![Compras por internet y alquileres tipo Airbnb pagarán ITBMS bajo nuevo proyecto de ley | "[...] la iniciativa "no está creando un impuesto nuevo", sino cerrando un vacío legal existente en el cobro del ITBMS."](https://external-preview.redd.it/6o8q1E4sC5-NEBYVCNtCEzZoqT37omEDauSGbmkVlFA.jpeg?width=140&height=73&auto=webp&s=244353278dd1b2ec8efb1311865f7155c6ffaa23)
La Alcaldía de San Miguelito intensificó el retiro de vehículos abandonados, en estado de chatarra o que obstaculizan las aceras y servidumbres públicas [...].
La colocación de adhesivos advirtiendo sobre el retiro y posible chatarreo de vehículos encendió la molestia de residentes en distintos sectores del distrito.
Durante un recorrido de TVN Noticias, propietarios reclamaron a funcionarios municipales por la medida, especialmente en comunidades donde las viviendas están ubicadas a orillas de las calles y no existen suficientes espacios para estacionar.
La respuesta de la Alcaldía es que el problema no está necesariamente en las condiciones del automóvil, sino en que obstruye el paso peatonal.
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“Que me hagan un estacionamiento”, reclamó el propietario, al cuestionar a las autoridades por la falta de alternativas para quienes viven en estas áreas.
La discusión se da mientras la Alcaldía asegura que más de 400 vehículos han sido removidos en lo que va del año, incluidos más de 50 que fueron retirados mediante grúa durante los últimos dos meses.
El municipio sostiene que muchos de estos vehículos representan un obstáculo para peatones y que algunas denuncias son presentadas por los propios residentes a través de la plataforma SAMU.
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En la denuncia, la fuente precisa que el año pasado Rodríguez compró —en efectivo— varios vehículos nuevos en reconocidas agencias de automóviles en Panamá Oeste, así como dos inmuebles en Chitré y una finca en Parita, provincia de Herrera.
Quizás lo más impresionante de las excentricidades de Rodríguez sea el hecho, siempre según la denuncia, de que llevó de vacaciones a una treintena de familiares al hotel Nickelodeon de Punta Cana, un exclusivo balneario de República Dominicana.
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Esta decisión llega también debido a que en el próximo mes de noviembre se estarán celebrando las elecciones para escoger a una nueva junta directiva y a un nuevo presidente en la Fepafut y consideraron que sería irresponsable nombrar a un nuevo entrenador, con un salario alto con unas elecciones a la vuelta de la esquina.
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La Fepafut tendrá como misión ahora nombrar a un entrenador interino para sus respectivos compromisos en los meses de septiembre, la gira asiática que tendrán en octubre y para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 en noviembre.
Varios nombres han sido puesto sobre la mesa, entre ellos la figura del exjugador y actual entrenador de la selección sub-17 de Panamá, Felipe Baloy. El que fuese el capitán del seleccionado panameño tendría los números para llegar a dirigir al equipo mayor por los siguientes meses hasta que se escoja una nueva directiva y dictamine los pasos a seguir.
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Otro de los nombres que se han manejado en los últimos días ha sido el de Mario Méndez, actual tricampeón de la LPF con el Plaza Amador.
Ahora, esta decisión no quiere decir que Christiansen no podría llegar más adelante. El plan sería que, si la nueva junta directiva lo aprueba, le harían llegar una oferta al entrenador con ciertos objetivos a cumplir.
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Una operación desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada permitió desmantelar una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que borraban cuentas millonarias de la contribuyentes que se gestionaban a través del sistema E-Tax que habían sido pagados al fisco.
La investigación a cargo del fiscal Emeldo Márquez estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención que los créditos otorgados quedaran pago no aplicados y luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real.
En este caso las autoridades de la DGI han establecido una afectación patrimoniual en perjuicio del Estado que asciende a los $40 millones.
La DGI detectó anomalías por el manejo realizado por algunos funcionarios, por lo que procedió a interponer una denuncia en el Ministerio Público.
La fiscalía en conjunto con la Policía Nacional realizaron 23 allanamientos en las provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé en las que recuperaron equipos y otras evidencias.
Hasta ahora se han girado órdenes de captura contra 16 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares quienes presuntamente sacaron provecho económico de esta actividad ilegal.
Las diligencias dentro de la denominada operación Pandora, que se desarrolla desde hace varios meses por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.
El director de la DGI Camilo Valdés detalló que aún se realizan investigaciones administrativas para determinar el alcance definitivo y el impacto de las acciones de los actos ilícitos hoy bajo investigación.
Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.
En septiembre de 2025 seis funcionarios de la DGI fueron imputados por delitos informáticos y blanqueo de capitales por el manejo irregular de cuentas tributarias.
En este caso los imputados alteraban los registros legítimos de pagos asignándocelos a terceros y generando un desbalance en los estados fiscales de distintos contribuyentes.
En algunos casos se detectaron la anulación de boletas de pago, sin que el contribuyen hubiese alterado dicha transacción, lo que generó una investigación interna.
La Coordinadora Nacional de Representantes (Conare) incorporó a su propuesta de presupuesto para 2027 un incremento de 1,000 dólares mensuales para los representantes de corregimiento, con el objetivo de elevar sus salarios a 3,000 dólares.
El presidente de Conare, Celestino Vargas, recordó que durante el período gubernamental anterior (2019-2024) se les prometió aumentar sus ingresos hasta 3,500 dólares mensuales, un compromiso que nunca se materializó. Ahora, explicó, aspiran a un ajuste menor, de 1,000 dólares, que permitiría fijar el salario en 3,000 dólares mensuales.
Vargas defendió la petición al argumentar que los representantes son funcionarios de elección popular que mantienen un contacto permanente con las comunidades y que, en muchos casos, destinan parte de sus ingresos a atender necesidades sociales en sus corregimientos.
Incluso comparó sus remuneraciones con las de otros funcionarios administrativos y aseguró que existen secretarias que perciben salarios superiores a los de muchos representantes.
La solicitud fue sustentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de una propuesta presupuestaria de 58 millones de dólares para el funcionamiento de los consejos provinciales durante 2027, organismos que agrupan a todas las juntas comunales del país.
Vargas explicó que esa partida cubriría los salarios de los representantes principales y suplentes, además de los gastos operativos de los consejos provinciales en todo el país.
Actualmente existen 700 juntas comunales en Panamá. De aprobarse el ajuste, el incremento salarial tendría un costo aproximado de 700,000 dólares mensuales, equivalente a 8.4 millones de dólares al año.
Aunque la propuesta de Conare constituye, por ahora, una iniciativa, su viabilidad dependerá de la recomendación que formule el MEF sobre el monto que incorporará al proyecto de presupuesto. Posteriormente, la asignación será analizada y debatida por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El presidente de Conare también recordó que, durante la administración anterior, los representantes dejaron de recibir los gastos de movilización que algunos municipios otorgaban de acuerdo con su capacidad financiera.
Sostuvo que la eliminación de ese beneficio afectó especialmente a quienes deben desplazarse de forma constante para atender comunidades apartadas y rechazó la percepción de que todos los representantes cuentan con altos ingresos o privilegios económicos.
Señaló que existen representantes sometidos a investigaciones pese a haber cumplido con las normas vigentes al momento de ejecutar los recursos, y cuestionó que se les pretenda atribuir responsabilidad por el uso final que terceros dieron a ayudas económicas entregadas conforme a la ley.
El más reciente informe sobre la descentralización paralela revela que las auditorías a 663 municipios y juntas comunales detectaron 233.4 millones de dólares sin sustento razonable, tras revisar transferencias superiores a 320 millones. Los hallazgos dieron lugar a 339 denuncias ante el Ministerio Público y a 41 imputaciones y medidas cautelares por el presunto uso irregular de 47.9 millones en fondos públicos.
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El MOP evalúa la posible transformación de la marina del Club de Yates y Pesca en un nuevo espacio público para la ciudad.
Para ese fin, ha contratado a una empresa para que se encargue de realizar los estudios preliminares de topografía, batimetría y geotecnia que determinarán la viabilidad de un relleno (otro más...) en el área donde actualmente opera la marina del Yates y Pesca.
Estos trabajos ya fueron adjudicados —por la vía directa— por $247,705 a la empresa Ingeniería Continental, S.A.
La contratación, indica un informe del MOP, es parte del proyecto denominado “ Parque de la Bahía ”, un espacio con el que “el Gobierno busca ampliar las áreas de recreación urbana en la capital”.
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La Prensa contactó al MOP para conocer el alcance del proyecto denominado “Parque de la Bahía”.
“La adjudicación de este contrato forma parte de una iniciativa más amplia del MOP, cuyo objetivo es evaluar la factibilidad de un gran parque urbano en la cinta costera, en el área de la marina del Club de Yates y Pesca”, respondió el ministerio, en un mensaje que compartió con este medio a través de su oficina de prensa.
“Esta visión nace de la necesidad urgente que tiene la ciudad de contar con espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza. Sabemos que, en medio de la urbanización acelerada, el ciudadano panameño carece de pulmones verdes que le permitan escapar del ritmo frenético y conectar con la calma de un espacio natural. Por ello, buscamos crear un lugar que no solo promueva la salud mental y física de las personas, sino que, además, actúe como un símbolo de una ciudad que apuesta por la sostenibilidad, la limpieza y la calidad de vida”, agregó el MOP en su comunicación.
Recalca que los estudios son “preliminares” y permitirán adoptar “decisiones informadas, asegurando que este espacio, de concretarse, sea un legado verde y un refugio para las futuras generaciones”.
¿Será que, finalmente, el club se irá de ahí?