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La Comisión no solo avala la devolución a Marruecos de todos los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, sino que también respalda que la misma devolución incluya a los menores de edad, más de 2.000 según los registrados en la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad autónoma.

«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», ha indicado el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha querido creer las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica.

Y es que uno de los principales miedos de los socios europeos es que algunos de los 10.000 inmigrantes que se calcula que todavía permanecen en Ceuta entre en Europa a través de España. Por este motivo precisamente, Italia suspendió el espacio Schengen con España para los viajeros no comunitarios y Francia ha reforzado los controles aduaneros en la frontera con nuestro país.

Pero capítulo especial en las declaraciones del portavoz de Interior de la Comisión Europea ha tenido la cuestión de los menores de edad, que en España tienen un régimen aparte que complica su devolución, especialmente los que no cuentan con familia identificada.

En este sentido Lammert ha explicado que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados».

Una previsión de 300 asistentes, entre ellos cuatro ministros, "zona VIP", barra libre de bebidas, comida popular, cena tipo cóctel y un programa de actividades de nueve horas de duración, que ha concluido con la actuación del grupo de indie La Habitación Roja. El importe de la factura: 72.358 euros. Éste es el presupuesto que ha destinado el Gobierno para la organización del acto institucional en el Observatorio de Yebes (Guadalajara) con motivo del eclipse total de este miércoles.

El proceso de contratación se realizó a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), un organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sólo hubo una oferta, la de la empresa Fandom Comunicación, que se ofreció a encargarse del alquiler, montaje y desmontaje de la estructura temporal e instalaciones y de los servicios auxiliares para la celebración del encuentro por 59.800 euros más IVA, 100 euros menos del precio de licitación.

La crisis migratoria vivida la semana pasada en Ceuta ha trasladado el debate también al Mundial de fútbol de 2030. Vox, Podemos y Sumar han reclamado revisar la participación de Marruecos en la organización conjunta del torneo que compartirá con España y Portugal.

La última formación en sumarse a esta posición ha sido Vox, que este jueves registró una proposición no de ley para revisar la participación de Marruecos como país coorganizador. Según el partido de Santiago Abascal, los "gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida".

Un día antes, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, había pedido expulsar a Marruecos de la organización del campeonato. En declaraciones a Cuatro y a través de las redes sociales, sostuvo que España debería organizar el Mundial únicamente junto a Portugal y afirmó que Marruecos no debería ni siquiera disputar la competición, al igual que, en su opinión, ocurre con "todas las dictaduras".

El 'ático secreto' que la Comunidad de Madrid compró para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo usara como "oficina" temporal —pese a que en el catastro aparece como uso residencial— se adquirió a precio de mercado por 6,3 millones, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional a laSexta.

Apenas un día después de que se supiese de su existencia y se levantara la polémica, Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario, ha anunciado el inicio del proceso de venta de varios inmuebles entre los que se encuentra ese ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí, en pleno centro de la capital.

El Gobierno ha cesado de su cargo a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional tras publicar el pasado viernes la cifra de unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta la pasada semana procedentes de Marruecos.

Una decisión que se ha adoptado, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo este lunes, por pérdida de confianza en esa persona y que supone su cese en el cargo que tenía hasta ahora, pero no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó en varias ocasiones al ministerio del Interior de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos. Según confirman a la SER fuentes relacionadas con la seguridad del Estado fueron varios avisos durante las semanas previas a la crisis migratoria en la que han muerto al menos 94 personas durante la entrada masiva de más de 50.000 personas, a través de la frontera de Ceuta.

“Interior tenía muchas advertencias por parte del CNI”, reafirman estas fuentes que sitúan el punto de inflexión en la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que zanjó que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla. Aquella sentencia provocó un “efecto llamada” porque se detectó un ángulo muerto administrativo que se aprovechó por parte de las mafias para jalear y organizar una entrada masiva.

Shigeru Miyamoto, the legendary Nintendo executive and one of the most influential creators shaping the video game industry through mascots and characters such as Mario, Zelda, Donkey Kong, Star Fox, and more, discussed the reason why the Nintendo DS and Nintendo Wii became Nintendo’s next consoles for the seventh generation. According to Miyamoto, the decision was largely driven by the underwhelming performance of the Nintendo GameCube, which trailed behind the Nintendo 64’s nearly 33 million lifetime sales.

He spoke candidly in a wide-ranging interview with Japanese outlet Famitsu, where the longtime Nintendo executive and designer explained that, at the time, Nintendo’s then-president, Satoru Iwata, believed the GameCube’s poor performance in the home console market was rooted in a simple idea: most of the world still did not see gaming as a normal, approachable everyday hobby the way it’s seen today. Based on that core problem, Nintendo felt it was difficult to persuade customers to buy and play a GameCube if they had never played on a console before.

Los líderes de 22 países europeos han advertido de que políticas como la regularización de un "número muy elevado" de migrantes pueden actuar como "factores de atracción" y han vinculado la crisis en Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, ha sido utilizada para "desencadenar este ataque" y "abusar" del sistema europeo de migración y asilo.

En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, y al primer ministro irlandés, --presidencia--- los firmantes reclaman una videoconferencia urgente de los ministros de Interior de la UE y avisan de que están dispuestos a "reforzar o reintroducir controles temporales" en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios, pese a que todavía no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa.

"No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", han avisado los dirigentes, que consideran especialmente peligroso que pueda extenderse la idea de que "la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal".

El Ministerio del Interior español cifra en más de 49.000 los inmigrantes que han entrado en Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma. La llegada masiva de personas ha desbordado por completo la capacidad de respuesta de las autoridades españolas y de las organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno, en una ciudad de apenas 83.000 habitantes.

Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado este jueves al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el «salto cualitativo» que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos. La Junta de Portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.

La petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo tres medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para «garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana», y el cierre de la frontera del Tarajal.

En el comunicado remitido tras el encuentro, la Junta de Portavoces justifica esta petición por el «salto cualitativo» registrado en la persistente entrada masiva de inmigrantes, una situación que, según señala, se ha agravado en las últimas horas con la llegada «a pie, sorteando el espigón del Tarajal, y de manera igualmente masiva».

Extracto del programa 'Viajando con Chester' emitido el 21 de septiembre de 2014 en Cuatro.

El Gobierno ha concedido este martes el indulto de la pena de prisión impuesta a la expresidenta del Parlamento catalán y exdirigente de Junts Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

En el último Consejo de Ministros del curso político, tras el cual ha comparecido el presidente Pedro Sánchez para hacer balance, el Ejecutivo ha concedido de forma sorpresiva la medida de gracia a la política catalana de forma parcial y le rebaja la pena a dos años de cárcel. El resto de la condena, multa e inhabilitación de 4 años, se mantiene.

Junts había reclamado, en las primeras negociaciones de la amnistía, que también se le aplicara a Borràs, pero finalmente accedió a que la ley no contemplara delitos que no tuviesen relación con el proceso independentista. La expresidenta de los posconvergentes quedó, por tanto, fuera de los márgenes que preveía la norma.

El Gobierno justifica ahora, dos años después de la aprobación de la ley de amnistía por parte del Congreso, el indulto a Borràs porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fue el que la condenó, afirmó en su propia sentencia que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

El Congreso de los Diputados lo ha vuelto hacer. Una semana después de rechazar la senda de estabilidad del Gobierno para 2027-2029, el pleno ha vuelto a tumbar la ley obteniendo el mismo resultado. Con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el Congreso establece un nuevo revés político demostrando que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas.

En total, la iniciativa del Gobierno ha contado con 176 votos en contra, 166 votos a favor y la abstención de Podemos. Este fracaso parlamentario, además, acerca el posible adelanto de las elecciones generales porque el propio Sánchez se mostró dispuesto a sacar las urnas si la Cámara Baja le tumbaba las cuentas.

El Ejecutivo ha optado por llevar de nuevo la misma senda de estabilidad y los mismos objetivos de déficit que ya habían sido rechazados por el Congreso la semana pasada, sin pasar por una negociación con los grupos para intentar recabar apoyos. Y es que la ley de estabilidad presupuestaria obligaba a esta segunda votación en la Cámara. No obstante, el rechazo de los objetivos de déficit supone que las comunidades autónomas se queden sin los 5.849 millones de margen fiscal que suponía contar con una décima de déficit (0,1 % del PIB) para cada uno de los próximos tres años.

El pagador y presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero,Julio Martínez Martínez, ha remitido un escrito este lunes al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama con "el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan" en el denominado caso Plus Ultra. Este movimiento procesal se produce horas antes de que el investigado preste declaración ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción.

En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, Julio Martínez Martínez confiesa que supo de "la existencia de Plus Ultra" en mayo de 2020, "cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

En relato remitido a la Audiencia Nacional sostiene que "el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola [en referencia a Julio Martínez Sola dueño de Plus Ultra] y Roselli [Roberto Roselli CEO de la aerolínea] y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación".

La bandera de la educación pública ha ocupado un lugar destacado en el discurso político del Gobierno de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, las prioridades presupuestarias aprobadas este martes por el Consejo de Ministros dibujan un escenario distinto. El Ejecutivo ha autorizado una transferencia de crédito de 309.840.377,20 euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para financiar insuficiencias en el Capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal.

El acuerdo aprobado por el Gobierno no deja margen a la interpretación sobre el destino de los fondos. Los casi 310 millones de euros saldrán del presupuesto de Educación para sufragar nóminas, cotizaciones sociales, trienios, complementos y el resto de obligaciones de personal del departamento que dirige Félix Bolaños, uno de los ministerios con mayor peso dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo.

David Sánchez ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación, como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la diputación pacense en el año 2017. Además, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Institución Provincial en ese momento y exsecretario general del PSOE extremeño hasta el pasado diciembre, ha sido igualmente condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.

La sentencia se ha dado a conocer en la mañana de este martes y afecta también a otros nueve investigados, entre cargos públicos y trabajadores de la diputación. Los 11 procesados se sentaron en el banquillo de los acusados del 28 de mayo al 9 de junio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Los magistrados han determinado que todos los procesados sean condenados. Todas las penas van dirigidas a la inhabilitación, pero no sentencian con privación de libertad para ninguno de ellos. Las acusaciones populares pedían 6 años de cárcel para cada uno de los acusados, excepto el sindicato Manos Limpias que pedían 3.

El Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a la prórroga del reglamento conocido como Chat Control 1.0, que permite a las grandes plataformas tecnológicas escanear de forma voluntaria las comunicaciones privadas de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil, sin necesidad de sospecha previa ni de orden judicial.

La decisión llega apenas cuatro meses después de que ese mismo hemiciclo, en marzo, aprobara justo lo contrario: una enmienda que prohibía el escaneo indiscriminado y exigía una orden judicial individualizada para cualquier vigilancia de las comunicaciones.

El vaivén es el reflejo de una negociación europea que lleva cuatro años atascada entre dos visiones irreconciliables de lo que debe ser la privacidad digital.

La votación de este jueves ha dejado un resultado que, a primera vista, resulta contradictorio. De los eurodiputados presentes, 314 se pronunciaron en contra del texto, frente a 276 a favor y 17 abstenciones. Es decir, la mayoría votó en contra.

Pero el reglamento ha salido adelante de todos modos, porque el procedimiento exigía que la moción de rechazo reuniera una mayoría absoluta de 361 votos, y no llegó a esa cifra. El resultado: el escaneo masivo voluntario queda habilitado hasta 2028, pese a que la mayoría simple del Parlamento se opuso a él.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para promocionar «DMOCRACIA», una marca de ropa creada por el propio Ejecutivo con el objetivo declarado de acercar los «valores democráticos» a los jóvenes. Para difundir la iniciativa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha recurrido a varias influencers, entre ellas la creadora de contenido Marina Rivers.

La campaña forma parte de las iniciativas impulsadas con motivo de la celebración de los «50 años de España en libertad». Para financiar los gastos asociados al Comisionado encargado de estos actos, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Mercedes González se convirtió este jueves en la primera directora de la Guardia Civil imputada en un procedimiento penal desde la etapa de Luis Roldán. Y lo hizo por una acusación tan grave como conspirar contra sus propios agentes para torpedear su trabajo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a González y al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, por sus vínculos con las maniobras de Leire Díez, la supuesta cabecilla de las cloacas de Ferraz, para forzar investigaciones internas contra la UCO por supuestas filtraciones en causas que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

El instructor respondió en cuestión de minutos a la petición de imputación formulada por Anticorrupción. La Fiscalía atribuye a la directora de la Guardia Civil y al DAO delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por su papel en la apertura de actuaciones internas contra la unidad que investigaba, entre otras, las causas de Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez e Hidrocarburos. Pedraz les ha citado el 16 de julio, a las 10.15 horas.

La providencia sostiene que existen indicios de responsabilidad de González y Llamas en hechos que, «prima facie», podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito contra la Administración de Justicia. El juez acepta así el criterio de Anticorrupción y de la acusación popular unificada, que también había pedido la imputación de los dos mandos.