u/SeaworthinessFit6754

según el New York Times "la Unión Europea y EEUU han presionado a otros países para que restrinjan o eliminen programas similares, los cuales eran vistos como susceptibles de explotación por parte de evasores fiscales o personas acusadas de delitos que buscan evitar ser procesadas"

https://www.nytimes.com/es/2026/10/02/espanol/america-latina/argentina-pasaporte-dorado.html

La Disposición Transitoria Primera (1994) declara la soberanía argentina y su recuperación como objetivo «permanente e irrenunciable», pero inmediatamente condiciona su ejercicio a que se haga «respetando el modo de vida de sus habitantes» y conforme al derecho internacional.

Y esto encaja casi perfectamente con la distinción que hizo la ONU desde la Resolución 2065: la solución de la controversia debe alcanzarse entre Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta «los intereses de la población» de las islas.

La Resolución 1514 (XV) de 1960, que establece el marco general de descolonización, afirma dos principios simultáneamente:

1. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y, en virtud de ella, determinan libremente su condición política.
2. todo intento dirigido a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con la Carta de la ONU.

Cuando la Asamblea General aplicó esa misma Resolución 1514 específicamente a Malvinas, mediante la Resolución 2065 (XX) del 16 de diciembre de 1965, no dice «que los habitantes decidan», sino que reconoce que existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, invita a esos dos gobiernos a negociar una solución y les ordena tener en cuenta:

«los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)».

No sus wishes —deseos o voluntad— sino sus interests.

Lo que hizo institucionalmente la ONU fue no utilizar la autodeterminación de los habitantes como mecanismo para resolver la soberanía de Malvinas

El Observatorio advierte además sobre la crisis de salud mental: en 2025 se ejecutó el 31,2% del presupuesto del área y reclama que se declare la emergencia. Larroude mencionó entre los factores que afectan especialmente a los jóvenes “la ansiedad, la depresión y el aislamiento”, además del consumo de drogas, la ludopatía, la falta de empleo formal y el endeudamiento.

Los últimos datos disponibles por edad, correspondientes a 2024, muestran que el 45,3% fueron adolescentes y personas en su juventud temprana. Según el Observatorio de Política Criminal, el suicidio en Argentina se volvió la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.

Mi favorita es esta:

Caputo escribió “Datos oficiales matan encuestas” al celebrar el Índice de Confianza en el Gobierno de la Di Tella.

Pero el ICG se construye precisamente a partir de una encuesta de opinión pública, mediante trabajo de campo de Poliarquía.

Hay una asimetría bastante concreta en la reforma del BCRA, y no hace falta atribuir intenciones: está en el articulado.

Por un lado, se endurece fuertemente el financiamiento monetario interno:

• El art. 7 modifica el art. 19 de la Carta Orgánica para prohibir al BCRA conceder préstamos a Nación, provincias, CABA y municipios.
• El art. 9 agrega expresamente la prohibición de comprar títulos públicos nacionales en el mercado primario.
• El art. 18 deroga directamente el actual art. 20 de la Carta Orgánica, es decir, elimina los adelantos transitorios al Tesoro.

Pero, al mismo tiempo, el proyecto amplía capacidades financieras externas:

• El art. 5 incorpora expresamente a los “bancos internacionales” entre las contrapartes de las que el BCRA puede tomar préstamos, por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como agente financiero.
• El art. 13 permite que activos que integran las reservas sean utilizados como garantía en operaciones propias de banca central.

Y acá está para mí el punto más difícil de justificar: el art. 21 deroga el art. 61 de la Ley 24.156. Ese artículo hoy establece que, antes de formalizar una operación que genere deuda pública externa, el BCRA debe emitir una opinión sobre su impacto en la balanza de pagos.

O sea: no se elimina todo control sobre el endeudamiento externo, ni el BCRA tenía poder de veto. Pero sí se elimina un control técnico, previo y documentable específicamente referido al costo externo de la deuda, exactamente al mismo tiempo que se cierran los canales de financiamiento monetario interno y se amplían ciertas posibilidades de financiamiento y garantía externas.

Esto no es una interpretación sobre las intenciones del Gobierno. Es literalmente la combinación de los arts. 5, 7, 9, 13, 18 y 21 del proyecto.

🫠

Aclaremos que la propiedad privada ya es constitucionalmente inviolable. El proyecto no parece estar protegiéndola frente a una expropiación, sino modificando quién puede adquirir determinados bienes y en qué cantidad. Presentar toda restricción regulatoria como una violación de la propiedad equivale a convertir cualquier límite legal al mercado en una agresión constitucional.

“Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” intenta hacer desaparecer tres cosas:

qué propiedad está en juego: grandes extensiones de tierra productiva;

qué regulación se elimina: los límites a la concentración y extranjerización;

quién obtiene la nueva facultad: capitales extranjeros, no “los propietarios” en abstracto.