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Los colegios de biólogos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Pando emitieron un pronunciamiento en las últimas horas, rechazando la exigencia gubernamental para que «pongan a disposición sus cargos» todo el personal directivo y técnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), lo que incluye a 143 guardaparques, entre quienes tienen ítem y son eventuales, directores de área, jefes de protección y otros.

Dichos entes colegiados consideran que la medida genera incertidumbre al ser un mecanismo que abre la puerta a una desvinculación masiva y que se constituye en un riesgo para la gestión de áreas protegidas (AP) comprometiendo la vigilancia y el control frente a la minería ilegal, avasallamiento, tala y tráfico de fauna, así como en antecedentes de debilitamiento institucional confirmando un patrón de politización y debilitamiento del Sernap, en desmedro de los ecosistemas y del patrimonio ecológico y cultural de Bolivia, según reza el documento de los colegios de biólogos.

Es en ese sentido que se rechaza la demanda del gobierno de que los guardaparques pongan a disposición sus cargos al provocar inestabilidad laboral y arriesgar la continuidad de la gestión técnica de las AP, asimismo se exige que cualquier proceso de restructuración institucional se realice de forma transparente y priorice criterios técnicos y objetivos.

Potosí, Bolivia es un territorio sacrificado históricamente por intereses antropocéntricos económicos, capitalistas y de poder. Muchas vidas transitan en ese escenario de no importismo de los gobernantes, el Estado y de propios y extraños.

En ese contexto, el Colectivo Acontravia de Potosí, formado en su mayoría por hijos de mineros y habitantes de zonas de sacrificio ambiental, ha gestado juntamente con las comunidades afectadas tanto de la zona de Cantumarca como la zona de Pailaviri en la ciudad de Potosí, un proceso de Monitoreo Ambiental Comunitario de metales tóxicos que provienen de las actividades mineras, como: Arsénico, Antimonio, Cadmio, Plomo y Zinc. Esto se realizó junto a estudiantes de los Colegios: 6 de Junio B (Cantumarca), Manuel Ascencio Padilla (Pailaviri) y mujeres de la zona Campamento Pailaviri.

Parte del monitoreo comunitario ha consistido en identificar evidencias visuales y físicas de la presencia de contaminantes en las infraestructuras de los colegios; en ese sentido se  ha encontrado  en primera instancia al interior del Colegio Manuel Ascencio Padilla: en ventanas, patios, barandas que a simple vista existen concentrados minerales depositados- esto considerando que a escasos metros de esta Unidad Educativa existe actividad minera de constante carguío y descarguío de minerales, también pasivos ambientales y comercializadora de minerales.

Por otro lado, tanto en la zona Cantumarca como Pailaviri, se ha evidenciado que las plantas (principalmente nativas) están presentado síntomas visibles de estrés por exposición crónica a contaminantes tóxicos, como: Clorosis en hojas, necrosis en hojas, sequedad y marchites, enanismo de las especies vegetales, aborto floral. Tampoco se pudo  observar presencia de especies de Líquenes, que por sus características biológicas son excelentes bioindicadores de la calidad del aire.

El Tribunal de Derechos de la Naturaleza condenó en su veredicto oral al Estado boliviano y cuestionó las acciones de Petrobras en el caso de Tariquía, según informó Francisco Romero, asambleísta departamental por Tarija y exdirigente comunal de esa reserva.

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Romero explicó que el caso de Tariquía fue presentado en la tercera sesión del Tribunal de Derechos de la Naturaleza, realizada en Puyo, Ecuador, donde fueron analizados seis casos, entre ellos el único correspondiente a Bolivia.

De acuerdo con el asambleísta, el tribunal convocó al Estado boliviano y a Petrobras para que presentaran sus posiciones. Sin embargo, ninguno de los dos compareció ante la instancia. Petrobras remitió una respuesta escrita, mientras que el Estado boliviano no asistió ni envió documentación.

Durante la audiencia, el juez asignado al caso de Tariquía emitió un veredicto oral con recomendaciones dirigidas tanto al Estado boliviano como a Petrobras. Entre los principales cuestionamientos, Romero señaló la condena al Estado por incumplir la normativa relacionada con las áreas protegidas, al permitir —según el tribunal— el ingreso de actividades que afectan un territorio previamente declarado bajo protección mediante posteriores decretos y normas.

El tribunal también cuestionó el accionar de Petrobras y denunció presuntas vulneraciones de derechos humanos, además de persecución y criminalización contra defensores de Tariquía, indicó Romero.

Cansados de los reclamos infructuosos por la actividad minera a orillas del río Boopi, en La Asunta, al norte del departamento de La Paz, comunarios de la zona tomaron un campamento minero y quemaron una volqueta y maquinaria que operaba en el lugar.

Los mineros no lograron evitar la protesta pese a que hicieron detonar dinamitas y la captura de tres movilizados. Una gran cantidad de pobladores, tras un ampliado, decidió frenar las actividades extractivas atribuidas a una empresa china, a la que acusa de contaminar el medio ambiente y de desviar el cauce del río, poniendo en riesgo a las comunidades.

"Me han capturado y me han agredido físicamente. Han venido con piedras y nos han arrojado", denunció uno de los comunarios heridos que logró escapar de sus captures y que era atendido en el centro de salud, donde estaban otros seite heridos, entre ellos una mujer que por la gravedad de sus herida fue evacuada a La Paz.

Un reducido contingente policial llegó a la zona en un intento por intermediar y evitar mayores enfrentamientos; sin embargo, los comunarios descartaron cualquier diálogo con los mineros y ratificaron su rechazo a esta actividad, de acuerdo al reporte de Radio Yungas

En este sector opera una intensa actividad minera aurífera apoyada con maquinaria pesada y camiones. Las labores mueven grandes volúmenes de grava en las riberas, lo que altera el curso natural de las aguas y genera riesgo de desbordamientos.

Después de tres días de intenso análisis, debate y reflexión sobre la situación actual del país, más de 120 representantes de resistencias territoriales, colectivos de defensores ambientales, organizaciones de la sociedad civil reunidos en el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) reunidos en Guayaramerín, emitieron un pronunciamiento que alerta de la profundización de los extractivismos y la vulneracion de Derechos Humanos y ambientales.

«Lo que siempre preocupa a los pueblos indígenas es la situación crítica que enfrentamos en nuestros territorios afectados por el extractivismo minero, hidrocarburífero, el agronegocio y toda política que el Gobierno viene impulsando. Y ahora no está dando paso a la consulta previa, libre e informada, prácticamente es un Gobierno que está ignorando a los pueblos indígenas», afirmó a ANA, Ruth Alípaz Cuqui, vocera de la Contiocap, desde el municipio amazónico.

La lideresa de raíces uchupiamonas dijo que los pueblos indígenas nunca sintieron como en el actual Gobierno de Rodrigo Paz, el control del agronegocio. «No les importa los pueblos indígenas ni las áreas protegidas. Entonces esos han sido los temas en los que hemos centrado nuestra atención, nuestros análisis», dijo.