Un deterioro sostenido de los principales indicadores financieros de Codelco entre 2022 y 2025 -pese a que el precio promedio del cobre fue aproximadamente 30% superior al del período anterior- es la principal conclusión de un reporte de flujos de caja elaborado por la corporación del cobre, encargado por el nuevo directorio que encabeza Bernardo Fontaine. 

Si bien el informe abarca los últimos ocho años, hace un zoom a los últimos cuatro ejercicios, el período donde Máximo Pacheco presidió el directorio, mientras que como máximo ejecutivo estuvo un año André Sougarret y el restante lapso Rubén Alvarado.

En documento resalta que entre 2022 al 2025, la estatal efectuó aportes al Estado por US$ 7.039 millones al tiempo que se endeudó en una cifra mayor, en US$ 8.734 millones. O, como dice un director de Codelco, “lo que entrega la empresa al Fisco se está financiando con deuda”.

El documento muestra que en los años 2022 a 2025 la minera estatal contrajo pasivos por US$ 8.958 millones, mientras que las utilidades acumuladas en los últimos cuatro años apenas llegaron a US$ 626 millones (se excluye el aporte de Novandino Litio), registrándose, además, un ejercicio con pérdidas, como lo fue el año 2023, cuando el saldo en rojo fue de US$ 375 millones. En otros términos, Codelco se endeudó en el equivalente a catorce veces las ganancias obtenidas en el período.

La brecha entre endeudamiento y resultados se aprecia también en el acumulado: la deuda bruta cerró 2025 en US$ 26.328 millones, un alza de 50% respecto de los US$ 17.594 millones de 2021, con un incremento promedio anual de US$ 2.800 millones. 

“Los resultados de la corporación y el alto nivel de endeudamiento hacen necesario repensar la estrategia y efectuar cambios para revertir estos resultados, incluyendo una revisión detallada de la cartera de negocios de la compañia y sus potencialidades, de los gastos y las inversiones”, enfatiza el informe. El reporte indica que la deuda fue a pagar inversiones, gastos e interes y no se tradujo en más producción o rentabilidad.

Bajo retorno de las inversiones

El documento constata que la producción promedio anual de 2022-2025 fue 16% inferior a la de los cuatro años anteriores -de 1.618 mil toneladas de cobre fino a 1.351 mil-, a pesar de que entre 2018 y 2025 se invirtieron casi US$ 32.000 millones. 

Parte de ese monto podría rendir frutos a futuro, admite el documento, así como las inversiones anteriores, estas “debieron generar beneficios en los últimos años”.

El texto plantea que era esperable que el alza de 30% del precio promedio del cobre en 2022-2025 -desde US$ 3,18 a US$ 4,13 la libra- impulsara el flujo de caja operacional, pero ocurrió lo contrario: este se redujo en más de US$ 4.000 millones respecto del período anterior, desde US$ 24.685 millones a US$ 20.375 millones. Esto se explica porque bajó la producción, las inversiones no compensaron ese efecto y los gastos subieron 42%.

La pérdida de eficiencia, concluye el informe, queda reflejada en la estructura de ingresos de Codelco. Los gastos y costos pagados representaban en promedio un 60% de los ingresos de caja entre 2018 y 2021 y escalaron a 73% en 2025, con lo cual el flujo operacional cayó de 40% a 27% de los ingresos.

El análisis por tonelada refuerza el diagnóstico: en 2025 cada tonelada de cobre generó un ingreso a caja de US$ 14.400, muy por sobre los US$ 9.600 promedio de 2018-2021, gracias al mayor precio. Sin embargo, por cada tonelada Codelco gastó US$ 10.500, un 81% más que en el cuatrienio anterior. 

El documento reafirma que “el principal desafío de Codelco es recuperar una generación de caja capaz de financiar sosteniblemente su operación y sus inversiones”. 

Y concluye que “el deterioro en los flujos de caja responde principalmente a una combinación de menor producción, mayores costos, más pagos de interés, mayores inversiones y una captura de valor inferior a la esperada en las inversiones realizadas”.

Revisión total

En informe hace ver que las inversiones en proyectos y desarrollos aumentaron 35% en 2022-2025, generando flujos negativos después de inversiones incluso sin considerar los aportes al Estado.

El gasto de capital pasó de US$ 3.400 millones promedio anual en 2018-2021 a casi US$4.600 millones anuales. 

El informe es crítico respecto del retorno de esos desembolsos: las inversiones, proyectos estructurales incluidos, “no han cumplido con lo proyectado en cuanto a tiempo y desempeño”, y la presión financiera sobre la compañía no provino solamente del volumen invertido, sino de la brecha entre los recursos comprometidos y los resultados efectivamente obtenidos. 

“El principal desafío ya no es ejecutar más y más inversión, sino capturar el valor esperado de las inversiones realizadas”, sostiene.

A ello se suma el costo del endeudamiento: en 2025 la corporación pagó US$ 1.127 millones en intereses, casi el doble que en 2018 y una cifra que por sí sola supera con creces la utilidad de ese ejercicio, de US$ 416 millones -monto que no incluye la utilidad contable asociada a Novandino Litio por US$ 2.006 millones. 

Codelco “es una empresa sólida”

Con todo, el documento cierra en tono constructivo: Codelco “es una empresa sólida”, cuyos recursos humanos, activos minerales e infraestructura productiva constituyen “una base robusta para recuperar la senda de la eficiencia y la generación de valor”. Diseñar un nuevo plan e implementarlo es imperativo, remarca, “porque estamos a tiempo, podemos y debemos hacerlo”.

Hubo dos hechos que despertaron la atención de quienes investigan delitos en la Región de La Araucanía, específicamente en el hermético sector de Temucuicui.

Era 2023 cuando un dispositivo de salud llegó a prestar atención ante el llamado de comuneros en lo que suponían visitas rutinarias. Pero la asistencia terminó de la peor forma. Un grupo de jóvenes comuneros asaltó a los funcionarios quitándoles sus pertenencias, en lo que fue, dicen quienes conocieron del hecho, un episodio inédito. Y no quedó ahí.

En 2025, ante otro llamado, la historia se repitió con el mismo asalto y la misma banda. “Eso antes no pasaba”, comentan fuentes de la zona, quienes afirman que si bien es un perímetro conflictivo, sus habitantes manejaban ciertos códigos de lealtad.

Se trata de una nueva camada de jóvenes delincuentes que está impulsando un cambio cultural al interior de esta zona ubicada en la comuna de Ercilla. La reivindicación territorial y la defensa de los símbolos mapuches, dicen quienes siguen de cerca lo que ahí ocurre, han ido quedando de lado para dar espacio a nuevas modas delictuales.

Los asaltos al personal de salud, dicen las mismas fuentes, generó malestar entre los comuneros mapuches más antiguos, porque terminaba afectando a los más viejos de la comunidad. Pero esta nueva generación no atendió los reclamos.

Se trata de un inédito cambio cultural que han detectado los investigadores de esa zona. “Hay una camada nueva de habitantes de la comunidad, son jóvenes que tienen entre 18 y 22 años, y están contaminados con la narcocultura y los cantantes urbanos. Perdieron su identidad cultural, y la delincuencia que están ejerciendo es prácticamente la misma que en Santiago”, dice una fuente que está al tanto de la zona.

Esto ha generado diferencias al interior de la comunidad, comentan quienes conocen de este cambio cultural. De hecho, estos jóvenes ya no acatan las órdenes de las autoridades mapuches, los lonkos, como lo hacían sus ancestros.

Son jóvenes que no trabajan ni estudian y que están dedicando su vida a delitos como la venta de marihuana, portonazos y encerronas en las zonas urbanas de comunas como Victoria, Ercilla y Collipulli. Siempre con armas y grabándose con celulares para compartirlos entre ellos.

Se visten con ropa ancha, gorros, joyas y se graban manejando autos caros robados a la usanza de las jóvenes bandas de delincuentes que operan en la Región Metropolitana. Como si siguieran una suerte de manual, en esas andanzas también participan sus jóvenes parejas, quienes colaboran en el ocultamiento de los delitos.

Si bien el 12 de octubre de 2025 hubo un intento de quema de un camión que habría sido realizado por esta misma banda, este no se concretó. Lo que sí hicieron fue incendiar un auto robado. Pero según los investigadores no fue un hecho que representara una reivindicación con fines políticos, como solía ser en el pasado.

El quiebre al interior de la comunidad ha quedado reflejado en que, por ejemplo, cuando ha habido detenciones y audiencias de formalización, ya no aparecen acompañantes mapuches en tribunales exigiendo su liberación.

La nueva camada está operando por su cuenta. “Los adultos ya no tienen control”, dicen las mismas fuentes, quienes comentan que ni el werkén Jorge Huenchullan -detenido en mayo- podía ejercer autoridad en esta nueva generación. “No hay nada de su pertenencia cultural en su actuar”, afirman.

Una zona compleja

Son aproximadamente siete kilómetros de camino de tierra los que separan a Temucuicui de la Ruta 5 Sur. Justamente eso hace que su ingreso no sea fácil, debido a que el camino es malo para el paso de los vehículos y termina por alertar cualquier operativo sorpresa de las policías.

Al interior de lugar, protegido por la Ley Indígena, hay seis lof que agrupan a distintas familias. Es en uno de esos lof donde vive Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca.

Esas dificultades de ingreso han sido las que han dado al lugar una fama de infranqueable. El hecho más grave se produjo el 7 de enero de 2021, cuando el detective Luis Alberto Morales Balcázar murió baleado en un masivo operativo de la PDI.

No solo los policías han sido víctimas de ataques. El 15 de marzo de 2022, un grupo de desconocidos atacó con disparos la comitiva de la exministra de Interior Izkia Siches.

Desde el Ejecutivo destacan que hoy la situación está más controlada y que se han realizado operativos, lo que antes no ocurría. En lo que va del año se han producido tres operativos, dos por investigaciones relacionadas a robos de vehículos y atentados incendiarios, y uno por la detención de Huenchullan.

Sin embargo, quienes participan de estos procedimientos dicen que los operativos de mayo fueron programados en agosto de 2025 y, hasta ahora, son cifras similares a las ocurridas en 2023 y 2024. La diferencia no responde a un cambio de mano en el Ejecutivo, afirman. Solo en 2025 se efectuó uno producto de que no había diligencias pendientes.

Pero desde el Ejecutivo defienden que hoy está más tranquilo por la nueva gestión. “Como gobierno hemos destacado y felicitado al Ministerio Público junto a las policías por los distintos procedimientos que han desarrollado y que han tenido resultados exitosos”, dice el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic.

El prefecto inspector Juan Carlos Bustos, jefe nacional de Inteligencia Policial de la PDI, reconoce que Temucuicui constituye una zona de “alto riesgo en cuanto a procedimientos policiales de entrada y registro, debido a la gran resistencia observada en procedimientos anteriores”. Esto, dice, “por la utilización de armas de grueso calibre” que allí se produce.

Pese a todo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirma que no hay lugar en el país donde las autoridades no puedan ingresar: “Las investigaciones en Temucuicui se han mantenido activas y los procedimientos realizados durante el último tiempo demuestran que no existen territorios donde la ley deje de aplicarse”.

Por último, Garrido subraya que “es importante distinguir a quienes participan en actividades criminales de la gran mayoría de los habitantes del sector, que no tienen relación con esos delitos”.

Lo que comenzó con el hallazgo de restos de cocaína en la Fiscalía Centro Norte derivó en un operativo inédito con perros detectores de droga recorriendo la Fiscalía Nacional. La asociación de funcionarios demandó al Ministerio Público, pero el Consejo de Defensa del Estado defendió la legalidad del procedimiento y, durante el proceso, Ángel Valencia rechazó comprometerse frente a la justicia laboral a no repetir este tipo de controles. ¿Ahora? Los perros antinarcóticos podrían aparecer en cualquier momento dentro de las dependencias del Ministerio Público. Los detalles los cuenta la Unidad de Investigación de Bío Bío.

Si existe una institución del Estado llamada a perseguir el narcotráfico y garantizar que quienes ejercen la persecución penal estén completamente alejados de cualquier vínculo con las drogas, esa es precisamente el Ministerio Público.

Por eso, cuando el 21 de enero de 2026 el hallazgo de restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte activó una investigación del OS7 de Carabineros, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió adoptar una medida que no se conocía públicamente, y esto fue que ordenó, el 23 de enero pasado, el ingreso de perros detectores de droga de Carabineros para revisar las dependencias de la Fiscalía Nacional.

Los canes especializados comenzaron a recorrer oficinas, pasillos y espacios comunes olfateando en busca de sustancias ilícitas. Lo que para la máxima autoridad del Ministerio Público constituía una señal de tolerancia cero frente a cualquier eventual contaminación institucional, terminó convirtiéndose en uno de los conflictos laborales más bullados que ha enfrentado la institución en los últimos años.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) acusó que el procedimiento vulneró derechos fundamentales y presentó una tutela laboral contra el propio organismo. Sin embargo, durante la tramitación de la causa ocurrió algo que hasta ahora permanecía fuera del debate público: la Fiscalía decidió defender íntegramente el operativo, rechazó ante el tribunal cualquier compromiso para no repetirlo y dejó abierta la posibilidad de que nuevos controles con perros detectores de droga vuelvan a realizarse en sus dependencias.

Los perros que recorrieron la Fiscalía

La propia demanda describe que, durante la mañana del 23 de enero, efectivos del OS7 ingresaron a la Fiscalía Nacional acompañados por perros detectores de droga, pocas horas después de que BioBioChile, Radio Bío Bío y BBTV revelaran el hallazgo de restos de cocaína en la Fiscalía Centro Norte.

Según la acción judicial, el procedimiento no consistió únicamente en un recorrido preventivo.

Los dirigentes sostienen que algunos perros marcaron pertenencias de funcionarios, situación que derivó en la apertura de mochilas y bolsos personales “en pasillos y oficinas, a la vista de sus pares y del personal policial interviniente”.

La demanda afirma que varios trabajadores fueron expuestos a situaciones “denigrantes”, siendo sometidos —según describen— a un procedimiento “de carácter policial”, pese a que “no mediaba indicio individualizado ni sospecha fundada respecto de cada uno de ellos”.

La Fiscalía defiende el operativo

La respuesta del Ministerio Público llegó a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que asumió la representación judicial de la institución encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En un extenso escrito presentado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña, solicitó rechazar íntegramente la tutela laboral presentada por ANFUMIP e incluso cuestionó que el gremio estuviera habilitado para representar judicialmente a todos sus afiliados.

Según el Consejo de Defensa del Estado, “los hechos descritos en la denuncia no son efectivos”, sosteniendo que el operativo cuestionado se desarrolló dentro de las facultades legales del Ministerio Público y respondió a la necesidad de proteger el correcto funcionamiento institucional.

Para la defensa, el procedimiento no constituyó una investigación arbitraria contra los funcionarios, sino una medida excepcional adoptada tras el hallazgo de aparentes restos de cocaína en dependencias del propio Ministerio Público, circunstancia que —afirman— justificaba adoptar acciones orientadas a resguardar la confianza pública en la institución.

En definitiva, mientras ANFUMIP sostiene que los trabajadores fueron tratados como sospechosos, la Fiscalía plantea que el operativo respondió al deber institucional de reaccionar frente a un hecho especialmente grave para un organismo encargado de perseguir precisamente el narcotráfico.

Fiscalía rechaza comprometerse a no repetir los operativos

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando el juez suplente Nicolás Martínez Núñez promovió una conciliación entre las partes. En ese contexto, ANFUMIP propuso que el Ministerio Público se comprometiera a no volver a realizar operativos como el del 23 de enero, es decir, que nunca más ingresaran perros detectores de droga a las dependencias institucionales.

La propuesta no prosperó. Según consta en el acta, la representación del Ministerio Público, ejercida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), señaló que una decisión de esa naturaleza debía ser consultada con la institución. En los hechos, el fiscal nacional Ángel Valencia no aceptó asumir el compromiso que exigían los funcionarios, por lo que el magistrado declaró fracasada la conciliación.

Previamente, el mismo tribunal había rechazado la medida cautelar solicitada por la asociación de funcionarios para impedir que la Fiscalía volviera a ejecutar este tipo de procedimientos mientras se tramita el juicio.

En su resolución, el juez sostuvo que “no existen antecedentes suficientes” para presumir una vulneración de derechos fundamentales y agregó que las actuaciones cuestionadas fueron ejecutadas “en el marco de sus propias facultades”, considerando la función que cumple el Ministerio Público.

Con ello, la Fiscalía no solo evitó comprometerse a renunciar a futuros operativos con perros detectores de droga, sino que además obtuvo un primer pronunciamiento favorable del tribunal. Una controversia judicial que seguirá en manos de la justicia laboral.

El 6 de abril de este año, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana recibió un llamado de emergencia de la Fiscalía ECOH.

Al interior de una botillería ubicada en Melipilla, un grupo de sujetos extranjeros había tomado por la fuerza a un ciudadano haitiano de 34 años, en lo que claramente representaba las características de que se trataba de un rapto.

Y así fue. Los sujetos, que posteriormente se pudo comprobar eran venezolanos, tomaron a la víctima, lo intimidaron y subieron a un vehículo tipo sedán para darse a la fuga en dirección desconocida. Posteriormente, como si siguieran una suerte de manual, se contactaron con la familia de la víctima para pedir $100 millones de pesos a cambio de la liberación.

El sujeto, un comerciante que cuenta con permanencia definitiva en Chile, fue rescatado herido, pero con vida tras 36 horas de cautiverio. Fue ubicado en un inmueble utilizado para esos fines en la Región de Valparaíso, donde los detectives detuvieron a cuatro imputados venezolanos.

El secuestro de Melipilla no fue uno más para la brigada especializada de la Policía de Investigaciones. Con este, y otro ocurrido este año, los policías comenzaron a consolidar lo que es una modalidad relativamente nueva en cuanto al origen del plagio: el perfilamiento de las víctimas está naciendo desde el comercio sexual. Esa es una de las hipótesis que manejan los investigadores respecto a la génesis en el caso del 6 de abril. Pero no es el único.

Para quienes investigan los casos de secuestro cometidos por el crimen organizado, especialmente del Tren de Aragua, es claro que la banda utiliza sujetos para realizar “contrainteligencia”. Son ellos quienes, dicen las mismas fuentes, se inmiscuyen con potenciales víctimas aprovechando la confianza que van ganando en alguna actividad en común. Es ahí donde trabajadoras sexuales están cumpliendo un rol fundamental para la organización.

Es justamente ese mercado donde el Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos fuertemente en los últimos meses. De acuerdo a quienes lideran esas causas, esta organización criminal de origen venezolano está ejerciendo extorsiones en el comercio sexual, ya sea a través de la trata de personas con fines de explotación sexual o directamente en locales nocturnos con esos fines.

Es por ejemplo lo que hasta hace unos meses pasaba en un local nocturno ubicado en calle Ernesto Pinto Lagarrigue, en el barrio Bellavista, donde el Tren de Aragua mantenía controlado su funcionamiento a través de extorsiones. Fue justamente allí donde se originó el caso de Jhon Sterling Andrade Mina, un sujeto colombiano que ejercía como guardia y quien fue secuestrado y asesinado por el Tren de Aragua producto de que comenzó a denunciar la “sobreexplotación” de una prostituta chilena de quien se enamoró. El cuerpo de Andrade Mina fue encontrado en un sitio eriazo de la Cuesta Barriga.

Tren de Aragua y prostitución

El subprefecto de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, explica que la prostitución y el Tren de Aragua han estado vinculados desde que esta banda llegó a Chile. Lo comenzaron a ejercer a través de la trata de personas con fines de explotación sexual trayendo mujeres que buscaban mejorar su situación ante el escenario de su país. “Las obligaban a ejercer comercio sexual porque tienen una herramienta que nadie más tiene, que es ejercer coerción a sus familias en sus países de origen”, detalla Barrientos.

“Esto le ha permitido generar lucro y se arrastra desde 2019. Cuando estos sujetos llegaron por la frontera norte, incluso en pandemia, y empezaron a controlar los pasos fronterizos ilegales para que ingresaran personas, gran parte de esas personas eran mujeres”, dice Barrientos.

En la evolución del delito, explica el jefe policial, pasó de la trata de personas a posicionar a ciertas mujeres como delatoras de víctimas. “Ellos también dejan mujeres manejando a otras que están sometidas en el concepto de trata de personas para ejercer el comercio sexual. Y ellas son quienes consiguen información privilegiada de sus clientes que también las posiciona a otro nivel de la organización. Porque son mujeres que no solamente pagan vacunas por la actividad que realizan de manera semanal, sino que también están aportando información para realizar otras actividades delictuales”, comenta el detective.

Estas mujeres, dice Barrientos, no son solo prostitutas dentro de la organización sino que son piezas clave para conseguir información para posteriormente secuestrarlos y extorsionarlos.

En lo que va del año esa unidad policial cuenta con al menos dos casos en ese sentido. Uno de ellos el originado en Melipilla. Uno de los principales focos donde se está movilizando este negocio es en el casco histórico de Santiago, en los alrededores de Plaza de Armas, y que se extiende hasta el sector de Cal y Canto. Justamente en ese sector es donde el Tren de Aragua, bajo alguna de sus facciones, mantiene control de la prostitución.

“La génesis se da por información que entregó una trabajadora sexual venezolana que entregó información a la organización y los perfila como personas ideales para ser secuestradas”, explica Barrientos.

No solamente son las prostitutas quienes están entregando esta información. También se están utilizando a mujeres en páginas de citas: “A través de esa interacción, los sujetos caen y mandan fotos de sus partes íntimas. Luego son extorsionados. Les dicen que la mujer es menor de edad y que serán las fotos serán publicadas. Allí les piden un pago”.

En la actualidad la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana y la Brigada de Trata de Personas de la PDI manejan investigaciones contra el Tren de Aragua por este tipo de hechos. Hasta ahora, según las investigaciones que maneja la PDI, las trabajadores sexuales implicadas en estos hechos son siempre de nacionalidad venezolana.

Aumento en la trata de personas

Por su lado, el subprefecto de la Brigada de Trata de Personas (Britrap) Cristián Pacheco afirma que la trata de personas con fines de explotación sexual, después del tráfico de drogas, es la actividad ilícita más lucrativa para el crimen organizado.

“Transforman a las víctimas, sea hombre, mujer o niña, niña o adolescente, en una fuente de explotación económica continua”, dice Pacheco. Esto es distinto, explica, a lo que pasa con el tráfico de armas o drogas donde su venta se agota en la primera ocasión.

Pacheco afirma que hay un vínculo directo entre el aumento del crimen organizado en Chile y el incremento en el delito de tráfico de personas: “Desde que comenzaron a llegar organizaciones criminales transnacionales se incrementó este delito porque estas organizaciones captan a las mujeres en sus países de origen, siempre vulnerables, y son acogidas por la organización”. Las víctimas, por lo general, son venezolanas, colombianas y paraguayas.

“Estas bandas son generalmente extranjeras, organizadas, muy violentas. Siempre están ligadas a armamentos y las víctimas temen por sus familias en sus países”, complementa.

El trabajo del municipio

Uno de los puntos principales donde se moviliza el comercio sexual en la comuna de Santiago es en la Plaza de Armas, frente a la Catedral y al edificio de la municipalidad. Allí es donde se puede ver, a plena luz del día, a trabajadoras sexuales ofreciendo sus servicios amparadas en que la prostitución no configura delito.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, recuerda que han realizado varios operativos para desplazar a las trabajadoras sexuales junto a funcionarios de Migraciones. Sin embargo, estas siempre vuelven. “No tenemos ninguna atribución legal, porque esas personas están ahí paradas”, dice a La Tercera.

Desbordes pide la creación de alguna normativa que permita regular esta situación, “ya sea que autoricen un lugar cerrado (para que se concrete), con consentimiento, o que se prohíba en la vía pública”.

“Hemos intentado poniendo guardias pegados al lado de estas personas, pero se corren. Y no tengo 50 guardias para llenar la plaza. Sigue vigente la propuesta de poner cámaras y de poner a disposición de la ciudadanía la imagen de esa cámara, porque creemos que la única solución es ahuyentar al cliente. No hay otra alternativa por ahora”, dice el alcalde.

Desbordes subraya que esas mujeres “no están ejerciendo la prostitución en la plaza. Ahí simplemente se hace el contacto para materializar el encuentro sexual en otro lugar”.

La PDI y la Fiscalía Sur llegaron este martes a dependencias del Banco Santander en calle Agustinas en Santiago, para realizar un allanamiento en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua. Hay un ejecutivo detenido.

La diligencia nace luego que se detectaron movimientos bancarios en dicha sucursal, donde la banda internacional enviaba dinero hacia Colombia.

En específico, los ojos están sobre un ejecutivo bancario en específico que estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos.

Dicho ejecutivo fue detenido por personal de la policía civil.

Mediante un comunicado, el Banco Santander señaló que la empresa de capitales españoles “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.

“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, agregaron.

Finalmente, se indicó que “por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”

Una noche de terror vivieron vecinos de la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco, luego que un hombre portando un hacha atacó a tres funcionarios municipales y civiles en diversas arterias de la comuna.

Anoche se activó un vasto operativo policial por parte de

Carabineros para dar con el responsable del ataque, que dejó al menos a dos personas con lesiones de diversa consideración, en un hecho sin precedentes en la zona.

Carabineros trabajó durante la madrugada revisando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para intentar identificar y detener al sujeto responsable de estos ataques perpetrados sin mediar provocación alguna.

Hacienda acusó esta semana errores del gobierno anterior por subestimar las proyecciones de deuda al 2030. ¿Se trata de un error o no hay nada que reprochar, como lo dicen autoridades la anterior administración?

-Cuando entre un Informe de Finanzas Públicas (IFP) y otro se cambia la proyección de déficit fiscal en US$ 13.000 millones, no parece fiscalmente prudente que, en el mismo lapso de tiempo, se hayan encontrado US$ 10.500 millones como fuente de financiamiento. Me quedan dudas sobre como un ítem llamado “otorgamiento de préstamos” haya bajado a US$ 4.000 millones entre un IFP y otro dado que habría más recuperaciones de préstamos que antes. Adicionalmente, la línea llamada “flujos de consolidación” disminuyó también en un monto relevante, algo más de US$ 6.000 millones.

Entonces, les pregunto a los mismos que dicen que el proyecto de Reconstrucción es tan riesgoso y que hay que ser cautos fiscalmente: ¿les parece prudente que en el lapso de tres meses hayan aparecido US$ 10.000 millones para financiar un déficit mayor? ¿Les parece prudente considerarlo eso como una fuente de financiamiento del déficit? A mí no me parece prudente. Por lo tanto, más allá de juzgar intencionalidades, me parece que la corrección que hizo el actual director de Presupuestos en este IFP va en la dirección correcta y apunta a ser prudentes a la hora de financiar las nuevas necesidades producto del mayor déficit que se genera por un nuevo error de proyección en los ingresos fiscales presentados durante la discusión del Presupuestos 2026.

Si se miran los IFP hacia atrás, en general todo o gran parte del déficit se financia con un aumento de deuda, incluso sin considerar las necesidades bajo la línea que existen, el que también impacta la deuda. Es lo más natural. Si la diferencia hubiera sido US$1.000 millones o US$2.000 millones habría sido más plausible. Sin embargo, acá aparecieron US$ 10.000 millones que hace tres meses no los tenías en tu radar como una fuente de financiamiento para financiar el déficit.

¿Esta discusión podría estar dañando la institucionalidad fiscal como dicen algunos economistas y también en la oposición?

-Uno se puede quedar con las consecuencias que está generando todo esto o se puede ir a los datos técnicos. Yo soy más amigo de los datos técnicos que de las consecuencias políticas, las que no son mi área de especialización. Acá claramente no es prudente financiar el 70% u 80% de un mayor déficit con fuentes de financiamiento que hace tres meses no se tenía idea que existían.

Más allá de esta polémica, ¿cuál es la lectura que hace de un IFP presentado por este gobierno que aparece como más complejo en términos fiscales? Adicionalmente, las proyecciones fiscales al año 2030 de este IFP no incorporan el efecto deficitario que tiene el proyecto de Reconstrucción en el corto plazo…

-Quedé muy preocupado. Se sinceró algo que todos sabíamos y que es que el déficit efectivo que se estaba proyectando en el Presupuesto 2026 estaba totalmente subestimado. Preocupa que en un plazo tan corto de tiempo tengamos un nuevo error de proyección de gran magnitud. A modo de ejemplo, los ingresos tributarios no mineros entre el IFP que se presentó en la Ley Presupuestos y este último IFP cayeron en US$ 4.800 millones. Ese orden magnitud, al cual nos empezamos a acostumbrar, también se dio en años anteriores. Entonces, lo que estamos viendo es una secuencia de errores que nos han llevado a una situación fiscal con un punto de partida mucho más frágil que el que deberíamos tener a esta altura del año.

Estamos en un escenario que es más frágil y no podemos no hacer nada. Hoy el proyecto de Reconstrucción quedó corto porque para crecer al 4% esta reforma no nos alcanza. Necesitamos más; tenemos que ser mucho más ambiciosos. No solo porque tenemos que generar más empleo, crecimiento, empleo e inversión, sino también porque parte de ese mayor crecimiento se traduce en una mayor recaudación.

¿Qué tan ambiciosos hay que ser?

-Ya sea en este proyecto o como parte de un acuerdo en el Senado, es necesario incluir más reformas procrecimiento. En particular, echo mucho de menos una reforma importante al mercado del trabajo; necesitamos un mercado laboral mucho más flexible, con más oportunidades para los jóvenes y las mujeres de acceder a ese mercado laboral. Echo de menos también una segunda generación más proactiva de tratados comerciales, tan agresiva como la que hicimos en la época del Presidente Eduardo Frei y del Presidente Ricardo Lagos. Necesitamos, adicionalmente, seguir avanzando en todo lo que sea la facilitación de inversiones y la modernización del Estado. Si el gobierno de verdad tiene los votos para aprobar una reforma así, seguramente va a tener los votos para aprobar esto. Es una necesidad, no es una opción.

Adicionalmente, en un escenario que incluye el proyecto actual y dado el punto de partida fiscal que tenemos, es altamente probable que nos podamos pasar incluso del 50% del PIB de deuda. Y si la deuda se estabiliza, ésta se va a estabilizar entre el año 2033 y 2034. Eso es prácticamente una década. Uno de los objetivos de la sostenibilidad fiscal es estabilizar la deuda, que la deuda no siga creciendo. Para llegar a ese punto, hace tres meses atrás, teníamos un punto de partida de un déficit más bajo… hoy tenemos un punto de partida de déficit más alto, más frágil, con presiones de gasto que hemos conocido.

El IFP nos dice que en el año 2026 al gobierno todavía le faltan US$ 4.000 millones para financiar el gasto y una parte de eso va a ser mayor deuda. Van a tener que pedir autorización de endeudamiento. Entonces, fácilmente a esa proyección que está haciendo el gobierno, hay que sumar al menos un punto del PIB de deuda. Con eso se llega a una deuda que supera el 47% del PIB de aquí al 2030 en un escenario sin proyecto de ley.

Es por eso que, durante la discusión en el Senado, el gobierno tiene que abrirse a hacer ajustes que nos permitan asegurar que la deuda se va a estabilizar. Probablemente no en 45%, pero si en un nivel bajo el 50% en un horizonte de tiempo razonable.

En los últimos 10 años hemos tenido una crisis social, una pandemia, dos procesos constituyentes… guerra externa en el Medio Oriente. Una economía chilena abierta al mundo está sujeta a shocks externos y también a presiones internas como las que hemos vivido en la última década. No podemos esperar 10 años a que la deuda se consolide; es un periodo en el cual vamos a asumir muchos más riesgos. Hoy día estamos en un nivel de deuda en que no podemos tomar ese riesgo. Tenemos que ser mucho más cautos.

Tenemos un punto de partida que es mucho más frágil que el que conocíamos hace un par de semanas atrás. El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil. Es por eso que el proyecto tiene que apuntar por más crecimiento e incorporar otras medidas que alleguen más ingresos.

Un escenario más frágil pone a prueba la institucionalidad fiscal…

-Quiero decir algo en forma muy responsable y que puede ser polémico. Los últimos gobiernos han tenido una escucha selectiva con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En las cosas importantes no lo han escuchado. A uno le podría gustar más o menos sus consejeros, a veces podría estar cargado para la derecha y otras veces para la izquierda, pero el al final del día han tenido razón en promedio. Tuvieron razón cuando dijeron que el proyecto de Cumplimiento Tributario no iba a recaudar 1,5% del PIB; pero el gobierno no lo escuchó. Tuvieron razón cuando dijeron que los ingresos estaban sobrestimados y que había que hacer ajustes y el gobierno de nuevo no lo escuchó. En la administración anterior muchas veces lo escuchamos selectivamente también.

Entonces, más allá del entusiasmo y la ambición que se pueda tener con los proyectos de ley, como autoridad tenemos que saber escuchar al CFA.

El Consejo Fiscal nos ha dicho algunas cosas que se tienen que recoger durante la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción. Estoy seguro que si hay un buen ambiente en la tramitación en el Senado, eso va a ocurrir. Ya ocurrió en la reforma de pensiones, donde el Consejo Fiscal hizo una serie de sugerencias que se atendieron en una parte importante. Esa conversación es muy valiosa y que nos puede dejar tranquilos a todos, en el sentido de que no estamos hipotecando todo y no estamos haciendo una apuesta; porque al final nosotros no vamos a pagar los errores sino más bien las generaciones futuras. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad todos los que estamos entusiasmados con este proyecto, los que queremos que el país vuelva a crecer; tenemos que escuchar al Consejo Fiscal. Tenemos que entender que hay riesgos y que hoy tenemos mucho menos espacio de lo que teníamos hace una década.

Entonces, ¿hay que atenuar los riesgos fiscales de la megarreforma?

-Hoy no es una opción no atenuar los riesgos fiscales. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad. El entusiasmo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Puedo entender que los gobiernos tienen promesas, pero hagamos un buen ejercicio de escuchar y de ver cómo mitigamos los riesgos. Estoy seguro que ninguno de los que están hoy liderando el proyecto de ley quiere entregar una situación fiscal más frágil de la que lo recibió. Para eso tenemos que hacernos cargo de los riesgos fiscales, no minimizarlos, no ningunearlos. Estoy seguro que el senador Javier Macaya, quien preside la Comisión de Hacienda, lo entiende perfectamente; a él le tocó ser parte de la tramitación de la reforma de pensiones. Entiende perfectamente que la Comisión Hacienda del Senado siempre ha sido y será una muy buena instancia para hacerse cargo de las aprensiones que ha planteado el Consejo Fiscal y otros analistas durante la tramitación.

Bajo ese contexto, el llamado crédito al empleo ha concentrado las críticas por ser una medida cara. ¿En qué medida se debe ajustar?

-Más allá de hablar de una medida en particular, lo que me importa es que los riesgos fiscales se atiendan y se atiendan bien. Mi llamado es mucho más general, porque cuando uno entra en una medida en específico empiezan los gustos personales. Seamos pragmáticos, no nos quedemos pegados en una medida en particular. Evidentemente a uno le gustaría empezar con las medidas que son menos costo efectivas, pero mi llamado a hacer sostenible fiscalmente el proyecto.

Por otro lado, el gobierno ha estado recortando el gasto público. ¿Hasta dónde se puede llegar con ese ajuste fiscal?

-Entiendo que el gobierno está trabajando para incorporar otros 0,5 puntos del PIB de ajuste de gasto; no sé si será ahora o lo va a presentar en el Presupuesto 2027…eso también ayuda. De todas formas, todos sabemos que el recorte de gasto tiene rendimiento decreciente por decirlo en forma elegante y, lamentablemente, la principal traba es política, no es técnica… ya hemos visto cómo reacciona la política en gobiernos de derecha y de izquierda… siempre van a haber grupos de interés para defender su nicho.

La historia reciente ha mostrado que los proyectos de ley de distintos gobiernos, especialmente los de índole tributario, han sobrestimado ingresos y han actuado con el “tejo pasado”. ¿Cuál es la lección que se puede sacar de esta realidad de la última década?

-Mi principal reflexión de todo lo que ha pasado en el último tiempo es que no cumplir las metas tiene costo cero para las autoridades. Antes pensábamos que podía haber un costo reputacional para un ministro que no cumplía metas, pero nos hemos dado cuenta por la experiencia reciente que da lo mismo. Una Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene costo cero, al final termina siendo letra muerta. Un avance importante, y ojalá se materialice durante este gobierno, sería que la responsabilidad fiscal tenga rango constitucional. Tenemos que ponerle más seriedad a la responsabilidad fiscal, no puede tener costo cero incumplir la regla. Eso podría generar que los gobiernos, más allá de las buenas intenciones, sean mucho más cuidadosos y más responsables fiscalmente.

En entrevista con Radio Bío Bío, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recalcó que los beneficios sociales no se van a tocar, en el contexto de las medidas correctivas y de ahorro que implementan desde el Ejecutivo, incluyendo recortes de presupuesto.

“Los beneficios sociales no se tocan (…) hay temas de eficiencia de gasto que vamos a abordar, y hay temas de fraude social que también vamos a abordar, porque una cosa es el beneficio social y el necesario gasto social que tiene que incrementarse, y otra cosa es el fraude social que existe y está bastante extendido”, recalcó la autoridad.

Esto en referencia a situaciones donde hay personas beneficiadas con alguna ayuda social, pero no cumplen con los requisitos para acceder a los mismos.

Así, luego Quiroz dijo que “el que tiene que gastar menos no es la gente, es el Estado de Chile. Vamos a controlar la expansión de gasto”. Como ejemplo, tomó el caso del CAE, expresando que “es un beneficio social y hay que mantenerlo”, pero “no es un beneficio social no pagarlo de vuelta, sobre todo si uno gana más de un millón al mes”.

Las declaraciones del Ministro a La Radio se dan luego de la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del año -y de la nueva administración-, donde como principal aspecto se advirtió un error en las proyecciones de deuda por parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Bajo este contexto, Quiroz agregó que “queremos recuperar es la credibilidad; y la credibilidad pasa por ser conservador y apegarse a lo que la normativa”.

Junto con la advertencia sobre la deuda, el IFP ajusta la proyección de déficit para el 2026 de un 1,8% previsto por el anterior gobierno a un 2,9% como base sin considerar las medidas correctivas del Ejecutivo.

“El déficit que debió haberse proyectado verosímilmente, con la verdad fiscal, debió haber sido de 2,9% del PIB, y no 1,8% (…) eso no tiene mucha novedad porque la ejecución presupuestaria a marzo de este año ya era 2,8% del PIB. Nosotros lo que hemos hecho nos lleva del 2,9% al 2,4%”, recordó la autoridad, en referencia a la cifra que apuntan con las medidas correctivas actuales, a las que se deberán sumar otras a anunciar próximamente por Hacienda en el decreto fiscal.

Con todo, reconoció que el ajustr al alza “nos aleja un poco más, nos impone una meta más exigente, por supuesto que sí”.

Considerando lo anterior, sumado a las inconsistencias en proyección de deuda, el jefe de las finanzas públicas dijo a Radio Bío Bío que “tenemos un plan que va operando ordenadamente no solo por gasto, sino también por los ingresos. No quiero minimizar el trabajo que tenemos por delante, obviamente se vuelve más pesado”.

Advierten error en proyección de deuda pública

El encargado de Teatinos 120 explicó esta tarde que tras comparar los IFP del tercer y cuarto trimestre de 2025, se descubrió que falta un equivalente a US$10.500 millones en la proyección de deuda a 2030.

Según explicó Quiroz en un puto de prensa, las proyecciones de déficit para el período 2026-2030 crecieron unos $13.455.863 millones, pero esa alza no se reflejo en la deuda proyectada, que solo creció $3.896.574 millones.

Ello, a juicio del Ministerio, deja una brecha de $9.559.289 millones en la proyección a 2030, cuyo efecto es elevar la deuda como porcentaje del PIB, que pasaría de un 42,7% previsto en el IFP anterior a unn 46,3% al inicio de la próxima década, sobrepasando el nivel prudente del 45%.

Según Jorge Quiroz, actualmente están realizando una investigacióna administrativa para dilucidar qué fue lo que sucedió con la metodología y que tras los resultados, “veremos si termina en lo administrativo o continúa en otro lugar”.

Finalmente logró ser encontrado el paciente que durante la tarde de este sábado se fugó del hospital del Salvador, en la comuna de Providencia, por pozos y canales subterráneos. A las pocas horas, apareció dentro del mismo recinto.

En primer minuto, a eso de las 15:00 horas, el hombre de 44 años que se encontraba internado por una condición psiquiátrica se fugó desde el recinto por pozos t antiguos canales subterráneos del hospital, siendo incluso divisado en los techos del mismo.

A eso de las 17:20 horas, el teniente Francisco Cabezas de la 19 Comisaría de Providencia, detalló que finalmente “tras un intenso operativo de personal policial, médico y de bomberos, dio con el paradero”.

“Se encontró sin ningún tipo de lesión, se encontraba sano y en este momento ya está siendo ingresado a su habitación”.

Lo que llama la atención al respecto, es que el sujeto en primer momento huyó completamente desnudo, pero al momento de ser encontrado, mantenía una bata que había sido entregada al hospital por la propia familia.

“Fue una búsqueda bastante amplia. Finalmente fue personal de seguridad que logró encontrarlo y dio cuenta a Carabineros”.

Tras aprobar el megaproyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara de Diputados en Valparaíso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realiza en esta entrevista un balance en su oficina de Teatinos 120. Quiroz dice que el tener cohesionada a la coalición de gobierno fue clave, ya que abrió una compuerta con otros actores. “Este es un proyecto que se viene madurando y que es parte de un programa económico que no termina acá”, afirma.

-La Cámara de Diputados aprobó el plan económico, logrando el gobierno más de los votos necesarios. ¿A qué lo atribuye?

-Fue una jornada satisfactoria. Y, sobre todo, porque se condice con las acciones que se tomaron.

-¿Qué acciones?

-Empezaron hace dos años. Eso es lo primero que hay que entender. Este proyecto no habría pasado si no se hubiese madurado durante los últimos dos años. Desde que empezamos a concebirlo de modo independiente, con economistas en mi oficina; después con el equipo de José Antonio Kast. Esa concepción se traduce en un proyecto muy concreto, donde las cosas están muy estudiadas.

El proyecto interviene varios cuerpos legales, pero de modo quirúrgico. Exactamente las cosas que hay que intervenir para que empiecen a funcionar. Por lo tanto, hay mucho respaldo analítico y cuantitativo en cada una de las cosas que se propone. Hay una coherencia. Eso permite iniciar el envío del proyecto muy temprano, cuando todavía existe capital político suficiente.

-Entonces, el primer factor del triunfo fue que el proyecto se venía trabajado desde hace mucho antes.

-Sí. Este es un proyecto que se viene madurando y que es parte de un programa económico que no termina acá.

La segunda parte, que es muy clave, es el respaldo de la coalición que apoya este gobierno. En particular, el respaldo muy disciplinado de los Republicanos, pero también ciertamente el de la UDI y RN. A eso debo sumar un respaldo muy leal y muy de principios del Partido Nacional Libertario.

Desde esa base, que es muy cohesionada y que es prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados, tú puedes conversar con otros. Si esa base no existiera, no podrías conversar.

-¿Sobre la base de qué supuestos operó la negociación?

-Desde la cohesión empieza a operar un fenómeno muy especial. Lo que se dice como un problema, cuando tú estás cohesionado a un lado, no es un problema. Es en la fragmentación política donde hay mucho espacio. Están el PDG, los demócratas, el PPD, existen sensibilidades, existen personas y existe falta de cohesión en muchos de ellos.

Contrariamente a lo que se podía pensar, el voto artículo por artículo al final del día, aunque se ve como algo trabajoso, en un modelo fragmentado es positivo. Porque ahí tienes votos para ciertos artículos de ciertas personas que no los tienes para otros, y viceversa.

Lo mismo corre para las admisibilidades o inadmisibilidades. Por ejemplo, el diputado Jaime Mulet no apoyó una serie de cosas, pero -y fue una grata sorpresa- tuvo un comportamiento extremadamente respetuoso de la Constitución. Apoyó la inadmisibilidad de muchas mociones, aunque no respaldó el proyecto en general.

-Una llave de la negociación fue el Partido de la Gente, donde usted personalmente amarró un acuerdo con Franco Parisi. ¿Qué rescata y qué no del acuerdo con el PDG? 

-Fue una negociación muy positiva y se basó en un principio muy elemental: reconocer que el Partido de la Gente es un partido hecho y derecho, con ideas, con algunas buenas ideas, donde hay puntos en común. Cuando tú reconoces esa cercanía, se empiezan a producir acuerdos y posibilidades de avance.

La decisión del PDG de dejar en libertad de acción fue absolutamente coherente con esta conversación, porque entendíamos que con el Partido de la Gente nos unen ciertos denominadores comunes, pero no nos unen otros. Y muchos de los temas que estaban en este proyecto contenían denominadores que no son comunes.

-¿Por qué pudo sellar un pacto con el PDG y no con la Democracia Cristiana, donde hubo avanzadas conversaciones para que respaldaran la megarreforma?

-Yo creo que la DC tiene que madurar la nueva situación política. Tiene que hacer una reflexión bien profunda. El PDG tiene una gracia: está, en algún sentido, muy a tono con los tiempos. Es un partido práctico, representa a la clase media, entiende ciertas cosas básicas: que si tú pones muchos impuestos no va a haber inversión; si no hay inversión, no hay empleo; y si no hay empleo, a la clase media le va mal. Eso lo entiende.

-¿No lo entendió la DC?

-Por algún motivo, en la centroizquierda ha quedado un resabio de no entender eso, que me cuesta entender. Y en ese resabio se enredan. Ese fue el ripio que existió para no poder llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana.

Bastaba con recordar que el impuesto corporativo que estamos bajando a 23%, con plazo, sigue siendo bastante más alto que el que existía en la época de Ricardo Lagos, que lo subió de 15% a 17%. Y era más alto que el que tenía Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando la economía crecía como avión y era de 15%.

Entonces, por algún motivo existe esa confusión, ese resabio, ese “no sé qué”, que les genera una distancia y les impide pensar con claridad pragmática, como es el caso del PDG.

Espero que a futuro (la DC) haga una reflexión. No pierdo la esperanza ni la confianza de que vamos a contar más con ellos en otras iniciativas. Pero tienen que reflexionar que haber tomado una posición más distante y más exigente los termina haciendo votar con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Tienen que pensar si esa es una estrategia sensata para ellos a mediano plazo. Yo creo que no lo es, pero no está en mí recomendarle a otro cuál es su mejor estrategia.

-Ahora viene el Senado, donde el FA, el PC y parte de la centroizquierda ya han anunciado que rechazarán el proyecto ¿Cómo enfrentará el gobierno esa etapa?

-Hoy tenemos un proyecto que se aprobó con todo el articulado tal como salió de la Comisión de Hacienda. Estamos parados sobre una mayoría no menor. La aprobación para la baja del impuesto de primera categoría excedió por 20 ó 25 votos. Creo que la sorpresa principal no fue tanto que se ganara, sino el margen por el que se ganó.

Mi política comunicacional en esta materia es no ser triunfalista, estar muy abierto a las conversaciones y, al final del día, ir viendo de a poco qué estrategia se va a seguir. Muchas de las cosas que se hablan y se dicen al final son distintas. Esto es como teoría de juegos: una de las claves es entender que el futuro de cómo van a ocurrir las cosas probablemente va a ser distinto de como uno se lo está imaginando.

-¿Cómo van a enfrentar la eliminación de la franquicia Sence, que aún no concita respaldo transversal?

-Lo del Sence es una tremenda oportunidad para hacer una buena política pública. Nosotros hicimos algo muy directo: dijimos que aquí hay 15 años de evaluaciones negativas de este programa. Es un gasto enorme, con escasa o nula fiscalización, y todas las mediciones que se han hecho muestran impactos nulos en remuneraciones y empleo.

Nos hicimos cargo de algo: todos decían que era malo, académicos, comisiones, evaluaciones, y nadie se había atrevido nunca a hacer nada. Entonces dijimos: lo vamos a eliminar como parte de la contención fiscal.

-Y ocurrió lo que ocurrió.

-Eso generó una resistencia natural. Pero sirvió para que en las comisiones salieran a la luz las evaluaciones adversas, los números y los problemas: que es regresivo, que hay cuestionamientos a los intermediadores, que nadie fiscaliza bien, que muchas empresas ni siquiera evalúan si les sirvió a sus trabajadores.

A partir de eso, hubo propuestas de reformulación, una de la diputada Gael Yeomans, del Frente Amplio, y otra de la diputada Ximena Ossandón, de RN. Ambas tienen elementos importantes de reformulación profunda. Nosotros vamos a estudiar probablemente esas y otras.

Cerca de las 10:20 horas de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general la megarreforma para la reconstrucción, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Tras la votación desde el oficialismo celebraron con un “Ce Hache I”. Mientrras en la sala de la Cámara también estaban presentes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Segrpres, José García Ruminot, quienes festejaron con mesura.

A favor del proyecto votaron los parlamentarios oficialistas y del PDG. Mientras la oposición, que contó con varias ausencias, votó en contra. La abstención vino de parte del diputado Jaime Mulet del FRVS.

Para la aprobación del proyecto, se requerían 78 votos, por lo que el gobierno logró un respaldo holgado.

Posteriormente, vino la votación en general del Artículo 11, 14, 16 y 17 del proyecto que también requería de 78 votos para asu aprobación. Acá se lograron 84 votos a favor y 67 3n contra.

La Policía de Investigaciones, apoyado por Carabineros y el Ejército, ingresaron durante la madrugada a la comunidad Autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, para concretar la captura del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul. En el procedimiento también fue detenida su pareja, Carolina Padilla Manquel. Ambos fueron extraídos en helicóptero del Ejército en medio de disparos registrados en el sector.