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Hola, soy una abogada de 30 años. Llevo mucho tiempo buscando trabajo en el área del derecho fiscal y es muy complicado entrar en el sector. Lo que la gente me recomienda es que busque trabajo por las gestorías de mi zona, pero siempre me dicen que no buscan personal. Tengo poca experiencia y no ayuda. He pensado en especializarme en derecho de extranjería y volverme autónoma. Pero no tengo ni idea de si me compensa o no. Me gustaría saber si alguna persona joven en la abogacía se ha tirado a la piscina y le ha compensado? Lo que más me echa para atrás son los primeros meses cuando este formando mi cartera de clientes. Alguna sugerencia? Gracias!

Buenas! Llevamos viviendo en nuestro piso de alquiler desde 2021. Obviamente, ella no reside aquí. Pero aquí le llegan correos postales de todas las administraciones públicas, incluyendo Hacienda. El año pasado llegaron alrededor de cinco notificaciones de Hacienda a nombre de la casera. Se le dejó constancia de ello. Sin embargo, estamos cansados de ser su buzón. Informaría a estas administraciones de su dirección actual, pero ni en el contrato ella fija su verdadero domicilio a efecto de notificaciones. ¿Qué puedo hacer? Ya se le ha dicho que actualice su domicilio, pero se ve que no lo ha hecho porque este año le ha vuelto a llegar otra notificación de Hacienda. Gracias por vuestra ayuda!

Buenas, soy abogada (derecho tributario, sin experiencia en arrendamientos) y tengo una consulta sobre un contrato de arrendamiento de vivienda habitual firmado en abril de 2021 por tres arrendatarios, con renta base de 850 € mensuales, actualmente en prórroga tácita del art. 10.1 LAU tras agotarse la prórroga obligatoria de cinco años en abril de 2026.

Situación:

La arrendadora lleva desde mayo de 2026 reclamando una actualización de renta que calcula aplicando los IPCs de las cinco anualidades no practicadas en su momento de forma encadenada, llegando a 950,46 €. No reclama las diferencias de anualidades anteriores de forma retroactiva, pero utiliza ese cálculo acumulado como base para fijar la renta actual. Las comunicaciones se han producido por correo electrónico, dirigidas inicialmente a uno solo de los tres arrendatarios, planteadas como propuesta condicionada a la firma de una adenda a 950 €, advirtiendo que de no aceptarse aplicaría el máximo legal de 950,46 €. En esa misma comunicación inicial se reservaba expresamente el derecho a no renovar en abril de 2027 si no se aceptaba la adenda, facultad que entendemos precluida al no haber notificado su voluntad de no renovar con la antelación legalmente exigida antes del vencimiento de la prórroga obligatoria en abril de 2026.

Ante la negativa a firmar, alega ahora que dichos correos constituyen notificación fehaciente a efectos del art. 18.2 LAU con efectos desde junio de 2026, y anuncia que enviará próximamente comunicación formal reclamando las diferencias que entiende devengadas desde esa fecha.

La vivienda presenta además diversas deficiencias de conservación documentadas y no resueltas: humedades por filtración del tejado, desprendimiento de azulejos en cocina, filtraciones por ventanas y limitaciones eléctricas, todas ellas comunicadas a la arrendadora y reconocidas por su parte en el intercambio de correos.

Mis dudas concretas:

¿Puede considerarse notificación fehaciente conforme al art. 18.2 LAU un intercambio de correos planteado como propuesta negociadora condicionada a la firma de una adenda?

¿La falta de notificación individualizada a cada uno de los tres arrendatarios afecta a la validez de esa pretendida notificación?

El contrato incluye una cláusula de no renuncia a la actualización con un error gramatical que invierte su sentido lógico, de modo que literalmente dice lo contrario de lo que pretende. ¿Puede interpretarse la voluntad de las partes a pesar del error, o cabría aplicar el art. 1288 CC para interpretar la ambigüedad en contra de quien redactó la cláusula?

¿Tienen las deficiencias de conservación documentadas alguna relevancia a efectos de la actualización de renta, ya sea por vía del art. 21.2 LAU o de otra forma?

¿Tiene realmente la arrendadora facultad de no renovar en abril de 2027 estando ya en prórroga tácita del art. 10.1 LAU, o esa facultad corresponde exclusivamente al arrendatario en esta fase?

Contexto adicional:

La arrendadora mantiene su domicilio fiscal en el inmueble arrendado desde hace más de cinco años, a pesar de no residir en él. Recibimos de forma recurrente correspondencia de la Agencia Tributaria para ella en esta dirección.

Pregunta adicional:

Dado el conjunto de la situación, ¿qué estrategia recomendaríais para la parte arrendataria?