u/ASuarezMascareno

El Ministerio del Interior ha informado este viernes de que finalmente han sido 50.000 personas las que han entrado de manera ilegal en España desde que se inició la crisis migratoria. La cifra es sensiblemente inferior a la que ha facilitado poco antes el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha elevado el número a 60.000. El departamento de Fernando Grande-Marlaska añade que, de ellas, 48.300 han retornado de manera voluntaria a Marruecos, por lo que quedan menos de 2.000 en el enclave.

El tribunal europeo falla que la ley española “no se opone” a los intereses financieros de la UE ni contraviene el derecho comunitario en materia de terrorismo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado ampliamente este jueves la ley de amnistía en lo que respecta al derecho comunitario, al considerar que la normativa ni choca contra los intereses financieros de la Unión Europea ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo.

En respuesta a sendas cuestiones prejudiciales enviadas desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, los jueces de Luxemburgo han confirmado así la opinión ya expresada por el abogado general de la institución judicial el pasado noviembre, quien a pesar de que la ley fue aprobada en condiciones muy particulares —como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez— y sin consultar a la justicia europea, dio ya su visto bueno a la norma, que consideró fue aprobada “en un contexto real de reconciliación política y social” y que no constituye una “autoamnistía”.

“No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”, razonan en torno a la cuestión de la malversación los jueces en su primera sentencia sobre la amnistía, que se espera tenga un efecto dominó que los líderes independentistas confían en que acabe obligando al Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y al resto de líderes a los que procesó o condenó por malversación. Todos han recurrido esa decisión ante el Tribunal Constitucional, que estaba a la espera de la respuesta del TJUE para resolver los presentados por los principales dirigentes del procés, que consideran que el Supremo está vulnerando sus derechos fundamentales.

El derecho europeo “no se opone a una normativa nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión integrados por la contribución de ese Estado miembro basada en la renta nacional bruta”, argumenta la sentencia al respecto, leída en castellano en la sala 3 del tribunal por el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts.

Para Puigdemont era especialmente importante la decisión sobre la malversación, porque el Supremo mantiene una orden de detención en su contra al considerar que la amnistía no es aplicable por el delito de malversación y que el uso de fondos públicos para pagar los gastos del procés es una forma también de enriquecimiento personal, extremo que rechaza fehacientemente la defensa del líder de Junts.

A juicio del tribunal europeo, la ley de amnistía es además compatible con la garantía de la tutela judicial efectiva, otra de las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas. Según explica, “en un ámbito que es competencia de los Estados miembros”, el papel del TJUE como vigilante de la tutela judicial efectiva “se limita a los problemas de tal envergadura que presenten un carácter sistémico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. Un extremo que, considera el TJUE, no se da en este caso.

En lo que los jueces no dan totalmente la razón es, como ya había planteado el abogado general, en la cuestión de los plazos que establece la ley, específicamente cuando hay cuestiones prejudiciales sin resolver. En este sentido, señalan que “se oponen a las disposiciones de una ley nacional de amnistía que impongan a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad contable y de alzar las medidas cautelares que se hayan acordado en una fase anterior del procedimiento en un plazo máximo de dos meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todavía resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya planteado”.

El segundo fallo, en materia de terrorismo, afectará a la docena de miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), los piquetes surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal, que han sido procesados por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. También en este caso los jueces de Luxemburgo dicen no ver contradicción con el derecho europeo con una normativa muy ajustada a casos muy específicos que no afectan a “violaciones graves” de derechos humanos: “La ley española de amnistía no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo”, indican.

Concretamente, el TJUE “no se opone” a una ley nacional de amnistía “que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido, en un período delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta Directiva [europea] que no hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta y umbral de gravedad no se especifican en dicha ley, cuando los órganos jurisdiccionales competentes estén en condiciones de determinar los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía”.

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La Fiscalía de Madrid ya ha presentado su escrito de conclusiones sobre la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El ministerio público, que ha pedido reiteradamente el archivo del caso y ha cargado duramente contra el magistrado por retirarle el pasap...

orte a la pareja del líder del PSOE, da este paso después de que Peinado acordase abrir juicio oral por jurado. El documento, de 25 páginas, descarta la existencia de cualquier tipo de delito y reclama la absolución de Gómez y de los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor”, incide.

Con este informe, la Fiscalía contrarresta la tesis del juez instructor, que atribuye cuatro delitos a Gómez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida). El magistrado repite que la pareja de Sánchez se “prevalió” de su “posición” y “relación personal” con el presidente del Gobierno —“y de este con el resto de la Administración”, según apostilla— para “acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y “favorecer” su carrera dentro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió un máster y una cátedra extraordinaria. Además, según le reprochó Peinado, Álvarez la ayudó con su trabajo privado.

Sin embargo, la Fiscalía rechaza sus hipótesis. Estas son las principales conclusiones del ministerio público, que impactan contra el relato del magistrado Juan Carlos Peinado:

Los ingresos de Begoña Gómez. La Fiscalía hace especial hincapié en que la pareja de Sánchez llevaba vinculada a la Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido liderara el PSOE y llegara a La Moncloa. Además, la investigación ha reflejado que su beneficio económico fue reducido. Según señala el escrito, cobró “cero euros” por codirigir una cátedra extraordinaria durante dos cursos académicos. Por su labor docente en un máster recibió un total de 13.534 euros en dos cursos (6.767 euros de media); por otro máster, 20.653 euros a lo largo de seis cursos (3.442 euros de media, con años que no llegó ni a los 800 euros); y por su trabajo en un diploma de formación continua, 4.883 euros en otros dos cursos académicos.

El papel de Álvarez. “Entre 2018 y 2026, Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a diferentes y numerosos actos, públicos y privados, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y también ha realizado actividades puntuales de gestión y contacto entre diferentes personas de la UCM que se relacionaban o debían relacionar con Gómez, así como con terceros patrocinadores de la cátedra”, explica la Fiscalía. El ministerio público añade que Álvarez ha “cumplido las funciones inherentes a su cargo y aquellas que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual” sin que “haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente realizar”, “ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”. “Y tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado de ello”, apostilla.

Relación con Barrabés. El ministerio público la encuadra dentro de la normalidad. El empresario “colaboró y participó” en un módulo de las actividades docentes de un máster que codirigía Gómez, así como también facilitó la participación de otros profesionales de su grupo”, “recibiendo todos ellos la contraprestación reglada por la UCM por hora de docencia” y “siguiendo el cauce establecido” por la universidad. Frente a la tesis de Peinado, el fiscal dice que Barrabés “no ha colaborado en la cátedra de Transformación Social Competitiva, ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma”.

Ante la idea de que Barrabés se benefició de adjudicaciones gracias a su colaboración con la carrera de Gómez, la Fiscalía recuerda que Innova Next —una de sus empresas que se ha puesto en el punto de mira— se creó en 2012 y comenzó a presentarse a concursos en 2016-2017 (antes de que Sánchez llegase a La Moncloa), “sola o en unión” con otras compañías. Desde entonces, ha logrado un total de 28 contratos por valor de 22,8 millones de euros. Las sospechas se ponen sobre los otorgados por la empresa pública Red.es. A este respecto, el ministerio público expone que Gómez es “ajena” a esa entidad estatal, “como también al resto de entidades que adjudicaron los contratos públicos al grupo Barrabés”. “Sin constancia de la existencia de lazos personales, familiares, amistad o cualquier relación con los miembros y personal de dichas entidades. Y sin constancia siquiera de cualquier llamada, interlocución, contacto, o intermediación, y menos aún de que, de existir, la mismas hubieran sido dirigidas a persuadir a adoptar resolución alguna en favor de Juan Carlos Barrabés”, manifiesta.

El desarrollo del software**.** “Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado”, ahonda el escrito. “Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”, prosigue el ministerio público, que insiste en que no existen indicios de que se ejerciera “presión de ningún tipo” sobre las empresas.

El escrito de conclusiones continúa así: “No consta que ninguno de los acusados, directa o indirectamente, haya realizado una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros, reconociendo en todo momento que el programa en cuestión era titularidad complutense y que, en todo caso, la futura utilización del mismo sería gratuita para los usuarios”.

TLDR: A lo largo de toda esta investigación, no se ha presentado evidencia de que nadie haya cometido ningún delito, ni siquiera ningún coste (fuera de los habituales) para ninguna administración pública.

Un par de fragmentos:

>La Sala de lo Penal indica que Antidroga entendió que la investigación policial, aunque "muy avanzada", permanece abierta y "podría aportar nuevos datos" que podrían derivarse en otras diligencias a practicar o una mejor identificación de las conductas desarrolladas por cada uno de los investigados".

...

>Por ello, la Sala considera que en este caso "son más las causas perniciosas que beneficiosas, que concurren en la decisión de división del procesamiento acordada por el instructor", y señala que no puede darse "hasta la conclusión completa de la investigación".

Machine translation:

Enrique Riquelme informed the Real Madrid Football Club's Electoral Board this Thursday of his intention to run for president of the club. He did so through a written notification on Thursday afternoon, a preliminary notification of intent, as stipulated in the Real Madrid Electoral Board's regulations.

Riquelme now has 48 hours to formalize his candidacy and submit it before Saturday, May 24. If, as expected, there are no setbacks in the formation of Riquelme's management team, the elections would be held around June 7.

Riquelme thus took the essential preliminary step this Thursday to become Florentino Pérez's rival, who has not faced competition at the polls since 2004, when he won by an overwhelming majority against Lorenzo Sanz and Arturo Baldasano.

To achieve this, the 37-year-old businessman from Alicante has secured a preliminary guarantee of approximately €190 million, paving the way for him to become a presidential candidate (a fact that would be confirmed on Saturday). This would make him the alternative to Florentino Pérez, who has held the position since 2009, when he began his second term.

Since then, the current Real Madrid president has never faced a challenger in the various elections held at the club. This could change this year, although Riquelme's candidacy will not be officially announced until Saturday.

If Riquelme's candidacy is ultimately presented, it opens a new chapter at the club on Concha Espina, starting with the selection of the coach for the next project. Florentino Pérez is well advanced in bringing José Mourinho back to Real Madrid, while Riquelme's candidacy is focused on Jürgen Klopp, another manager highly regarded by Madrid fans, and names like Erling Haaland are already being considered as possible signings.

Potential members of the board of directors that would run alongside Riquelme are also circulating, including David Mesonero, director of corporate development at Iberdrola and son-in-law of Ignacio Sánchez Galán, and Ángel Martín, owner of Clínica Menorca, both as vice presidents. They would also be joined by names like Dámaso Quintana, Rosauro Varo, and the sons of Fernando Fernández Tapias and Vicente Boluda. The former was once one of Florentino's most loyal collaborators, and the latter even served as interim president of the club.

Enrique Riquelme has confirmed his intention to run in the elections through the following document:

>

>TO THE ELECTORAL BOARD OF REAL MADRID FOOTBALL CLUB

>Mr. Enrique José Riquelme Vives, of legal age (...) member no. 41736 of Real Madrid Football Club, STATES:

>I. That, in accordance with the provisions of the current electoral regulations for the elections for President and Board of Directors of Real Madrid Football Club for the year 2026, and in particular with the provisions of section III thereof, candidates who intend to submit a candidacy must notify the Electoral Board, as the body responsible for receiving candidacies, at least forty-eight (48) hours in advance. II.

>That, by means of this document, and within the established timeframe, he hereby makes said prior notification and, to that effect, COMMUNICATES that he intends to run as a candidate for the Presidency of Real Madrid Football Club, heading the corresponding candidacy for the Board of Directors, whose formal presentation will be made in due time and form in accordance with applicable regulations.

>He also states that the candidacy meets the requirements stipulated in the Bylaws and current electoral regulations to hold said position. “My objective is to present a project for the Real Madrid of the future, one that inspires all Madridistas and is especially focused on once again placing the members at the heart of a new era, guaranteeing that they will always be the sole and true owners of the best football club in the world.

>Therefore, I REQUEST that the prior notification of my candidacy, as stipulated in section IIT of the electoral regulations, be considered duly and properly submitted, for all appropriate purposes.

>In Madrid, on May 21, 2026.”

Machine translation:

Beyond the absurdity, the delirious tone, and the surreal unfolding of the already historic press conference held by Florentino Pérez, there remains a deeply troubling feeling on a purely human level. It was painful to watch the Real Madrid president conduct himself that way. Even if the title of "best president in the club's history" was one he awarded himself in a shameless display of arrogance, the truth is that he probably is just that. That is precisely why it hurts to see him turned into a meme. It is truly sad that he squandered his image, that he ruined it like that in under an hour.

One has to wonder who pushed Florentino to the edge yesterday. Who, knowing the situation first-hand, encouraged him to immolate himself in the eyes of the entire planet. Who failed to stop him from stepping up to that podium and leaping into the void.

Florentino has added his own image collapse to the severe institutional crisis the club is already enduring. It was disconcerting (to put it mildly) to observe his sexist remarks ("let's see, let that girl ask her question", "from a woman who I'm not sure knows anything about football") and xenophobic ones ("South American accent"), which spread across the world at lightning speed. I can confirm that here in Mexico, where I currently am, people were left speechless upon hearing the "Mexican accent" comment delivered in such a dismissive tone. It left a very bad taste. The reputational damage is incalculable. I understand he regrets it.

And amid all this chaos, the Madrid fan base, far from finding answers, only multiplied their doubts. What exactly was Florentino trying to achieve with this press conference? To announce to the world that he was cancelling his ABC subscription? His histrionic attack on the press (including retired journalists and already-defunct outlets), his understandable anger over the Negreira case (which he conveniently kept in a drawer when it suited him to stay on good terms with Barça), or his self-aggrandisement as the greatest leader are not sufficient reasons.

The madridismo expected explanations. But Florentino never gives them. Why did he sack Xabi Alonso? Who will be the next manager? What measures will be taken in the dressing room? What responsibility does the president accept for this sporting crisis? And for the institutional one? Not to mention the lack of any official account of the Super League's failure, or the multiple problems surrounding the new stadium. He did not address any of the substantial issues. For him, what matters is finding whoever leaked the players' fights, not the fact that players are fighting each other. The truth is, listening to Florentino, the club's crisis appears far more serious than it seemed.

Well, in reality what mattered to him was the election announcement. That was the substance of the press conference, even if his speech then veered off in all directions. And yet he also failed to explain (and this is significant) why this election call was so rushed. What is the urgency? Why this sudden decision? What was the need?

He chose not to explain that to the club members. Despite Florentino's relentless insistence that they are the owners of the club, the information available to those members is nonexistent. "Everything for the people, but without the people" — in the purest tradition of enlightened despotism.

The hidden reason behind this hasty election call is none other than an attempt to neutralise a potential rival candidacy that could strip him of power (Pérez considers himself the club's owner: "they'll have to shoot me to get rid of me") and prevent the fulfilment of his great ambition: changing the club's ownership model, creating a board of directors, and placing at its helm his protégé, the Franco-Moroccan Anas Laghrari (the man who, even now, albeit from the shadows, already runs the day-to-day affairs of the institution).

It is not far-fetched to think it was Anas (even over the objections of José Ángel Sánchez) who persuaded Pérez to give that disastrous press conference. Seeing the outcome, and following tense internal conversations and immediate reflection, throughout Wednesday they attempted to repair the damage by taking Florentino to various interviews in an effort to clean up the terrible stain on his image.

Both Anas and Florentino are aware of the discreet moves that Enrique Riquelme has been making for some time, quietly assembling a serious and credible alternative. Both know that the backing Riquelme is gathering (and which will likely multiply after Tuesday's embarrassment) is significant. That is why they have tried to neutralise any hint of opposition swiftly and decisively. That is the reason for yesterday's convoluted and bizarre press conference, called to say nothing beyond announcing elections that are both urgent and unexplained. The notion that it is the member who decides (of transparency, of the club's democratic credentials) crumbles when you observe this hasty and overbearing manoeuvre, whose sole purpose is to try to eliminate the rival from the starting line, before he has time to organise himself.

It will be interesting to see what timelines the process follows (to be formally announced this Thursday), and whether Florentino genuinely allows time and opportunity for other candidates to come forward, or squeezes the window to its minimum in order to ("democratically") strangle that possibility.