
u/Angel24Marin

La crisis energética dispara el margen del refino mientras erosiona el de otros sectores
>Los productos derivados se encarecen más que el Brent y elevan la rentabilidad de refinar a máximos desde 2022. La distribución se mantiene estable, pero las actividades más expuestas a la energía con menor capacidad de repercusión se ven afectadas
El conflicto iniciado a finales de febrero en Oriente Medio ha disparado los precios del petróleo y, más aún, los de los productos refinados, lo cual se ha traducido en un incremento de los márgenes de las empresas que se dedican a ello, también en España. Así lo constatan los datos publicados por la Agencia Tributaria este lunes, en los que se observa ya el impacto en la actividad empresarial hasta junio de una nueva crisis energética que está durando más de lo previsto.
La ratio entre el resultado bruto de explotación (RBE) y las ventas de la rama de actividad de coquerías y refino de petróleo marca un 2,2% para 2026 tras incorporar la información de los modelos de IVA y de retenciones por rendimientos del trabajo del primer y del segundo trimestre del año. El margen sobre ventas se asemeja al margen EBITDA y no equivale al beneficio neto; es lo que le queda a la empresa de cada 100 euros vendidos después de pagar compras y salarios, antes de amortizaciones, intereses e impuestos.
Ese 2,2% estimado con los datos disponibles hasta el momento es el mayor nivel desde 2022, cuando alcanzó un 5,2%. De hecho, aunque por el momento se encuentra lejos de lo que sucedió tras la invasión rusa de Ucrania, las petroleras están experimentando un repunte de sus márgenes desde niveles históricamente bajos, del 0,8% en 2025, según el avance de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades (IS), publicadas también este lunes.
Este incremento de la rentabilidad no llega, por ahora, al resto de la cadena del combustible. En el comercio mayorista de carburantes, el margen estimado sobre ventas para 2026 se sitúa en el 1,4%, al igual que en 2025, siendo ambos los niveles más bajos de la serie histórica. Y en la venta en estaciones de servicio (el comercio minorista), el margen apenas se mueve del 3,6% de 2025 al 3,8% estimado para 2026, el mismo nivel que en 2024, aunque es el único eslabón que ya opera por encima de su promedio previo a la crisis energética.
De hecho, la CNMC detecta en su informe de vigilancia del sector publicado en junio que la actividad minorista de combustible tuvo una "tendencia creciente de márgenes" entre 2023 y 2024 que "merece un especial seguimiento". En 2022, el beneficio derivado de la crisis energética se concentró en la fase industrial y fue el último eslabón, el que vende al consumidor, el que vio comprimido su margen, algo que, por el momento, no se aprecia en esta crisis, a la que las gasolineras llegan además recuperadas en rentabilidad en comparativa histórica.
Por otra parte, el contraste de los márgenes del refino con los del resto del tejido empresarial es claro, ya que apuntan a una ligera reducción respecto al año anterior, siguiendo un patrón habitual en un shock de costes. Primero, las empresas soportan el aumento en la factura energética antes de poder repercutirlo, y esa parte de la inflación se carga inicialmente en sus márgenes.
El encarecimiento del diésel triplica al del Brent
El aumento de los márgenes de refino sucede a nivel internacional. Según señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe petrolero, relativo a julio, los márgenes en la cuenta del Atlántico y en Europa se habían impulsado a "máximos históricos". En España, Moeve registró un margen de 11,3 dólares por barril en el segundo trimestre de 2026, frente a 5,8 del mismo periodo de 2025.
Repsol lo elevó hasta los 14 dólares por barril entre abril y junio, muy por encima de los 5,9 del año anterior, pero todavía lejos de los 23,3 dólares del pico de la crisis de 2022. De las ocho refinerías españolas, cinco pertenecen a Repsol, dos a Moeve y una a BP, que no publica su margen de refino desglosado.
Que la rentabilidad de refinar crudo se dispare en una crisis energética es esperable, más dada la escasez actual de productos al coincidir tres disrupciones claves que reducen la capacidad de refino. La disminución de las exportaciones desde Rusia tras los ataques ucranianos; la permanencia del conflicto en torno al estrecho de Ormuz, que limita el flujo de productos procedentes de Arabia Saudí y de Kuwait; y la reducción de procesado y exportación de China.
En conjunto, esos sucesos restan casi cinco millones de barriles diarios de oferta de refinados en comparativa interanual, según la AIE, y a partir de septiembre se sumarán las paradas habituales de mantenimiento en las refinerías de EEUU, lo que comprimirá aún más el mercado. Por el momento, el diésel de referencia en Europa, el gasóleo ARA, registra un precio un 67,2% superior al del 27 de febrero de 2026, mientras que la gasolina Eurobob se ha encarecido un 42,2% y el Brent un 22,1%.
Es decir, el encarecimiento del diésel es tres veces superior al del crudo. Traducido a dólares por barril, el diésel se sitúa en el entorno de los 163 y la gasolina en los 118, diferencias con el Brent de 74,6 y 29,2 dólares, en máximos no vistos desde los peores momentos de 2022.
Sin energía, los márgenes descienden
Además de los combustibles, los sectores que suministran gas y electricidad también han experimentado un aumento en sus márgenes en consonancia con el repunte en los precios de ambos productos. El margen sobre ventas estimado para 2026 de este sector asciende al 17,5%, más de un punto por encima del de 2025 (16,3%). De hecho, si se descuentan el refino, la energía y el comercio mayorista de combustibles del total, los márgenes del conjunto de la economía se estarían reduciendo ligeramente en 2026 hasta el 7,8% frente al 8,2% del año anterior.
A falta de conocer la evolución en la segunda mitad del año, una explicación es que las empresas soportan los incrementos en sus costes de producción por los mayores precios energéticos, pero en el corto plazo solo pueden repercutir una parte en los precios finales, de manera que el resto lo asumen los márgenes. Esto es lo que sucedió en 2022 y dio lugar a una recuperación de los márgenes en años posteriores, cuando se abarataron los insumos.
El descenso se aprecia, por ejemplo, en la agricultura y la construcción, pero otros sectores claves mantienen sus márgenes del año anterior o incluso los incrementan, como es el caso del transporte terrestre, la industria de la alimentación, el comercio al por menor de alimentos y la hostelería. En el caso de la agricultura y la construcción, ambos presentan una traslación de costes complicada en el corto plazo por el intensivo uso de gasóleo y de fertilizantes en el primer caso y por trabajar con contratos a precio cerrado meses antes del shock en el segundo.
El transporte terrestre, en cambio, tiene una cláusula legal de revisión del precio del gasóleo obligatoria desde la reforma de 2022, por lo que repercute el incremento más rápidamente, y la alimentación, el comercio de alimentos y la hostelería tienen como insumo principal materias primas agrarias, por lo que la presión inflacionista tarda más en llegar. En el caso de la hostelería, además, el aguante es mayor mientras el turismo y la demanda interna se mantengan fuertes.
Asimismo, hasta junio amortiguaron el impacto las rebajas fiscales del Gobierno, pero el escudo se redujo en julio con el fin de las bajadas del IVA de la luz, del gas y de los carburantes, justo cuando la crisis se agravaba. Solo continúan los descuentos en el impuesto de hidrocarburos, una protección menor que la vigente entre marzo y junio. Si la crisis se prolonga sin ampliar las ayudas, las repercusiones sobre los márgenes y sobre la inflación —del 3,6% en julio— serán mayores.
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>Bruselas modifica su radar comercial para medir cómo afecta la sobrecapacidad industrial y cuadruplica los productos bajo alerta. La automoción encabeza la lista por la presión que ejerce China
La preocupación del tejido empresarial europeo por la pérdida de competitividad internacional cala cada vez más en las instituciones comunitarias, que este verano han dado un paso clave para justificar medidas de protección comercial. La Comisión Europea ha publicado un "barómetro de las importaciones" en el que señala, explícitamente, los productos que se podrían estar viendo perjudicados por las industrias extranjeras y de qué países provienen.
La UE intenta así endurecer su postura sin traicionar completamente su identidad de libre comercio ni incumplir los compromisos con la OMC, a pesar de que otros competidores lo hagan de manera reiterada. El nuevo mecanismo de vigilancia de las importaciones se suma a toda una batería legislativa para simplificar la regulación de la UE y para priorizar la producción europea en las contrataciones públicas, que pretenden frenar el deterioro competitivo en un mundo cada vez menos cooperativo y más proteccionista.
Bruselas ha pasado de medir desvíos comerciales puntuales a la UE, provocados por la imposición de aranceles en terceros mercados, a analizar el impacto del "exceso de capacidad industrial" de otras regiones "a menudo fomentado por políticas y medidas de apoyo estatales". El motivo de este cambio es, según detalla la Comisión, atender "la preocupación expresada por la industria de la UE". Se pretende abordar el problema analizando la presión sistemática sobre los productos europeos para, posteriormente, "fundamentar las decisiones y acciones para proteger el mercado interior de la UE, su base industrial y, en última instancia, su seguridad y prosperidad económicas", explica el Ejecutivo comunitario.
Es decir, Bruselas basará sus instrumentos de defensa comercial en los resultados de esta renovada herramienta, puesta en marcha inicialmente en el verano de 2025. El barómetro considera como artículos afectados aquellos que cumplan los requisitos. La existencia de producción europea; un valor anual de importación de al menos 50 millones de euros; un crecimiento de al menos el 5,2% en el volumen respecto a años previos y una disminución de los precios medios. Estos criterios se seleccionaron porque el aumento del volumen de importaciones, combinado con la caída de los precios, puede indicar que las mismas están causando, o amenazan con causar, perjuicios a los productores de la Unión.
Ya están disponibles los primeros resultados del barómetro, que serán trimestrales, y reflejan que, de un total de 9.378 tipos de productos (códigos aduaneros) adquiridos del exterior entre abril de 2025 y marzo de 2026, 3.498 se fabricaban también en países de la Unión y tuvieron un valor de importación anual individualizado de al menos 50 millones de euros. Aplicando los criterios citados, un incremento constante del volumen y una disminución del precio, 869 códigos resultaron como potenciales perjudicados, lo que representa el 9% de todos los productos importados y el 26% de los fabricados en la UE con flujos de compras al extranjero significativos.
Sin embargo, la magnitud va más allá del número de partidas afectadas debido al abultado desembolso que conlleva comprar esas mercancías al exterior. En el año analizado, las compras bajo los 869 códigos señalados supusieron el 20% del valor del total de las importaciones realizadas por la UE en ese periodo. Sumaron un total de 439.000 millones de euros, una cifra que, por establecer una comparativa visual, equivale al PIB de Dinamarca.
Con la nueva metodología, el número de códigos afectados es algo más de cuatro veces superior al detectado con la metodología anterior (209 en el último análisis de mayo de 2026). Esto se debe a que los criterios originales eran más restrictivos, ya que exigían no solo un aumento de las importaciones a precios reducidos, sino también la existencia de un repunte a corto plazo para que la mercancía fuera incluida. El nuevo sistema permite detectar mejor las tendencias de medio y largo plazo y refleja que el problema de la industria de la UE es mayor.
China y la automoción, los principales señalados
Los artículos bajo presión se concentran en los sectores de maquinaria (126), textiles y confección (123), metales (116), químicos (98) y equipos eléctricos (78). En términos de valor, los más afectados son los equipos eléctricos (con el 18% del valor total de las importaciones de los productos bajo presión), seguidos de los textiles (15%), los equipos de transporte (13%), la maquinaria (12%), los productos químicos (8%) y los metales básicos (7%).
Por códigos concretos, los tres más afectados por valor son: las baterías (acumuladores de iones de litio imprescindibles en teléfonos, ordenadores, coches eléctricos y paneles solares); los turismos híbridos convencionales (HEV) y los híbridos enchufables (PHEV). Estos han registrado un alza anual en las importaciones del 82%, el 9% y el 98%, respectivamente, y una caída en los precios del 25%, el 8% y el 19%.
Los tres son eslabones de la misma cadena de valor del vehículo electrificado, suman 52.400 millones de euros en importaciones y apuntan a que la presión se concentra especialmente en la automoción, sector en el que hasta hace poco la UE había sido líder mundial en exportaciones (con Alemania a la cabeza).
El análisis identifica a China como principal origen de las presiones en este y en prácticamente todos los ámbitos sectoriales, y ya sugiere los próximos pasos. En su texto precisa que los híbridos enchufables no están cubiertos por los aranceles vigentes contra los eléctricos de batería chinos porque quedaron fuera de aquella investigación concluida en 2024 y advierte de que "vigila" el "llamativo" aumento registrado, sin anunciar todavía una investigación ni acciones concretas.
Medidas de defensa comercial
En general, el mensaje de Bruselas tras efectuar el análisis es que el Ejecutivo comunitario está "preparado para movilizar todos los instrumentos de defensa comercial de la UE", incluidas salvaguardias y medidas antidumping y antisubvenciones.
En paralelo a la implantación del nuevo mecanismo de alerta, la Comisión está incrementando sus acciones. Por ejemplo, imponiendo derechos antidumping a las importaciones de hilos de poliamida procedentes de China (usados en la industria textil en ropa deportiva y trajes de baño, especialmente) y ha iniciado una consulta para barajar si amplía los aranceles en el sector del acero (algunos ya entraron en vigor el uno de julio de 2026).
Previamente a la publicación del nuevo barómetro, también impuso derechos antidumping definitivos a los neumáticos y al ácido adípico chinos (estos últimos usados en una amplia variedad de industrias como el textil, los muebles, la automoción y la construcción). Todos ellos derivados de investigaciones que se han prolongado durante meses. Según explica la economista Alicia García Herrero, el reglamento del acero supone un punto de inflexión por su dureza (reduce prácticamente a la mitad las cuotas libres de aranceles para el acero importado) y por la retórica bajo la que se ha aprobado, pero la UE debe decidir ahora si ese es el modelo que quiere replicar para el resto de los sectores, una realidad difícil de materializar sin dañar las propias cadenas de valor europeas.
Por el momento, la Comisión invita a los productores de la UE a compartir su conocimiento detallado sobre el mercado y su situación económica para profundizar en las medidas comerciales si es necesario, mientras lanza un paquete legislativo más amplio relativo a la competitividad. En él se encuadra la iniciativa "Made in Europe", que se pretende adoptar en 2027, para priorizar a los productos y servicios fabricados en la UE en la contratación pública.
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archive.isLas empresas españolas se quedan con dos de cada tres euros de los contratos del plan de defensa
>Uno de los objetivos de la inversión militar era impulsar el crecimiento de las empresas nacionales. Los contratos se concentran en cuatro provincias: Madrid, Albacete, Asturias y Sevilla
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan para elevar el gasto en defensa, precisó que uno de los objetivos principales era reforzar la industria española. La intención de Moncloa era que las empresas nacionales consiguieran el grueso de los nuevos contratos para estimular su crecimiento, el empleo y también fomentar que pudieran exportar al resto del mundo. Un estudio de BBVA Research sobre los contratos públicos adjudicados muestra que la mayor parte se han quedado en España.
En el periodo 2022-2025, España ha adjudicado contratos del espectro militar por valor de casi 41.000 millones de euros. De esta cuantía, 23.000 millones se han adjudicado íntegramente a empresas con sede en España y otros 10.600 millones a consorcios mixtos de empresas nacionales y europeas. Esto significa que en torno al 70% del plan de defensa se ha quedado dentro de España.
Tal avalancha de contratos públicos está permitiendo reforzar a las empresas del sector de defensa nacionales. No todas proveen equipamiento militar, ya que el plan de seguridad incluye también satélites (Hispasat o Airbus), ciberseguridad (GMV), sistemas de transmisiones (SAPA) o incluso algunos de los programas de ingeniería que cubre Escribano M&E.
El ritmo de adjudicación de contratos militares se disparó en la segunda mitad del año 2025. El Gobierno ha realizado todas estas asignaciones sin presupuestos generales del Estado, por lo que el dinero se ha movido a través de acuerdos del Consejo de Ministros. Sólo en el mes de diciembre se aprobó un gasto que supera los 18.000 millones de euros a ejecutar hasta 2035.
El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, señala que "la industria española concentra buena parte del esfuerzo inversor". Entre los contratos ya asignados (no las partidas de gasto aprobadas por el Consejo de Ministros), el peso de las empresas españolas ha aumentado hasta cerca del 70%, frente al 62% del promedio 2019-2021. En total, si se suman adjudicaciones a empresas de la Unión Europea, se alcanza el 89% del total del gasto.
Las empresas españolas cubren prácticamente la totalidad de los contratos destinados a los ámbitos terrestre y naval, y su participación se ha incrementado considerablemente en el ámbito del aire.
También ha aumentado la participación de empresas estadounidenses en los contratos públicos, en especial con suministros y equipamiento para el Ejército de Tierra. En total, se han llevado el 7,5% de los fondos asignados, cerca de 3.600 millones de euros.
Polos industriales
Otra de las características de estos contratos públicos es la existencia de algunas grandes empresas que concentran la mayor parte de las adjudicaciones en polos de capacidad militar. "La contratación pública en defensa presenta una elevada concentración empresarial española", señala el estudio. De hecho, las pymes están teniendo dificultades para subirse a este plan.
Una tribuna publicada en este periódico por Valentín V. García-Echave y Héctor Pérez Tapia, del despacho Ejaso, señalaba que el principal problema de las pymes para aprovechar esta corriente de inversión pública son las barreras regulatorias. Por el momento, son las grandes empresas nacionales las que están aprovechando la avalancha de contratos públicos.
También existe una concentración de contratos en cuatro provincias españolas. Son Madrid, Albacete, Asturias y Sevilla, que están acaparando una parte significativa de los contratos. "La distribución territorial responde a la localización de las capacidades de diseño, fabricación, integración y sostenimiento, más que a la ubicación de los organismos contratantes", explica BBVA Research. Esto es, no depende de dónde esté la sede social, sino del lugar en el que esté instalada la capacidad productiva.
Este impulso que está recibiendo la industria de seguridad y defensa española también le está permitiendo salir a competir al extranjero. Las exportaciones anuales se han duplicado en los últimos años. En concreto, España ha pasado de exportar unos 12.000 millones de euros anuales en el periodo 2019-2021, a alcanzar los 25.000 millones de euros en el periodo 2022-2026.
La mayor parte de las exportaciones son del sector aeronáutico y los principales compradores son Alemania, Italia y Francia. España forma parte de proyectos comunitarios, como el Eurofighter, que insertan al país en su cadena de valor, impulsando así sus exportaciones. De esta forma, las empresas españolas están consiguiendo subirse al boom de la inversión en defensa que está teniendo lugar en Europa. En términos económicos, la clave de todo este proceso está, precisamente, en contar con una industria capaz de absorber los contratos públicos y crear empleo de calidad en España. Porque, de lo contrario, el plan de defensa sólo serviría para transferir rentas al extranjero.
BBVA señala que España consiguió llegar al 2% de gasto en defensa sobre el PIB, tal y como era el objetivo que se fijó Moncloa. Sin embargo, advierte que "consolidar este nivel de gasto requerirá mantener un compromiso presupuestario sostenido en los próximos años". Esto es, el plan genera beneficios, pero implica un gran esfuerzo presupuestario para las arcas públicas en el momento en el que se está empezando a jubilar la generación del baby boom.
El dato que ilustra la crisis de vivienda: la construcción aporta al PIB tan poco como en el abismo de 2013
>La construcción aumenta, pero también la población y las necesidades de vivienda. La participación de la construcción en el PIB es incluso inferior a la de 2019
En su balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró el avance de la construcción en España. Moncloa presumió de haber "contribuido a que la construcción de obra nueva se incremente un 13%, hasta ser ya la mayor de los últimos 12 años". Incluso podía haber elevado el récord a los últimos 17 años, porque los visados de obra nueva han alcanzado su nivel más alto desde 2009, con 32.000 permisos concedidos en el último año para construir 140.000 viviendas nuevas, pero hay un problema de base en esta comparativa.
Si bien es cierto que España ha aumentado la construcción, también se han disparado las necesidades de vivienda, como consecuencia del rápido aumento de la población. Solo en el último año se han creado algo más de 250.000 hogares, lo que provoca que la concesión de nuevas viviendas ni siquiera cubra las necesidades de un año.
En definitiva, la estadística de visados de obra no ofrece información suficiente sobre el esfuerzo que está destinando España a resolver su grave crisis de vivienda. Por ejemplo, en 2015 se iniciaron algo menos de 50.000 viviendas, casi un 65% menos que en la actualidad, pero el número de hogares creados ese año apenas alcanzó los 47.000, un 79% menos que en la actualidad.
Por este motivo, es más ilustrativo comparar el peso de la construcción en el PIB. Esto es, el esfuerzo que dedica el país a construir más vivienda en relación con la producción total que es capaz de generar. Y lo que muestra esta comparativa es que la participación de la construcción en el PIB no ha aumentado nada desde el suelo posterior a la burbuja.
De hecho, el problema se ha enquistado. En términos relativos, se está construyendo tan poco como cuando desapareció toda la demanda de viviendas. Y aunque han pasado ya casi tres lustros, la curva de la construcción sigue completamente plana: no hay avances.
Así lo muestran los últimos datos del PIB, publicados la semana pasada por el INE. La construcción aportó algo menos de 26.000 millones de euros en el segundo trimestre del año. Supone un 5,4% del PIB, cifra en la que lleva ya un año y medio estancada. Esto significa que la construcción crece al ritmo del resto de la economía, por lo que nunca podrá solucionar el problema del retraso que lleva acumulado en estos años.
La realidad de España es que el peso de la construcción en el PIB se ha movido en una horquilla de entre el 5,1% y el 5,4% desde el final de la pandemia. Se trata, además, de una cifra inferior a la del año 2019, cuando se situó cerca del 6%. Dos legislaturas completas en las que el Gobierno ha sido incapaz de orientar más recursos de la economía a la construcción.
Hace un año, algunos economistas anticipaban que la construcción ganaría peso en el PIB para resolver la grave crisis de oferta. Esta previsión se asentaba sobre las bases de los continuos anuncios del Gobierno de las decenas de miles de viviendas que iba a construir. Por ejemplo, BBVA Research llegó a anticipar que la construcción generaría hasta un tercio del crecimiento económico. Sin embargo, un año después, apenas ha aportado el 5,3% del crecimiento económico.
Recuperar la inversión
La estadística del peso de la construcción sobre el PIB tiene algunas importantes ventajas para analizar la situación de la vivienda en comparación con la de los visados de obra. El motivo es que refleja la situación del sector en cada momento. Por ejemplo, si las promotoras aceleran la construcción, se ve reflejado en este dato, pero no ocurre lo mismo con las licencias de obra, que son mucho más inerciales (por requerir permisos).
La serie larga del INE muestra que España no ha avanzado nada en construcción desde el punto más bajo de la crisis inmobiliaria. La construcción ha sido persistentemente baja y esto genera un déficit creciente de viviendas. Solo en 2025 se crearon 110.000 hogares más que el número de viviendas terminadas.
En su último informe anual, el Banco de España señala que el déficit de vivienda en España supera ya las 750.000 unidades. Y lo peor es que prevé que la cifra siga aumentando en los próximos años. El motivo es que las licencias de obra no permitirán dar el impulso a la construcción que se necesita para alcanzar el ritmo de creación de hogares. Y la estadística de creación de hogares tampoco es un buen reflejo de la situación real, porque no recoge la demanda embalsada: personas que quieren emanciparse y formar su hogar, pero que no pueden hacerlo por la crisis de la vivienda. La situación real es peor de lo que reflejan los datos del Banco de España.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció la semana pasada la creación de una línea de inversión y ayudas a promotores en España para reactivar la construcción de vivienda a precios sociales. En concreto, se trata de un instrumento de inversión dotado de 12.250 millones de euros para hacer préstamos a promotores de vivienda asequible con un tramo de hasta el 30% de subvención.
Fuentes del ICO señalaron en la presentación que el problema de España es que no existe demanda a los costes actuales de construcción, porque los salarios son muy bajos para los costes. Y eso a pesar de que los precios de venta están disparados. El Instituto defiende que no es rentable construir vivienda asequible en España y que se necesitan ayudas públicas. Sin embargo, la realidad es que tampoco hay construcción para precios medios y ahí la rentabilidad no está en duda.
Más allá del problema de financiación, existen otros muchos cuellos de botella que el Gobierno no ha podido, o no ha querido, solucionar. Estos van desde las trabas burocráticas, la escasez de mano de obra y algunos problemas de suministro, hasta, sobre todo, el estancamiento de los planes urbanísticos.
Es cierto que el número de viviendas iniciadas y terminadas está aumentando en los últimos años. El problema es que también la población y el PIB están creciendo rápidamente, incluso más rápido. Eso significa que el problema no se resuelve, sino que se agrava. Para solucionar el desequilibrio entre oferta y demanda, sería necesario elevar el número de viviendas construidas por encima de las 300.000 al año, lo que elevaría el peso de la construcción en el PIB en más de un punto.
Hasta ese momento, el aumento de la construcción de unos miles de viviendas más al año será totalmente insuficiente para solucionar la grave crisis que vive España. Construir un poco más es siempre mejor que nada, pero las cifras actuales ni siquiera permiten ir corrigiendo el problema, que se agrava cada año.
La creación anual de empleo extranjero supera por primera vez la de españoles
archive.isLa crisis en Ceuta amenaza el récord exportador de Marruecos a España mientras la UE pone el foco en la frontera sur
>Rabat vuelve a tensar las relaciones con España en un contexto en el que la Unión Europea ya no tiene tantos reparos a las restricciones comerciales
El asalto masivo de la frontera de Ceuta ha sido visto con mucha preocupación por el sector empresarial. Las relaciones comerciales entre los dos países se habían fortalecido mucho en los últimos años, al calor del reencuentro entre Rabat y Madrid, que culminó en el año 2025 con la reapertura total de la aduana comercial. Con la expectativa de que las relaciones políticas se estabilizarían, las empresas optaron por relanzar sus operaciones comerciales entre los dos países.
Ahora, estas empresas miran con gran preocupación cómo se suceden los acontecimientos. Rabat lleva años presionando a España y, por extensión, a la Unión Europea, con su política de asalto a las fronteras, por lo que llueve sobre mojado. Pero, además, Bruselas está cambiando su enfoque de las relaciones comerciales comunitarias: ya no defiende el libre comercio con el mismo fervor, sino que empieza a estar más preocupada por su preciado mercado interior.
El mejor ejemplo es el llamado "instrumento de sobrecapacidad", que permite a la UE aplicar restricciones y aranceles a las importaciones para defender a la industria local. Este tipo de políticas eran impensables hace menos de un lustro, pero ahora están ganando fuerza en la UE. El primer producto protegido con esta nueva regulación comercial es el acero, que ahora pasa a estar gravado con un arancel del 50% a las importaciones que excedan los 18,34 millones de toneladas. Ahora que la apertura comercial ya no es tan prioritaria, la UE puede utilizar el comercio para presionar a Marruecos ante esta ola migratoria que pone en riesgo la integridad territorial de la cuarta economía del euro. Y Rabat se juega mucho aquí, en el caso de que Bruselas ponga ahí la presión.
En los primeros cinco meses del año, cruzaron la frontera productos cuyo valor superó los 10.000 millones de euros. Es la primera vez en la serie histórica que se alcanza esta cifra tan rápido. El motivo es que el comercio bilateral ha aumentado rápidamente en los últimos años. Tanto que el mercado marroquí estaba cerca de alcanzar al estadounidense para las empresas españolas. Desde el año 2021 (último con la frontera de Ceuta cerrada), se ha disparado un 46%. Y, si se compara con el año 2022, el primero con la frontera abierta, el crecimiento acumulado es del 17%.
Este crecimiento se apoyaba en las expectativas de que ambos países iban a fortalecer sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, el asalto a Ceuta es ahora un gran problema para más de un CEO en España. En los cinco primeros meses del año, 14.200 empresas han comerciado a través de la frontera. La mayor parte son españolas: 11.100, frente a 3.000 marroquíes.
El motivo de esta diferencia es que hay muchas pymes españolas con negocio en Marruecos, mientras que, en el sentido inverso, son empresas de mayor tamaño que aglutinan muchas exportaciones.
Crisis europea
La Unión Europea mira ahora con preocupación la frontera sur y 22 capitales comunitarias han criticado en una carta que España habría generado un efecto llamada con la regularización de inmigrantes. Los ministros de Interior de los 27 celebrarán una reunión de urgencia este martes para abordar la crisis migratoria y, sobre todo, si establecen algún tipo de restricción al acceso de España al espacio Schengen. Una situación que sería muy perjudicial para España, justo en plena ola de llegada de turistas. Sánchez respondió acusando de falta de solidaridad a algunos de los socios europeos, lo que ha caldeado el ambiente antes de la importante cita del martes.
Esta tensión geopolítica puede enturbiar las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos. Y ocurre en un momento en el que Marruecos vive un gran crecimiento de las exportaciones hacia España. Desde el año 2022, el de la reapertura de la frontera, las exportaciones desde el país norteafricano han crecido el doble que las españolas: 985 millones frente a los 467 millones españoles. Y, en porcentaje, la diferencia es aún mayor: el 9,8% de las exportaciones de España frente a un 25% de las marroquíes.
España ha tenido históricamente superávit comercial con Marruecos, apoyado principalmente en energía, semimanufacturas y automóviles. Sin embargo, el déficit que sufre Marruecos con España se ha cerrado hasta ser el más bajo desde 2007. En concreto, la ratio de cobertura de las importaciones marroquíes ha subido al 92%. Esto significa que solo un 8% de lo que importa no se compensa con una exportación a España.
Con la tendencia actual, Marruecos podría llegar a tener superávit comercial con España en dos o tres años. Un progreso que ahora queda en suspenso por la crisis migratoria. La entrada de inmigrantes es tan cuantiosa (en un día han entrado 60 veces más que todos los inmigrantes africanos que recibe Ceuta en un año normal) que algunas capitales europeas, en un movimiento liderado políticamente por Italia, han suspendido parcialmente el Acuerdo Schengen, que garantiza la libertad de movimientos de personas en los países adscritos.
El crecimiento de las exportaciones de Marruecos se produce en dos sectores que son clave para su economía. Por un lado, las de alimentos, que alcanzan ya los 1.450 millones de euros en los cinco primeros meses del año, más del doble que hace una década. Por otro lado, los bienes de equipo, procedentes de industrias de aparatos eléctricos que se han instalado en el país. Este sector ha crecido tanto que ya supera en exportaciones al agroalimentario, alcanzando los 1.550 millones de euros hasta mayo.
Marruecos fabrica (y ensambla) todo tipo de aparatos eléctricos, desde electrodomésticos y electrónica de consumo hasta baterías para vehículos. De hecho, el crecimiento de su industria del automóvil también supone una amenaza para las plantas situadas en España. Se ha convertido en uno de sus principales motores de crecimiento, pero, para seguir avanzando, necesita mantener abiertos sus canales comerciales con Europa. De hecho, desde el punto de vista económico, iniciar ahora un conflicto diplomático con España y la UE sería una mala decisión.
La vulnerabilidad energética
Las exportaciones de España hacia Marruecos más cuantiosas son de bienes de equipo y de energía. De hecho, este es un punto de vulnerabilidad para el país africano. Marruecos ha multiplicado por cinco el gas que recibe vía España desde su crisis con Argelia. Ha pasado de representar menos del 1% de las exportaciones españolas de gas en 2021 al 24,8% en 2025, convirtiéndose en el segundo destino tras Francia, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
En volumen, el salto es todavía mayor. Marruecos pasó de recibir alrededor de 1.900 GWh de gas en 2022 a más de 10.300 GWh en 2025. En apenas tres años, los envíos a través de España se han multiplicado por más de cinco. Para Marruecos, comprarle gas a España ha sido la solución ante sus malas relaciones con Argelia. Pero esto también es una gran debilidad, porque, aislado en su entorno, Marruecos no puede prescindir del suministro español.
Además, también se están desplegando nuevas conexiones de intercambio de energía eléctrica de España con Marruecos. El crecimiento de la capacidad generadora de España, gracias a las renovables, permite elevar las exportaciones a los países vecinos. En el caso de Marruecos, España suma ya cuatro años consecutivos de superávit exportador. En concreto, en el año 2025 alcanzó los 3.743 GWh, un crecimiento de casi el 48% respecto al año anterior y el valor más alto desde el año 2017.
Para Marruecos, esta relación de necesidad energética supone un foco de vulnerabilidad. Hasta ahora, tanto Madrid como Bruselas habían rechazado responder a los asaltos fronterizos, pero esta vez es diferente. En primer lugar, por la magnitud del asalto migratorio. Y, en segundo lugar, porque ya ha habido consecuencias para la libertad de movimientos de personas en la UE. Pero también podrían reclamar un castigo comercial a Marruecos por la ola migratoria, para evitar que este tipo de episodios se repitan. Todo ello supone una amenaza real para las relaciones comerciales entre los dos países. Y coincide con su momento de esplendor y de gran crecimiento, especialmente para Marruecos.
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archive.phLa rotación laboral cae al mínimo histórico: menos del 2% de los trabajadores se quedaron en paro
>Casi el 97% de los trabajadores sigue ocupado trimestre tras trimestre. La reforma laboral ha cambiado las reglas del juego y la reducción del paro empuja a las empresas a retener a sus trabajadores
En el segundo trimestre del año, 423.000 personas perdieron o dejaron su trabajo y terminaron desempleadas. La cifra puede parecer alta, pero es la más baja desde que existen registros. La rotación laboral se está reduciendo de forma notable en los últimos meses, hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. Esto significa, básicamente, que se están frenando los despidos y las relaciones laborales se vuelven más estables.
Es la primera vez en la serie histórica (de algo más de 20 años) que España consigue que menos del 2 % de sus ocupados pase al paro en un trimestre. En concreto, el 1,8 % de los ocupados en el inicio del año pasaron a estar desempleados en el segundo trimestre. Las empresas están haciendo un mayor esfuerzo por retener a sus trabajadores, en una coyuntura económica en la que ya existen importantes dificultades para conseguir mano de obra. Y con una reforma laboral que se va asentando en el tiempo y que está ayudando a estabilizar el empleo.
Eliminar por completo la rotación laboral es imposible y no es deseable. Siempre existen trabajadores que no encajan en su empleo, que se mudan, o despidos en sectores o empresas en crisis... La rotación laboral permite al tejido productivo y a los trabajadores adaptarse y maximizar sus posibilidades.
El problema se produce cuando la rotación laboral es muy alta; cuando empresas y sectores completos se especializan en una producción de bajo valor añadido que sobrevive con contratos de corta duración y bajos salarios. Se desperdicia así la curva de aprendizaje que tiene todo trabajador en su puesto. Además, se pierden todos los incentivos a la formación, ya que, si el trabajador se irá al paro en semanas o meses, no merece la pena invertir en su cualificación.
España ha sufrido este problema de forma persistente durante las últimas décadas. Pero los datos más recientes muestran un cambio. La gran mayoría de las personas que empezaron el año trabajando seguían haciéndolo en el segundo trimestre. En total, este porcentaje alcanza el 95,7 %, el dato más alto de toda la serie histórica.
La única transición laboral que está aumentando es desde el empleo hacia la inactividad. Un cambio que se explica básicamente por la jubilación de la generación del 'baby boom'. Cada trimestre dejan de trabajar unas 70.000 personas de 65 años o más para retirarse. Esta cifra está aumentando rápidamente en los últimos años, hasta el punto de duplicarse desde el año 2019. Sin embargo, el porcentaje sobre el total de ocupados se ha mantenido estable en este periodo, gracias a que la ocupación ha aumentado en casi tres millones de personas. En total, el número de trabajadores que se jubilan cada trimestre sigue estable en el 2,9 %.
Las causas
Hay varias causas que explican la caída de la rotación laboral. La reducción de la tasa de paro es el factor fundamental. A medida que la mano de obra disponible se va reduciendo, las empresas tienen más dificultades para encontrar trabajadores. Ante esta situación, optan por evitar los despidos que, en otra situación económica, no habrían dudado en realizar. Las empresas deciden proteger sus plantillas ante el riesgo de tener puestos vacantes.
Esto explica que la rotación laboral esté muy correlacionada con la tasa de paro. Por ejemplo, antes de la pandemia, el desempleo era casi cinco puntos superior al actual, y la tasa de rotación era casi dos puntos superior.
Sin embargo, la tasa de paro actual sigue siendo superior a la que hubo en la burbuja financiera y, aun así, la tasa de rotación ha caído a mínimos históricos. Esto significa que hay otras razones que explican la mejoría de los últimos años.
La reforma laboral es el factor diferencial. La prohibición de la mayor parte de los contratos temporales ha provocado un cambio de mentalidad en el tejido productivo español. Las empresas tienen ahora mayor vinculación con sus trabajadores, lo que ha generado diversos efectos secundarios positivos. Por ejemplo, este estudio de Pawel Adrjan, Jonas Jessen y Carlos Victoria Lanzón ha detectado que cada vez más ofertas de trabajo incluyen formación para sus empleados. Una señal inequívoca de que la mayor vinculación contractual incentiva la inversión en el personal para conseguir ventajas competitivas que antes se lograban con salarios bajos y alta rotación.
Un análisis elaborado por el centro de estudios Iseak con datos hasta el cierre de 2025 muestra que la tasa de supervivencia de los contratos ha aumentado significativamente. Por ejemplo, antes de la reforma, solo el 44 % de los contratos sobrevivían tras 180 días desde la firma. Este porcentaje ha subido hasta el 50 % en la actualidad.
Este estudio utiliza los datos de afiliación a la Seguridad Social, por lo que evita el problema de los fijos discontinuos en periodo de inactividad. En esos casos, los trabajadores no están en alta laboral y, por tanto, no computan como ocupados.
La rotación laboral se ha reducido especialmente entre los más jóvenes. En el grupo de edad de 16 a 24 años, la salida de trabajadores al paro se ha reducido en 2,7 puntos porcentuales desde el año 2019, bajando hasta el 5 % por primera vez en la historia. Entre los 25 y los 30 años, se ha reducido en 2 puntos porcentuales, cayendo casi hasta la mitad.
Por el contrario, la rotación de los mayores de 45 años se ha reducido mucho menos, en 0,7 puntos porcentuales. Esta situación tiene sentido, ya que la incidencia del empleo temporal era muy superior entre los jóvenes. De hecho, la reforma laboral buscaba precisamente proteger del abuso de la temporalidad que se daba en los primeros años de la carrera laboral de los trabajadores.
La reducción de la rotación laboral se ha producido en paralelo a un aumento de la productividad por hora trabajada. Algunos economistas han visto una relación de causalidad en este cambio, porque la estabilidad en el empleo permite aprovechar las curvas de aprendizaje. Sin embargo, todavía no existe evidencia científica que confirme esta interpretación y que la cuantifique.
Por el momento, lo que muestran los datos es que España está logrando reducir la salida de trabajadores al paro. Esta menor rotación sienta las bases para elevar la productividad de los trabajadores. Pero todavía queda trabajo por delante. Aunque la rotación haya caído por debajo del 2 %, todavía sigue por encima de la media de la eurozona, que se sitúa cerca del 1 %. No hay margen para la autocomplacencia.