco sujetos que se trasladaban en una lancha con motor”, se acercaron a la embarcación mayor “por uno de sus costados (…), portando en sus manos diversos elementos tales como cuchillos, chinguillos y elementos similares, con el propósito de intimidar a la tripulación y sustraer jurel”.

Dichos individuos, “una vez en la cubierta del barco, sustraen desde las bodegas la cantidad aproximada de 3.500 kg de Jurel, dándose a la fuga en la misma embarcación en la que habían llegado”.

Posteriormente, en Lota, se dio con la detención de tres personas, las que fueron formalizadas por receptación. Y de ahí la segunda querella por dicho delito en el tribunal de esa comuna.

Ambas acciones legales fueron declaradas admisibles y el abogado que representa al gremio, Francisco García, se refirió a la dinámica de lo sucedido en Coronel.

A su vez, relevó en la importancia de que las diligencias se extiendan a toda la cadena que permite la comisión de este delito. Esto, dado que el jurel termina siendo comercializado en ferias o caletas, ya sea dentro o fuera de la región del Bío Bío.

Desde el gremio sostienen que en la cuenca del carbón existe un “recrudecimiento” en el robo de jurel y el fenómeno de los ‘gatos’ -sujetos que roban pescados- que, en este caso, sin importar el sistema frontal existente en la zona, decidieron -de igual manera y pese a las condiciones climáticas- cometer el ilícito.

El deterioro del mercado laboral se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.

Esto, luego de que este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara que la tasa de desocupación se ubicó en 9,4% en el trimestre móvil abril-junio, un incremento de cinco décimas en relación a un año atrás.

En comparación con igual período del año pasado, el desempleo aumentó por cuarta medición consecutiva, mientras la creación de empleo siguió descansando exclusivamente en la ocupación informal y la ocupación formal completó otro trimestre de retroceso. Así, la tasa de desempleo se mantiene en sus niveles más altos en los últimos cinco años.

De acuerdo al INE, la fuerza de trabajo creció 1,5% en doce meses, por encima del aumento de los ocupados (0,9%). Como resultado, las personas desocupadas llegaron a 980.270, un incremento de 7,7% respecto de igual trimestre de 2025, equivalente a más de 70 mil personas adicionales buscando trabajo.

Un resultado que levanta preocupación entre los especialistas, principalmente por el débil registro de creación de trabajos formales.

En un informe enviado a clientes, el equipo de Bci Estudios advirtió que las cifras dan cuenta de que el mercado laboral mantiene señales "claras de debilidad estructural". Entre los argumentos, el banco apuntó a la calidad de la ocupación, ya que la tasa de informalidad alcanzó un 27%, aumentando un punto porcentual en el último año, reflejando una "marcada divergencia" en la composición del empleo: una expansión anual de 4,7% en los ocupados informales, frente a una contracción de 0,5% en el empleo formal para el mismo lapso.

**"**Aunque en 12 meses se registra una creación neta de 82 mil puestos de trabajo, la dinámica en el margen ratifica el sesgo a la baja: durante el mes se destruyeron 13 mil empleos, anotando su quinta caída mensual consecutiva y acumulando una pérdida cercana a los 100 mil puestos en lo que va del año", agregó el reporte, destacando que por categoría ocupacional, el crecimiento anual descansó íntegramente en los trabajadores por cuenta propia (158 mil año a año), compensando la destrucción de empleo asalariado privado (de 90 mil) y público (de 10 mil). 

La gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva, no duda en hablar de "emergencia laboral" para definir la situación que enfrenta el mercado del trabajo: "La ocupación que se genera proviene exclusivamente del trabajo informal, mientras el empleo formal y el asalariado continúan retrocediendo; la misma tendencia que observamos en el comercio, con seis períodos consecutivos de caída del empleo formal. Recuperar la inversión y generar condiciones para el crecimiento es el primer desafío; el segundo es lograr que ese crecimiento se traduzca efectivamente en más empleos formales".

En el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) concentran su análisis en que, por cuarto trimestre móvil consecutivo, la totalidad de la creación neta de empleo fue explicada por el crecimiento de la informalidad: mientras el empleo informal aumentó en 108 mil puestos, el empleo formal registró una destrucción de 35 mil empleos en doce meses.

Si bien junio suele registrar una caída estacional del empleo asalariado, la disminución de este año fue cerca del doble de la observada históricamente, expuso el área de estudios del banco Santander. Con ello, el empleo asalariado acumula una contracción de 1,4% anual, equivalente a cerca de 100 mil puestos menos. "En contraste, el empleo no asalariado aumentó en torno a 37 mil personas respecto al trimestre previo, por sobre los patrones estacionales habituales, compensando el retroceso trimestral asalariado", agregaron.

Los desalentados y las PYME

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Villena, apunta como otro factor de preocupación a la contracción del 4,3% en el segmento de los inactivos potencialmente activos. O sea, aquellas personas disponibles para trabajar pero que han cesado la búsqueda activa. “Si bien la caída de este grupo reduce la presión inmediata sobre las cifras formales de desempleo, también sugiere una menor expectativa o desánimo de retorno al mercado laboral”, expone.

El presidente de la Asociación de Factoring y Servicios Financieros (AFYS), Enrique Tenorio, apunta más bien a las dificultades que están teniendo las pequeñas empresas para sostener sus niveles de contratación, en medio de una situación financiera más estrecha: "Una empresa puede tener ventas y contratos, pero si debe esperar 30, 60 o más días para recibir el pago de sus facturas, puede enfrentar dificultades para pagar remuneraciones, cumplir con proveedores o asumir nuevos proyectos. El financiamiento no crea empleo por sí solo, pero su ausencia puede impedir que empresas viables mantengan sus operaciones y puestos de trabajo".

La directora ejecutiva de Lukkap Chile, Carla Fuenzalida, sostiene que el aumento de 114 mil puestos informales también es una "señal de alerta", ya que -dice- muchas personas están encontrando una fuente de ingresos, pero sin la estabilidad ni la protección asociadas a un empleo formal.

"Parte de esta realidad exige avanzar hacia una legislación laboral más moderna y flexible, que reconozca las distintas formas en que hoy las personas pueden aportar. Contar con más alternativas de contratación -por proyecto, a tiempo parcial, con jornadas adaptables o para funciones específicas- podría facilitar que actividades que actualmente se desarrollan de manera informal ingresen al empleo formal, manteniendo la protección y los derechos de los trabajadores", complementa.

Impacto provocó un nuevo robo con homicidio ocurrido en la región Metropolitana. La nueva víctima es un joven de 23 años, quien fue asesinado cuando él intentó defender a su familia en Huechuraba.

Todo ocurrió pasadas las 4:00 de la mañana en calle Chipana, donde al menos seis delincuentes armados llegaron a la casa de una familia de comerciantes para cometer un robo.

Al interior, intimidaron a una madre y sus dos hijos para exigir la entrega de dinero, momento en que uno de los jóvenes -de 23 años- intentó frustrar el ilícito con un bate de béisbol. Sin embargo, los ladrones le dispararon y murió en el mismo lugar de los hechos.

Los asaltantes se dieron a la fuga con cerca de $1 millón en efectivo, más joyas y el celular del joven asesinado.

“Vinieron a matar”

Vecinos de la familia conversaron con Radio Bío Bío para detallar las circunstancias de este caso, que afecta a una familia que importaba ropa desde China para venderla por redes sociales.

Una residente del sector comentó que “nosotros somos vecinos de toda la vida, gente tranquila**. El sector es muy tranquilo** y por eso también estamos un poco impactados por lo que pasa”.

La mujer contó que en enero pasado la familia sufrió otro delito, por lo que creen que se trata de un “dateo”. “En enero hubo un robo porque ellos son comerciantes y, bueno, ahora a esta altura vinieron no a robar, (vinieron) a matar… Vienen compradores a la casa, yo creo que eso ayudó a que supieran todo lo que ellos tienen… Uno abre el portón y está lleno de chaquetas caras”, detalló.

Por su parte, otro residente comentó que llamó a seguridad municipal cuando estaba ocurriendo el delito, pero que demoraron en llegar. “La municipalidad siempre, el plan cuadrante llega rápido, estamos como bien conectados. Y hoy día, no sé, algo pasó que se mueran un poquito más de lo normal”, dijo.

“Yo sentí el disparo. Cuando estaba llamando a la municipalidad, yo sentí el disparo. Incluso le dije a la niña, ‘en este momento sentí un disparo"”, agregó.

Junto con ello, detalló que los ladrones habrían celebrado antes de darse a la fuga. “Hicieron un acto como de triunfo, como que uno saltó y después el otro se fue a la otra puerta y subieron y se fueron… Un grito de triunfo, así como que uno, no sé cómo decirlo, pero así ‘ganamos’ una cosa así”, detalló.

Finalmente, respaldó la teoría de que todo fue un “dateo” y que el barrio es tranquilo.

La Ley N.º 20.898, conocida popularmente como la “Ley del Mono”, establece un procedimiento simplificado para regularizar las viviendas de autoconstrucción y también ampliaciones que fueron edificadas sin permiso municipal o que no cuentan con recepción definitiva.

Tiene por objetivo facilitar que los propietarios obtengan, en un solo trámite, tanto el permiso de edificación como la recepción definitiva, siempre que la construcción cumpla con los requisitos técnicos, de seguridad, habitabilidad, entre otros.

La regularización, además, puede facilitar la realización de eventuales compraventa a futuro; y en caso de que la vivienda haya sido ampliada, considerar esas dimensiones en el avalúo.

Ahora, en la Cámara Baja, los diputados de la Comisión de Vivienda se encuentran analizando algunas modificaciones a esta ley, con el fin de ampliar ciertos plazos, el avalúo fiscal y la superficie máxima de las propiedades que podrán regularizarse con esta ley.

Los cambios que podría tener la Ley del Mono

La Comisión de Vivienda avanza en el debate en particular de un proyecto para aplicar cambios en la Ley 20.898.

La iniciativa en trámite, que contó con indicaciones del Ejecutivo, pretende que “más personas puedan poner al día los papeles de sus viviendas”, señaló la Cámara Baja en un reporte de prensa. Para ello se amplía tanto el plazo para regularizar como el tipo de construcciones que pueden acogerse al beneficio.

En concreto, la comisión extendió hasta el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de obtener, en forma simultánea, el permiso de edificación y la recepción definitiva. La medida se dirige a propietarios de viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025, que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, y que se encuentren emplazadas en áreas urbanas o rurales.

Los cambios que se estudian para la Ley del Mono también elevan, de 1.000 a 2.000 UF, el avalúo fiscal máximo para acogerse al régimen de regularización. Para ello se requerirá de un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Asimismo, “se amplía de 90 a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas incluidas en este procedimiento de regularización”, precisó el reporte de prensa, que agregó que ambos límites no se aplicarán a las viviendas beneficiadas con subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados al mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.

Por último, en el caso de viviendas aisladas, pareadas o continuas, de hasta dos pisos y con una superficie igual o inferior a 120 m², “se exigirá contar con una resistencia al fuego mínima F15 en todos sus elementos y componentes soportantes, siempre que el muro de adosamiento o divisorio cumpla con las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

Un abogado ingresó más de 38.000 escritos judiciales entre el sábado y el lunes a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, colapsando el sistema y afectando a miles de causas en todo Chile.

Entre las víctimas de este episodio insólito estuvo el periodista especializado en tribunales, quien vio reabrir una causa de cobro que había cerrado hace cuatro años.

Con 28 años reportando tribunales, Mario Antonio Guzmán, relató cómo descubrió que era una de las personas afectadas por lo que los jueces civiles califican como un “abuso procesal” sin precedentes.

Un colapso con nombre y apellido

La mañana del lunes comenzó con una notificación inesperada: una resolución judicial sobre el desarchivo de una causa por una deuda que había sido saldada en 2021 y archivada en 2022.

Lo que parecía una molestia personal pronto reveló su verdadera dimensión cuando fuentes judiciales le confirmaron que un abogado había ingresado decenas de miles de escritos mediante lo que se presume fue un sistema automatizado o inteligencia artificial.

Guzmán explicó que el profesional involucrado, vinculado a oficinas que realizan cobranzas para el retail, habría intentado retirarse masivamente de causas antiguas.

“Yo creo que alguien le vendió una supuesta solución mágica que no existe“, afirmó. Los tribunales civiles, que normalmente reciben alrededor de 2.000 peticiones cada lunes, se encontraron con 5.000 o más documentos por resolver.

El sistema estuvo al borde del colapso total. “Me comentaban en la OJV que quizás si el tipo hubiese puesto dos mil escritos más, colapsa y se cae la OJV quizás por días”, advirtió.

Los jueces civiles rechazaron la mayoría de las peticiones y enviaron una carta a la presidenta de la Corte Suprema solicitando acciones contra el abogado, incluyendo una posible denuncia penal por mal uso de sistemas informáticos.

El profesional se arriesga a suspensión administrativa como abogado y eventuales responsabilidades penales.

Para el periodista afectado, el caso sirve de alarma. “Pueden haber muchas buenas intenciones con la inteligencia artificial, pero también el camino al infierno está plagado de buenas intenciones“, expresó.

La advertencia queda clara: la tecnología requiere regulación y sentido común cuando el Estado no tiene la capacidad de recepción que prometen las soluciones automáticas.

Una compleja emergencia afectó la tarde de este lunes a la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que un tren se incendiara -por motivos que son materia de investigación- mientras permanecía detenido en la estación Santa Isabel, situación que obligó a evacuar a los pasajeros y provocó la suspensión parcial del servicio en seis estaciones de la red.

El incidente fue informado por Metro alrededor de las 17.12 horas, cuando se detectó la presencia de fuego bajo el bastidor de un tren modelo NS-74 en la estación Santa Isabel. Minutos después se activaron los protocolos de emergencia, mientras personal de Bomberos, Carabineros, SAMU y equipos de la empresa concurrieron al lugar.

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, explicó que, conforme a los procedimientos establecidos, se ordenó la evacuación inmediata tanto del tren como de la estación.

“Frente a esto, se activaron todos los protocolos de evacuación de la estación y del tren, de acuerdo a lo establecido. Eso implica la evacuación de todos los pasajeros por el túnel hasta la estación siguiente, que en este caso fue Irarrázaval”, señaló.

Producto del incendio, Metro implementó un servicio parcial en la Línea 5, dejando fuera de operación el tramo de seis estaciones, comprendido entre Plaza de Armas e Irarrázaval, mientras el resto de la red continuó funcionando con normalidad.

“Las personas que utilizan la Línea 5 en la hora punta para retornar a sus lugares pueden utilizar opciones alternativas, porque todo el resto de la red continúa operando en forma normal”, indicó Melo, agregando que la empresa evaluaría durante la jornada si era posible restablecer el servicio o si la reapertura quedaría para este lunes.

Bomberos combate incendio que consumió un vagón

Hasta la estación Santa Isabel llegaron cerca de 21 carros y voluntarios de diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que prestaron apoyo en las labores de control del siniestro.

En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, confirmó que el siniestro fue controlado, aunque explicó que las labores más complejas estuvieron relacionadas con la evacuación y la alta concentración de humo tóxico al interior de los túneles.

“Bomberos trabaja en la evacuación, asegurar la escena y trabajar con seguridad. Se ha trabajado y se ha canalizado toda esta solución de esta emergencia con personal del Metro (...) Lo más complicado fue lo primero que es la evacuación. Ya teniendo evacuada a la gente, nos preocupamos de la extinción y en ese sentido ya la situación se encuentra controlada”, afirmó.

El oficial precisó que las labores posteriores se concentraron en ventilar la red subterránea, y explicó que la combustión involucró principalmente materiales sintéticos presentes en el tren.

“Tenemos diferentes tipos de materiales, sintéticos principalmente, también tenemos neumáticos, tenemos goma, muy tóxico para la respiración, por eso que era tan complicado en este caso para evacuar a la gente”, sostuvo.

Añadió que el incendio afectó principalmente “todo el plástico que tienen los asientos y también los neumáticos, que son gran parte de la combustión que se generó”, señalando que incluso se produjeron estallidos cuando estos reventaban debido a las altas temperaturas.

Respecto de las personas afectadas, informó que el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atendió a cinco civiles por inhalación de humo, además de dos voluntarios de Bomberos que también debieron recibir asistencia tras presentar problemas respiratorios durante el combate del incendio.

“Vamos a tener mayor información cuando tengamos claro el origen y también si el humo afectó las dependencias del Metro o si existen daños por agua o por el tránsito de Bomberos”, agregó.

Metro reporta tres trabajadores afectados

Por su parte, la gerenta de Operaciones de Metro, Pamela Barros, confirmó que la evacuación permitió evitar lesiones entre los usuarios del servicio.

“Nosotros activamos todos nuestros protocolos de seguridad evacuando las estaciones, por lo cual no tenemos lesionados en cuanto a clientes”, afirmó.

No obstante, detalló que tres funcionarios de Metro sí resultaron afectados mientras ejecutaban el procedimiento de evacuación.

“Tuvimos afectación a tres personas de nuestros equipos que son los que activaron el protocolo de evacuación de la estación, pero que se encuentran en buenas condiciones, fueron atendidas por personal paramédico y no fue necesario derivarlos a un centro asistencial”, explicó.

Barros añadió que la emergencia estuvo circunscrita únicamente a la estación Santa Isabel.

“No hemos tenido afectación en ninguna otra estación. Este fue un problema puntual de esta estación en el andén producto del fuego que se presentó en este tren por causas a determinar, ya sea por un evento en la vía o propio del tren”, señaló.

Refuerzan buses Red y llaman a evitar el humo

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que la prioridad fue evacuar a los pasajeros y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Debido a la interrupción del servicio, el Ministerio de Transportes dispuso un refuerzo de la flota de buses Red para absorber la demanda de pasajeros que debieron abandonar las estaciones.

Detalló además que se incrementaron las frecuencias de los recorridos 210, 210B, 210E y 213 para facilitar los desplazamientos en el sector afectado.

Asimismo, formuló un llamado a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y a mantenerse alejados de las emanaciones de humo.

“A todas luces estamos hablando de humo tóxico y lo que habría que hacer es tratar de alejarse de las emanaciones para evitar algún tipo de intoxicación por vía aérea”, advirtió.

Respecto al origen del siniestro, la autoridad indicó que los antecedentes preliminares apuntan a una falla bajo el tren y que, hasta ahora, no existirían indicios de participación de terceros.

“Solamente puedo indicar que el incendio comenzó debajo del vagón y no estarían involucradas terceras personas, pero esto es parte de la investigación que se tiene que desarrollar”, señaló.

Cabe señalar que esta emergencia ocurre pocas horas después de otra contingencia registrada durante la mañana de este domingo en la Línea 1, donde una interrupción parcial obligó a operar únicamente entre San Pablo y Tobalaba, y entre Escuela Militar y Los Dominicos, generando retrasos y mayores tiempos de espera para miles de usuarios.

Una reunión de directorio en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Esa es la petición que está realizando para esta semana un grupo de alcaldes de oposición, encabezados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca). En sus cabezas solo resuena abordar el quiebre que tiene divididos a los jefes comunales de oficialismo y oposición, en el marco de la discusión de la megarreforma que plantea la exención de contribuciones a los adultos mayores.

La permanencia de los alcaldes progresistas en la AChM está “en reflexión”, según han dicho los jefes comunales que han cuestionado el liderazgo del líder de la asociación, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, por una serie de hechos que comenzaron hace semanas cuando arrancó la discusión en el Congreso Nacional.

Cabe recordar que la misma agrupación ya se había tensionado por otras discusiones, como la pausa a los SLEP propuesta por el gobierno. Y aunque esos episodios fueron superados, la realidad es que hoy están más distanciados que nunca.

En lo concreto, el punto de división ha sido el mecanismo de Hacienda para compensar los US$ 70 millones que dejarán de recibir las comunas por la exención, y también una reformulación del Fondo Común Municipal (FCM), que es una glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables.

El punto de quiebre es que los alcaldes progresistas critican que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, haya propuesto en la indicación que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados que será la Tesorería General de la República la que compensará el 100% del impacto. Por un lado acusan que se rompió un acuerdo de los alcaldes –lo que es desmentido por la derecha– y consideran “injusto” que la compensación sea vía impuestos generales. Algo que en la práctica, alegan, implica que vecinos de comunas más pobres terminarán financiando con sus impuestos a las comunas más ricas.

El encuentro en Coquimbo

A inicios de junio, en la Región de Coquimbo, se realizó el “Encuentro Nacional de Alcaldes” en que Alessandri se congregó con sus pares. Fue ahí cuando todos los alcaldes se unieron en torno a un mismo objetivo: exigirle al gobierno una compensación del 100% de lo que los municipios dejarán de recibir por la exención de las contribuciones de adultos mayores.

En esa oportunidad los alcaldes estaban en armonía, e incluso Vodanovic alababa a Alessandri y posaba con él en fotos de unidad. “El liderazgo de Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, se ha enfocado hoy en representar ese sentir del municipalismo y ha logrado conducirlo de muy buena forma”, decía Vodanovic. Pero luego, el jueves, habló de “traición” de los alcaldes.

Sin embargo, las interpretaciones son distintas entre los ediles de uno y otro sector político. Por un lado, el texto al que los 345 jefes comunales suscribieron en Coquimbo habla de que “los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios”.

Los alcaldes progresistas alegan que se habría roto ese acuerdo luego de que el directorio de la AChM, mediante una votación en su grupo de WhatsApp, acordara por 7 votos contra 6 plegarse a la compensación del gobierno. "No sabemos si tiene sentido ser parte de una institución que no es capaz de defender los intereses mínimos del municipalismo", dijo Vodanovic en la oportunidad.

Esta versión es desmentida por los alcaldes de derecha, por varios puntos. Por un lado, el acuerdo decía textualmente que “proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal”, pero no se hacía ninguna referencia a un cambio en el mecanismo de distribución de los recursos. El acuerdo, además, proponía una compensación a los municipios, sin ser muy detallista en la focalización que piden los progresistas para la exención de contribuciones, en que los adultos mayores de ingresos altos no sean eximidos de pagar el impuesto territorial.

Los alcaldes de derecha también desestiman que sus pares critiquen que fue una votación “informal” por WhatsApp, en circunstancias que de los 13 integrantes del directorio hay 7 que son de derecha (Zapallar, Isla de Maipo, Papudo, Las Condes, Santiago, Colina y Concepción) y solo 6 que son de izquierda (Quinta Normal, Valdivia, Lo Prado, San Ramón, La Pintana y San Joaquín), por lo que en cualquier votación, aunque fuera presencial, saldrían derrotados.

El tercer punto que genera molestia en los alcaldes oficialistas es la interpretación de los datos que han hecho sus pares de oposición, quienes han dicho que la compensación implicará que las comunas con más recursos recibirán más dinero. A modo de ejemplo, Las Condes será compensada con los $13 mil millones anuales que perderán, mientras que a comunas más vulnerables, como Quinta Normal, se le compensará con solo $59 millones. Sin embargo, los jefes comunales oficialistas retrucan que no es cierto que se les dé más dinero, sino que simplemente se les dará la misma cantidad de plata que dejarán de percibir ante la exención de las contribuciones.

Los ediles de derecha acusan que sus pares se han enfrascado en una discusión valórica e ideológica.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dice a La Tercera que “a mí me parece que los alcaldes no están diciendo la verdad. Lo que se conversó en Coquimbo era cómo las municipalidades íbamos a luchar para que todos los municipios se quedaran con los mismos ingresos que tenían, y no se tocó ningún municipio que se viera afectado por la megarreforma. Y esto hoy día es una realidad. El gobierno propuso la forma de compensación y lamentablemente hay un grupo de alcaldes de izquierda que está tratando de tergiversar esa versión”.

Además, los alcaldes oficialistas señalan que la amenaza de sus pares de salirse de la AChM es un “voladero de luces” por varios motivos. Por un lado, podría ser calificado como “poco democrático”, dado que Alessandri le ganó a la izquierda en las urnas. Además, algunos alcaldes simplemente no podrían salirse de la AChM ni aunque quisieran, porque dicha decisión debe someterse a la votación de los concejos municipales, donde algunos alcaldes no tienen mayoría. Además, no tendría sentido –reconocen desde la oposición– entregar completamente la asociación a la derecha.

En medio de ese tira y afloja el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio una señal política el jueves cuando convocó a alcaldes del oficialismo en su comuna y emitieron una declaración pública respaldando a La Moneda.

Con todo, será el 4 de agosto cuando la discusión continúe en el Senado y ahí el escenario alternativo es completamente catastrófico: si se cae la norma, los municipios quedarán desfinanciados.

Al quiebre entre alcaldes de derecha e izquierda se le suma otra arista: en el oficialismo también tienen su propio ruido interno, pues algunos ediles de derecha de comunas más vulnerables también son partidarios de la focalización. Entre ellos, por ejemplo, se menciona a Agustín Iglesias, de Independencia. De hecho, llamó la atención que no suscribiera a una carta firmada por más de 50 alcaldes de derecha apoyando la propuesta del gobierno.

Una ampliación de querella, presentada en el Juzgado de Garantía de Castro, acusa que la denominada comunidad Cahuala, ubicada en la región de Los Lagos y en otras ciudades del país, habría operado durante décadas como una presunta secta para captar a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y sexual en Chiloé.

La acción fue interpuesta por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes solicitan ampliar la investigación iniciada en 2019 para incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito, apuntando como imputados a Enrique Urrutia Aburto y María Alejandra Pinto Martínez.

De acuerdo al documento, al que accedió Bío Bío, María Jesús y Alfredo eran una joven pareja cuando, en una crisis en su relación, además de profesional, dieron con un psicólogo que los contactaría más tarde con “El Líder”, Enrique Urrutia.

Sería él quien continuó con su proceso terapéutico y con ello vino la invitación a ser parte de la Comunidad Cahuala, estando en ese estado de vulnerabilidad, según consta en la querella.

Durante 15 años, vivieron en distintas sedes de este cerrado círculo de personas, entre La Mesilla, en Vallenar, pasando por Santiago y hasta asentarse en Chiloé, trabajando activamente en la estructura económica que sustenta a la comunidad, tales como un colegio (Colegio Cahuala de Castro), sociedades agrícolas, una empresa consultora (Cahuala Consultores), un centro terapéutico, entre otros negocios; actividades y servicios que desarrollan los propios miembros. Todo eso, acusan, sin recibir una remuneración efectiva.

A partir de ese momento, afirman haber sido sometidos a un proceso de aislamiento de sus familias, manipulación psicológica y control absoluto sobre distintos aspectos de sus vidas, como el lugar donde vivían, el trabajo que desempeñaban y sus relaciones personales.

La querella contiene el testimonio de María Jesús Carrascosa, quien acusa haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Enrique Urrutia durante años. Según el relato, el líder de la comunidad ejercía un control total sobre la vida afectiva y sexual de sus integrantes, aprovechándose de la dependencia psicológica que, a juicio de la querellante, había construido sobre ella.

Los denunciantes aseguran que abandonaron la comunidad en 2015 para radicarse en España y que hasta la actualidad enfrentan secuelas psicológicas derivadas de su permanencia en Cahuala, además de haber perdido años de desarrollo profesional y patrimonio.

En la ampliación de querella, la defensa de las presuntas víctimas sostiene que estos antecedentes configuran los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, además de asociación para cometer ese ilícito, por lo que solicita al Ministerio Público ampliar la investigación, formalizar a los imputados y decretar diversas diligencias investigativas.

Presunta secta en Los Lagos

Trata de personas para explotación laboral, abusos sexuales y hasta la muerte de menores de edad en extrañas circunstancias es lo que se está investigando al interior de la comunidad Cahuala en Chiloé. Así lo detalló Ignacio Zúñiga, quien representa a los querellantes, en conversación con Radio Bío Bío.

“Esto no es de ahora, sino que hay antecedentes vinculados a la muerte de menores de edad al interior de los terrenos de la comunidad, en circunstancias extrañas. Antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa que dan cuenta del entierro de un menor en un cementerio clandestino, pero principalmente lo que dice relación con nuestra querella y nuestros representados, apunta a la existencia de conductas constitutivas de trata de personas, abusos reiterados para la explotación laboral mezclados con conductas que podrían ser eventualmente constitutivas de delitos sexuales”, dijo.

La comunidad Cahuala tendría una influencia clara en el que denominan El Líder. Este, según el relato de las víctimas en esta causa, sometería al resto de los miembros bajo su control, aislándolos del que llama “el mundo exterior”, anulando “progresivamente nuestro sentido común, criterio, objetividad y personalidad, alejándonos cada vez más de la realidad”, según consta en la querella.

Agregan que la “comunidad” era una estructura jerárquica con tres ejes principales: el poder, el dinero y el sexo, todos controlados a voluntad por el líder espiritual.

“Hay una estructura jerárquica piramidal, con un líder espiritual omnipotente y todopoderoso que, en el fondo, definía todos los aspectos de las vidas de las personas que formaban parte, desde la sexualidad hasta la relación con los propios familiares, las parejas, las relaciones sexuales, la reproducción, el trabajo. Por lo tanto, dentro de ese contexto, es el ABC de lo que es una secta”, acusó el abogado querellante.

La formalización de cargos al líder Enrique Urrutia y su pareja María Alejandra Pinto estaba considerada para este jueves, pero no pudo realizarse. Esto, pues la defensa de los imputados apeló a que había vicios en la notificación, por lo que se estableció como nueva fecha el 2 de septiembre próximo.

Ante el peligro de fuga, se requirió seguimiento de los movimientos migratorios, y la posibilidad de decretar lo que se denomina Alerta Blue, que permite una comunicación directa entre la Fiscalía y Extranjería, si los imputados intentan salir del país.

A diferencia de todas las carreras profesionales, Derecho tiene una particularidad que la hace única: los títulos no los entrega la universidad respectiva, sino que la Corte Suprema.

Esa excepción, vinculada al rol público que históricamente ejercen los abogados en la sociedad, ha generado una serie de conflictos debido a las exigencias que pide el Código Orgánico de Tribunales para jurar como abogado ante el pleno del máximo tribunal.

La pugna, específicamente, se ha centrado en el número 4 del artículo 523. Dicho precepto habla de los “antecedentes de buena conducta” y establece que “la Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante”.

Los problemas asociados a dicha norma se han ventilado, al menos nueve veces, ante el Tribunal Constitucional (TC) a través de recursos de inaplicabilidad. Los reclamos apuntan a que la norma es vaga, ambigua y abre la puerta a discriminaciones arbitrarias y desproporcionales.

Por ejemplo, en noviembre de 2025 una recién egresada de Derecho, cuando quiso jurar ante el pleno de la Suprema, se llevó una sorpresa. El máximo tribunal rechazó su solicitud ya que la postulante registraba en su extracto de filiación y antecedentes una anotación prontuarial, relativa a una causa de 2013, en que fue condenada como autora del delito tenencia ilegal de bomba o artefacto incendiario.

Pese a que la egresada había solicitado eliminar su anotación prontuarial, lo que fue aceptado por el Registro Civil, el pleno estimó que esa anotación impedía considerar que la egresada de Derecho cumplía con el requisito de buena conducta.

La afectada buscó modificar la decisión del pleno, pero no tuvo éxito. Por eso recurrió de inaplicabilidad y el TC, tal como lo hizo ocho veces antes, le dio la razón.

A juicio del TC, en el caso concreto, se generaba una discriminación arbitraria. “La indeterminación de la norma permite discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de derechos fundamentales. Ello, porque se distingue entre quienes tienen ‘antecedentes de buena conducta’ y quienes no, sin que existan criterios objetivos y razonables para realizar tan distinción, quedando tal determinación al criterio valorativo imperante al momento de aplicar el precepto legal”, se lee en la sentencia que acogió dicho recurso y que tuvo el voto en contra del ministro Héctor Mery.

Otro ejemplo se remonta a julio de 2024. Esa vez fue un egresado de Derecho quien recurrió por lo mismo. En su caso la Suprema no lo dejó jurar como abogado debido a que en 2007 fue condenado como autor del delito de ejercicio ilegal de la profesión y de presentación de testigo falso en juicio civil. Sin embargo, a la fecha de solicitar juramento ante el máximo tribunal, dicho antecedente ya había sido eliminado, pero aún así la Suprema estimó que no tenía buena conducta.

Esa vez el TC también acogió el recurso. “La aplicación del precepto cuestionado significa haber calificado de ‘inapto éticamente’ a un ciudadano, y es este juicio de valor el que restringe desproporcionadamente diversos derechos fundamentales del requirente. En otras palabras, es un juicio de valor sin duda negativo desde el punto de vista de cómo se presenta −una persona ante una comunidad y que le impide el ejercicio de una profesión respecto al cual es posible arribar sin baremos fijados desde la− norma de rango legal cuestionada", se lee en la sentencia que nuevamente tuvo el voto en contra del ministro Mery y esta vez además sumó como disidente al ministro Mario Gómez.

La decisión del pleno del TC

Situaciones como esas dos, se repiten siete veces. En todos los casos el razonamiento del TC es parecido y de hecho los considerandos de las sentencias suelen ser los mismos.

Eso llevó a que el pleno del TC, de oficio, activara la facultad que permite a la magistratura constitucional -con un quórum de 4/5, es decir, ocho ministros- resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable.

En otras palabras, se trata de la opción de expulsar del ordenamiento jurídico una norma legal que, previamente, ha sido declarada inaplicable. Es decir, justo el caso en cuestión respecto de la exigencia de buena conducta para acceder al título de abogado ante la Corte Suprema.

En la resolución del pleno del 20 de julio se consignan los nueve fallos previos en que ya han visto esta pugna. Por eso el pleno consigna que “en las sentencias señaladas se ha estimado que la aplicación concreta de la norma transcrita genera resultados contrarios a la Constitución por cuanto su indeterminación permite discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de derechos fundamentales e incorpora condiciones para el ejercicio de la profesión de abogado que no están establecidas en la ley”.

El TC ya ofició a la Presidencia, al Senado y la Cámara para que emitan sus respectivos informes. Con esa información en mano, sumado a los aportes que puedan hacer otras organizaciones, el pleno someterá al escrutinio el futuro de está polémica norma.

El debate será complejo ya que llega en un momento delicado. Luego del caso que destapó Luis Hermosilla se ha abierto una amplia conversación respecto de qué mejoras se le pueden incorporar al sistema para controlar de mejor manera la buena conducta y la ética de los abogados.