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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que investigaba a Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei acusado de intentar matar a Nadia Beller, fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles 30 de septiembre, dos días después de que Washington le retirara la visa. No es casualidad: es un golpe institucional diseñado por la DEA, avalado por Washington y ejecutado por el gobierno de Rodrigo Paz para ahogar las investigaciones que podrían hundir al presidente boliviano, a Trump Jr. y a sus aliados argentinos.

La secuencia es demasiado perfecta. El lunes 28, Washington anunció la revocatoria de visas contra Mariaca y el fiscal departamental Alberto Zeballos, acusándolos de corrupción y de obstaculizar investigaciones. El miércoles por la noche, sin orden judicial, ambos fueron aprehendidos. Casi en simultáneo, la policía entró a la Fiscalía General en Sucre para impedir la conferencia de prensa donde iban a denunciar la detención, y terminó arrestando a una veintena de funcionarios. Horas después, Marco Rubio felicitó públicamente a Paz: “Estados Unidos apoya estas medidas audaces”.

El mensaje es inequívoco. Washington señala, la DEA opera, el gobierno boliviano ejecuta y Rubio aplaude. Y en el centro de todo está un nombre: Fernando Cerimedo.

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El caso Cerimedo: por qué Paz necesita apagar la investigación

Fernando Cerimedo es el fundador de La Derecha Diario, y fue el cerebro digital de la campaña de Milei. En agosto fue detenido en Bolivia, acusado de planificar el intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller.

Beller sobrevivió al ataque llevado adelante por dos sicarios disfrazados de repartidores; le dispararon cuando estaba embarazada de cuatro meses. En la investigación posterior, Beller denunció una red de corrupción que excede largamente lo personal. Sostuvo, lo que ya era de público conocimiento, que Cerimedo tiene vínculos directos con el círculo íntimo de Paz, incluida la esposa del presidente, María Elena Urquidi.

Pero dijo algo más. Beller sostuvo públicamente que "acá no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo". Lo acusó de manejar un grupo policial de élite que no responde a otras autoridades, y de ser testigo de las operaciones corruptas del gobierno de Paz: los "negocios" de nafta, diésel y oro.

La investigación también reveló fotos de Cerimedo con Donald Trump Jr. y Brad Parscale (director digital de las campañas de Trump en 2016 y 2020). No es solo un caso de violencia personal: es una cadena que atraviesa Washington, Buenos Aires y La Paz.

El "felicitaciones" de Washington y la mano de la DEA

Tras las detenciones, el secretario de Estado Marco Rubio salió inmediatamente a "felicitar" al gobierno de Paz en X. Dijo: "Las acciones de Bolivia muestran el tipo de liderazgo que necesitamos para que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero".
No es retórica diplomática. Es una señal de recompensa.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Oviedo, reconoció que la operación contó con "la cooperación del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias". Es decir, la DEA -esa agencia con un historial larguísimo de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales e impunidad en América Latina- participó directamente en el armado y la ejecución.

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El libreto de Washington es claro. Primero sacan las visas, generan presión política; después los agentes locales ejecutan las detenciones; finalmente felicitan públicamente, confirmando que "colaborar" tiene premio.

No es anticorrupción, es encubrimiento

Mariaca no es, ni de lejos, una figura que la izquierda deba defender. El sistema judicial boliviano está profundamente cuestionado, y la fiscalía es sospechada de "armar" causas según las necesidades políticas de turno. Sobre Mariaca pesan acusaciones gravísimas que deben ser esclarecidas.

Pero ahí está justamente el punto: cuando Washington decide quién puede ser investigado y quién no, no estamos ante un mecanismo de justicia, sino ante una manipulación descarada al servicio de los intereses del imperio. Nada tiene que ver con combatir la corrupción ni el narcotráfico. La visa, el informe de inteligencia, la intervención de la DEA son las herramientas de siempre. Lo que ocurre en Bolivia con Mariaca no es un caso aislado: es la continuación de una política sistemática de injerencia que utiliza la “lucha contra el narcotráfico” como coartada para disciplinar a los países que no se pliegan a sus intereses. El secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela es una prueba de ello.

¿A quién encubren con estas detenciones?

A Cerimedo, al presidente Paz y su familia, y a toda la red de corrupción y propaganda digital de la nueva derecha continental. Con Mariaca detenido, la investigación contra Cerimedo queda debilitada.

Es por esto mismo que la operación sienta un precedente peligroso. Esto no es solo un problema boliviano. Se está estableciendo el modus operandi del "Escudo de las Américas": con la excusa del "narcotráfico" y la "anticorrupción", Estados Unidos puede señalar a cualquier funcionario latinoamericano, quitarle la visa, y esperar que su gobierno lo detenga. Los países que no obedecen enfrentan presión económica y política; los que obedecen reciben la felicitación pública de Rubio.

El mecanismo, en esencia, es este: Washington decide quién es "criminal" y los gobiernos locales o el Poder Judicial ejecutan.

Lo de Bolivia tiene que ser una nueva alarma. Hay que exigir la libertad inmediata de Mariaca y Zeballos. Como plantean los compañeros de La Izquierda Diario de Bolivia, es necesario que se conforme una comisión independiente para investigar todas las denuncias, a Cerimedo y sus vínculos con el gobierno de Paz y con Trump Jr., y que se esclarezca el rol concreto de la DEA en las detenciones. Pero sobre todo, hay que rechazar que Washington tenga derecho a decidir quién puede ser investigado en Bolivia y quién no. No es la visa de Washington la que decide quién es culpable.