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>La AIReF calcula que la tasa de desempleo seguirá por encima del 10% en 2027 y apenas bajará hasta el 9,6% hacia el final de la década

Una de las promesas electorales de Pedro Sánchez durante la campaña electoral del año 2023 fue bajar el paro hasta alcanzar el pleno empleo. A falta de un año para terminar la legislatura, el Gobierno es consciente de que no podrá lograrlo. Según los cálculos del propio Ministerio de Economía, la tasa de desempleo de 2026 será del 9,9%, lo que supondrá una ralentización del ritmo de ajuste del desempleo en comparación con los años anteriores.

Y eso que la previsión actualizada del Gobierno no tiene en cuenta el impacto de la guerra en Oriente Medio, ni la desaceleración del mercado laboral en el inicio del año. Las previsiones actualizadas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a un frenazo en el ritmo de caída de la tasa de desempleo.

La institución prevé que el paro siga por encima del 10% hasta el año 2027 y al final de la década todavía estará por encima del 9,5%. Esto es, tras una década de intenso crecimiento económico y creación de empleo, España seguirá cerca de duplicar la tasa de paro de la Unión Europea, del 5,9% excluyendo a España.

Esta previsión de la AIReF se justifica en tres factores que ya están afectando al mercado laboral español: el deterioro de la relación entre crecimiento económico y creación de empleo; la inmigración más intensa de lo esperado y la bolsa de parados que son inempleables. Todos estos factores unidos anticipan que la reducción del paro se va a estancar cerca del 10% y muy lejos del pleno empleo.

Entre los años 2013 y 2019, la economía española consiguió mejorar su relación entre crecimiento económico y creación de empleo. En esos años, España conseguía aumentar la ocupación aunque el PIB apenas creciese. Desde el final de la pandemia, esta mejora ha desaparecido y la relación entre empleo y reducción del paro ha vuelto a los niveles históricos. “Se aprecia cierto desplazamiento vertical de dicha relación que volvería a aproximarse a la relación histórica”, señala la AIReF.

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Por ejemplo, en 2019, con un crecimiento económico similar al actual (del 2,3% anual), la tasa de paro se reducía en más de 2 puntos porcentuales al año. Ahora, por el contrario, la caída del desempleo se limita a 0,5 puntos.

Si se confirma que España ha vuelto a la relación histórica entre crecimiento y empleo, la desaceleración del PIB conllevará también una ralentización del empleo, limitando así la caída del paro. La AIReF prevé que el empleo pase de crecer al 3% en 2025 al 2,3% este año y seguirá frenando hasta el 1,5% hacia el final de la década.

Este cambio en la relación entre crecimiento y empleo no es una mala noticia, al contrario. Si el PIB crece más que el empleo, significa que está avanzando la productividad. Y la mejora de la productividad es clave para permitir que mejoren los salarios. Entre 2013 y 2019, el crecimiento del empleo se hizo a costa de una caída de la productividad y una intensa devaluación salarial.

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En los últimos años ha vuelto a crecer la productividad, pero ha sido un avance muy moderado, en línea con la tendencia histórica de España. Es cierto que la productividad por hora trabajada ha aumentado desde la pandemia, pero este avance se ha destinado básicamente a reducir el tiempo de trabajo. La suma de las reducciones de jornada (pactos de negociación colectiva) y absentismo ha provocado que el grueso de las mejoras de productividad por hora trabajada no haya llegado a producir mejoras de la productividad por ocupado. Y, en consecuencia, no han generado una mejora de los salarios.

Paro estructural

A pesar del boom del empleo que ha vivido España en los últimos años, todavía hay casi un millón de parados que llevan un año o más en desempleo. Esto muestra que existe un amplio grupo de la población con grandes dificultades para encontrar un puesto de trabajo. En paralelo, las empresas españolas están reportando la mayor escasez de mano de obra de la serie histórica. Por primera vez, más del 11% de las empresas están sufriendo este problema.

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Esto significa que la oferta de trabajo que existe en España no encaja con lo que demandan las empresas. Surge así este fenómeno aparentemente contradictorio del auge de las vacantes cuando el desempleo sigue siendo alto. Para esta bolsa de parados, la creación de empleo no es una esperanza.

La AIReF también ha elevado su previsión de llegada de flujos migratorios hasta el final de la década. El motivo es que los datos de 2025 han vuelto a sorprender al alza, mostrando una propensión a la migración de la que esperaba inicialmente. En concreto, la AIReF preveía una llegada neta de 399.000 personas y la cifra final ascendió hasta 584.000 nuevos residentes.

Como consecuencia, la AIReF prevé que la inmigración neta sea de unas 600.000 personas al año hasta 2028 y que se vaya moderando hasta las 400.000 personas hacia el final de la década. Esto elevará rápidamente la mano de obra disponible en España y contribuirá a frenar la caída de la tasa de paro.

Todo ello dificultará el ajuste del desempleo. En los últimos trimestres ya se ha frenado la reducción de la tasa de paro. Sin embargo, la creación de empleo seguirá siendo el principal motor de la economía española hasta el final de la década, según las previsiones de la AIReF.

La institución ha elevado al alza su previsión de PIB potencial para España de cara a lo que resta de década en torno a medio punto. “Esta mejora se explica principalmente por una mayor aportación del factor trabajo, más que por avances en la productividad”, señala la Autoridad Fiscal. La llegada de inmigrantes seguirá alimentando el mercado de trabajo y el crecimiento económico, pero esto alejará el objetivo del pleno empleo.

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>El respaldo del gas a la generación eléctrica tras el apagón explica el 40% del aumento de los gases de efecto invernadero en el último año, pero el transporte, la ganancia de población y el atasco en las redes hacen el resto

El principal compromiso climático de España consiste en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 32% para 2030 respecto a las de 1990. Una meta que para 2040 se amplía hasta una reducción del 90% con la finalidad de llegar al objetivo que marca la ley para 2050, la neutralidad climática. Esto conlleva una ambiciosa senda de ajuste anual que en 2024 comenzó a estancarse y que en 2025 se ha revertido por múltiples motivos.

A cinco años del primer objetivo intermedio, los factores que hasta ahora estaban permitiendo reducir emisiones en España en paralelo al crecimiento de la economía se han agotado. Según los datos adelantados por el INE en las Cuentas Trimestrales de Emisiones a la Atmósfera, España incrementó sus GEI un 2% interanual en 2025, llegando a un total de 285,45 millones de toneladas de CO₂ equivalente, cifra que supera también en un 1,8% a la de 2023. Aun así, se trata de un crecimiento algo inferior al PIB, que aumentó un 2,8% en 2025.

El mayor apoyo de la generación de electricidad en el gas a raíz del apagón del pasado 28 de abril es la principal causa del incremento, pero no es la única. Las limitaciones de las renovables y las dificultades para electrificar la demanda han hecho el resto. Las emisiones repuntaron en 5,54 millones de toneladas, de las cuales el 39,6% proceden del sector de suministro de energía eléctrica y gas. Hasta ahora, la introducción de las renovables en la generación ha servido para reducir a marchas aceleradas las emisiones, pero todo cambió con el apagón.

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La puesta en marcha de la operación reforzada ha obligado a producir un 27,9% más de electricidad con ciclos combinados de gas, un apoyo adicional que garantiza la estabilidad de la tensión y que todavía no se piensa eliminar más de un año después del cero energético. En consecuencia, el porcentaje del mix eléctrico producido con renovables se ha estancado cerca del 57% (el 56,6% en 2025, frente al 56,8% en 2024). Si se suma la generación con otras tecnologías que no emiten CO₂, el 75,5% del mix eléctrico se produjo sin emisiones en 2025, unas décimas menos que en 2024 (76,8%).

Más allá de lo que haya sucedido un año, existen varios motivos para pensar que el retroceso puede ser más estructural que coyuntural. Según explica este informe del catedrático de Economía Diego Rodríguez, el atasco en las redes, la caída de la rentabilidad de las renovables y el aumento de los vertidos de este tipo de energía "podría provocar una parálisis en la inversión de nuevas plantas a partir de 2027". En este contexto, el plan para empezar a cerrar las centrales nucleares que quedan sigue en pie (empezando por Almaraz I en noviembre de 2027), aunque cada vez más cuestionado.

La segunda causa del crecimiento de las emisiones es el transporte, con un aumento de 1,3 millones de toneladas en 2025. No obstante, a diferencia del sector eléctrico, esta rama de actividad lleva años marcando récord de GEI dada la reducida electrificación de su demanda. Según el Balance Energético Nacional, el 94,7% del consumo energético del sector en 2024 fue originado con fuentes no renovables.

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El tercer sector que más dificulta reducir las emisiones son los hogares, con un aumento de 0,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2025. El crecimiento de las unidades familiares, impulsado por un incremento poblacional del entorno de medio millón de habitantes al año tras la pandemia, ha impedido continuar con la senda de reducción que sí existía hasta 2019. La penetración de tecnologías renovables en los hogares es reducida dadas las complicaciones para instalar placas en comunidades de vecinos y la lenta transición hacia sistemas de calefacción que no emitan CO₂.

Además, los vehículos que usan tanto el sector del transporte como los hogares siguen usando mayoritariamente combustibles fósiles. La flota de vehículos eléctricos de España es reducida, 683.700, contando turismos, furgonetas, camiones y autobuses según los datos de la Comisión Europea del cuarto trimestre de 2025, lo que supone solo el 1,8% del parque total.

El incremento de emisiones ha sido prácticamente generalizado en 2025: 0,45 millones de toneladas más en la agricultura; 0,19 más en la construcción y 0,31 más en las ramas industriales no manufactureras. Las industrias manufactureras sí las lograron reducir en 0,28 millones de toneladas, manteniendo una expansión moderada de su actividad debido a las políticas de descarbonización.

Retroceso español y europeo

Con el incremento de 2025, la senda de ajuste a 2030 se complica, ya que los GEI del año pasado solo son un 0,8% inferiores al valor de 1990. Para llegar a los 195 millones de toneladas de CO₂ equivalente en cinco años (la reducción comprometida del 32%), serían necesarias reducciones anuales de un promedio del 7,3%, un ritmo mucho más exigente del conseguido en el promedio de los últimos 18 años, contando con dos crisis económicas (un -2% anual). Esto se traduce en un recorte de emisiones de aproximadamente 18,09 millones de toneladas al año frente al promedio de reducción logrado desde 2009 de 7,56.

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En opinión de Rodríguez, el aumento de emisiones de 2025 es "un mal resultado" que nos aleja aún más de la senda requerida para alcanzar el escenario objetivo de 2030. Incide además en que los dos únicos años que se produjeron descensos rápidos con crecimiento económico, 2019 y 2023, se debió a "la aportación extraordinariamente favorable del sector eléctrico, cuyas emisiones se redujeron un 26% en 2019 y un 27,8% en 2023". Sector que parece haber llegado ahora a un suelo de recorte por el atasco en las redes que afecta a las renovables.

No obstante, España no es la excepción. Los datos trimestrales preliminares de emisiones de Eurostat advierten de que también han repuntado un 1% en la UE en 2025. Los países que lideran las variaciones son Bulgaria (4,7%), Portugal (4,5%) y Hungría (3,8%). España se sitúa en séptimo lugar, aunque todas las grandes potencias europeas han participado del aumento (Alemania, Francia e Italia), lo que puede ser el inicio de un retroceso.

A nivel global, las emisiones de GEI marcaron un nuevo récord en 2024 y la UE se había situado hasta el momento como la gran región puntera en reducciones, algo que los datos de 2025 ponen en duda de cara al futuro. Para cumplir con el Acuerdo de París, se requeriría de una reducción global de emisiones de al menos un 39% para 2035 respecto al nivel de 2023. Una meta que es cada vez más difícil de alcanzar y que compromete seriamente los límites de calentamiento que no se debían superar.

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>La novedosa medida de indemnización reparadora del Supremo anticipa una avalancha de demandas de empleados públicos temporales pasados y presentes mientras el Gobierno no es capaz de aprobar ninguna reforma

Las administraciones públicas han aumentado sus plantillas en los últimos años, pero la temporalidad —medida en la EPA— alcanzó el 27,4% en 2025, dos puntos más que en 2018, lo que indica que gran parte del refuerzo se ha acometido con empleo temporal. En el marco del Plan de Recuperación, la Comisión Europea exigió a España atajar el problema para recibir parte de las subvenciones, pero el Ejecutivo no ha sido capaz de acometer las reformas prometidas.

La falta de apoyos en la legislatura anterior ya hizo imposible una Ley de Función Pública, que se cubrió parcialmente con el Real Decreto-ley 14/2021 y la Ley 20/2021. Sin embargo, en esta legislatura ni siquiera se ha podido cumplir totalmente lo aprobado en 2021 ni desatascar las enmiendas introducidas en otras normas en tramitación, lo que ha llevado a un bloqueo legislativo con una factura económica elevada.

Por una parte, España ha perdido 626,6 millones de euros del Plan de Recuperación por no aprobar medidas que prevengan y sancionen adecuadamente los abusos de temporalidad laboral en el sector público. La Comisión consideró, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE del 22 de febrero y del 13 de junio de 2024, que la citada ley de 2021 no había servido para cumplir lo prometido en el hito 144 y revirtió el pago hecho previamente, en paralelo a la aprobación de la norma.

Según ha señalado reiteradamente el TJUE, también en la última sentencia del 14 de abril de 2026, ni la transformación de personal laboral en indefinido no fijo, ni el pago de indemnizaciones por extinción de la relación laboral, ni el régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, ni la convocatoria de procesos selectivos para la estabilización resultan suficientes para acabar con la temporalidad abusiva en las administraciones públicas. Esto ha llevado a los tribunales españoles a tener que plantear una cuestión prejudicial y a reaccionar para ajustarse al cumplimiento del derecho europeo (la Directiva 1999/70).

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Esto lleva a la segunda parte de la factura. Aunque el dinero del Plan se considere ya perdido, la sentencia del Tribunal Supremo de este martes establece por primera vez indemnizaciones reparatorias a la carta. Si bien el fallo procede del caso de una trabajadora contratada como personal laboral, por lo que será especialmente aplicable en ese régimen de contratación lo relativo a la fijeza, la formulación de toda la nueva doctrina relativa a la reparación afecta en general a todo el sector público. Podría terminar influyendo también en los funcionarios interinos, que son el grueso del personal temporal de las administraciones, y sobre los que la Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía se tiene que pronunciar.

 

La "indemnización presuntiva mínima", denominada así por el Supremo, se basa en los criterios señalados por el TJUE, por lo que tiene en cuenta las especificidades de cada caso. Fija reparaciones por el daño moral y profesional causados por la temporalidad abusiva (no por la extinción laboral) de entre 1.000 y 10.000 euros, según el baremo de sanciones de la LISOS, aunque incluso se pueden ampliar si se demuestra un perjuicio mayor.

 

Según advierte el magistrado Rafael Antonio López en su voto particular, la sentencia "abre la puerta a reclamaciones indemnizatorias masivas que se hubieran evitado con el reconocimiento directo de fijeza", lo cual tendrá un elevado impacto económico para las administraciones. Aunque el TS aún debe decidir a qué periodo aplica la posibilidad de reclamar por temporalidad abusiva, López considera que podría afectar a trabajadores desde el 10 de julio de 2001, plazo en el que terminó el periodo para incorporar la referida directiva al ordenamiento nacional. El magistrado prevé saturación en los juzgados si esto se llega a materializar.

 

El coste sería más controlable —si no evitable— si el Ejecutivo hubiera legislado ahora, y más aún si los ejecutivos anteriores lo hubieran hecho previamente, a la vez que una mejor planificación de los efectivos que necesita el sector público.

¿De quién es la culpa?

Tras la sentencia del Supremo, fuentes del Ministerio de la Función Pública han señalado que "el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en especial a las comunidades autónomas", a las que atribuyen una tasa del 40% de empleados eventuales según datos de su registro. "La AGE cumple los requisitos de temporalidad de tener solo el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal", añaden.

Igual de cierto es que son las administraciones regionales las que prestan los servicios públicos, donde se concentran las necesidades de personal temporal, y que la tasa de reposición fijada en los Presupuestos Generales del Estado se les aplica. Dicha tasa, que limita el número de plazas nuevas a convocar para sustituir las bajas por jubilaciones y fallecimientos, está congelada desde 2023 por falta de nuevas cuentas públicas, aunque el compromiso con los sindicatos era derogarla porque esta obliga, en palabras de Escrivá, a una "planificación en el corto plazo" no flexible de las plantillas de las administraciones. 

El Ministerio considera superado el debate sobre la tasa de reposición y defiende que las normas de 2021 cumplen con Bruselas, pero realmente solo lo hacen en lo relativo a la estabilización de al menos 300.000 empleados públicos temporales (hito 150), con 419.756 personas que han aprobado un proceso selectivo de ese tipo (no quiere decir que estén incorporadas). Ese hito administrativo se ha cumplido, pero el problema está lejos de resolverse.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha propuesto incluir medidas adicionales contra el abuso de la temporalidad en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y en la Ley de Función Pública, ambas atascadas en el Congreso, y ha abierto un grupo de trabajo con las CCAA para estudiar posibles cambios de normativa que ayuden a reducir la temporalidad en el sector público.

La verdadera amenaza cercana, más allá de lo que dispongan otras sentencias, es la resolución próxima del procedimiento de infracción abierto en 2014 por la Comisión Europea por no trasponer adecuadamente la Directiva de 1999. En el Dictamen Motivado del pasado abril, Bruselas considera que las reformas de 2021 no son suficientes para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público, en línea con lo dispuesto por el TJUE y con el fallo del Supremo de este martes. El procedimiento podría derivar en una sanción millonaria y en modificaciones legislativas, probablemente con otro Ejecutivo.