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La legalización de la tenencia de armas para civiles es probablemente uno de los temas más polémicos de las elecciones actuales. La gente está muy dividida. Los que se oponen dicen que Colombia, con toda la violencia que cargamos y el estado de salud mental de la población, no está lista para algo así. Los que la apoyan en cambio dicen que el efecto disuasorio reduciría los crímenes, y tienen un punto válido: los delitos con arma de fuego en Colombia se cometen mayoritariamente con armas ilegales, no con las registradas.

Ambas posiciones tienen lógica. Pero este texto propone algo diferente, un punto de vista que ni siquiera Abelardo ha contemplado en sus declaraciones públicas: las armas no como herramienta de seguridad ciudadana, sino como garantía de soberanía nacional y de que la democracia no sea solo una palabra bonita en un papel.

Una industria que no existe:

Colombia ya tiene Indumil, creada en 1954. El problema es que su alcance siempre ha sido limitado y para ser honestos la falta de competencia la ha dejado muy atrás en materia de innovación. Abrir el mercado civil de armas crearía un sector nuevo con potencial real:

Fabricación nacional de armas y municiones
Comercialización regulada: armerías, distribuidores, tiendas especializadas
Servicios de registro, inspección y certificación técnica
Capacitación: instructores, polígonos de tiro, academias
Seguros y servicios financieros asociados a la tenencia

Esto no pasa de un día para otro. Desarrollar toda la infraestructura necesaria toma tiempo y se hace por etapas, así que no, apenas gane Abelardo no se va a armar una guerra civil. Y tampoco creo que la mayoría de colombianos vaya a salir corriendo a comprar un arma: con los índices de pobreza que tenemos, un arma que vale entre 2 y 8 millones de pesos no es la prioridad de nadie. Pero sí creo que un buen número de personas terminaría adquiriendo al menos una, y hablamos de un universo final que podría estar entre 5 y 10 millones de propietarios. Eso ya cambia muchas cosas.

Pero el argumento real no es la seguridad pública, es la soberanía:

El 3 de enero de 2026, en la madrugada, la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos ingresó a Caracas en helicópteros militares aprovechando un apagón provocado por guerra electrónica. A las 2:01 AM descendieron en el Fuerte Tiuna. A las 3:30 AM capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores antes de que pudieran llegar a su búnker. La operación duró aproximadamente 40 minutos. Para las 4:31 AM ya estaban en el buque de asalto USS Iwo Jima, y horas después Maduro aterrizó en helicóptero en Manhattan para enfrentar cargos ante un tribunal federal de Brooklyn.

La justificación oficial fue la Doctrina Monroe, lo que Trump llamó la "Doctrina Donroe". El experto en derecho internacional James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la calificó como un acto ilegal y una amenaza directa a la soberanía de los estados latinoamericanos. La comunidad internacional protestó. Varios países emitieron condenas. Y no pasó absolutamente nada más.

Eso es lo que hay que entender: Venezuela tenía ejército, tenía defensa aérea con sistemas rusos Buk-M2, tenía alianzas con Rusia y China, y aun así en 40 minutos una potencia extranjera entró a su capital, sacó a su presidente de la cama y se lo llevó a juzgar a otro continente. Las condenas internacionales no detuvieron nada. Las sanciones no detuvieron nada. El derecho internacional no detuvo nada.

Ahora la pregunta que Colombia debería hacerse es simple: ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos puede pasar lo mismo?

Hay algo que sí detiene a cualquier ejército por más poderoso que sea: el costo. No el costo moral, que claramente ya no aplica. El costo político, militar y económico de ocupar un país donde millones de civiles están armados y dispuestos a defender su territorio es tan alto que hace que la operación no valga la pena. No importa de qué potencia hablemos. La historia lo ha demostrado repetidamente: Vietnam, Afganistán, Finlandia en 1940. Los ejércitos más grandes del mundo se han tenido que retirar porque el costo de quedarse era insostenible.

Una Colombia con 5 o 10 millones de propietarios de armas no es un objetivo fácil. Es un país que tiene la capacidad de hacer que cualquier intervención dure décadas y cueste fortunas. Eso es disuasión real, no una condena en la ONU.

La garantía de que la democracia no muera:

Hay un principio político que se ha repetido en distintas formas a lo largo de la historia: ningún dictador le entrega armas a un pueblo sobre el que quiere control total. Hacerlo sería echarse la soga al cuello. Porque una vez que la ciudadanía está armada, cualquier proyecto autoritario enfrenta una barrera práctica que no se puede ignorar.

Mucha gente dice que Abelardo es un peligro para la democracia. Yo no voy a entrar en ese debate. Pero lo que sí puedo decir es que si su propuesta de legalizar las armas se concreta, él mismo estaría creando el mejor seguro posible contra cualquier futuro intento de concentrar el poder, incluyendo el suyo propio. No importa si en algún momento la izquierda regresa, o cualquier otro gobierno. Una vez armado, el pueblo nunca más va a estar indefenso frente a quien quiera doblegarlo. Y eso aplica para todos.

El registro histórico es bastante claro en este punto. Existen alrededor de 56 regímenes autoritarios documentados en el mundo hoy (Freedom House, 2024). De todos ellos, el único caso donde la tenencia civil de armas es legal dentro de un contexto autoritario es Yemen, y eso responde a condiciones tribales y socioculturales que no tienen nada que ver con América Latina. El patrón contrario, democracias estables con altas tasas de tenencia civil de armas, es mucho más frecuente y consistente.

Democracias sólidas donde las armas son legales:

Para los que piensan que armas legales equivalen a caos, aquí están algunos ejemplos de países que combinan alta propiedad civil de armas con democracias consolidadas y alto desarrollo:

País	Nota
Estados Unidos	Aprox 120 armas por cada 100 habitantes, es la mayor potencia militar del mundo.
Suiza	Deber militar histórico. Baja criminalidad.
República Checa	Tenencia activa; ejerce influencia política de defensa en la Unión Europea.
Finlandia	Alta tasa de propiedad. Es la quinta nación más pacífica del mundo.
Noruega	Democracia plena.
Austria	Democracia consolidada. Sede de organismos internacionales.
Canadá	Permite armas largas.

Antecedente famoso:

Espartaco: cuando tu única pertenencia era tu espada

En el año 73 a.C., un gladiador tracio llamado Espartaco se fugó junto a unos 70 compañeros del ludus de Capua, en Italia. Su única pertenencia real era su espada, el instrumento que lo había mantenido vivo en la arena y que se convirtió en el símbolo de todo lo que siguió.

Lo que empezó como una fuga se convirtió en la mayor rebelión de esclavos de la historia antigua. En su punto máximo, el ejército de Espartaco llegó a contar entre 70.000 y 120.000 hombres según las fuentes de Apiano y Plutarco. Durante casi tres años, entre el 73 y el 71 a.C., esa fuerza derrotó repetidamente a los ejércitos consulares de Roma, la potencia militar más grande de su época.

El detalle importante para este debate es el siguiente: la condición de esclavo era precisamente la de alguien sin derechos, sin propiedades y sin ninguna capacidad de actuar políticamente. Y uno de los pilares que sostenía ese sistema era exactamente la prohibición de portar armas. Cuando Espartaco y sus compañeros tomaron las armas del ludus, no solo escaparon: rompieron el orden que los mantenía sometidos y se convirtieron en un actor político y militar que ninguna superpotencia pudo ignorar durante años.

La lección es directa: desarmar a una población no es una posición neutral. Es una condición que facilita el control sobre ella. Y armarla no garantiza la victoria, Espartaco eventualmente fue derrotado, pero sí garantiza que quien quiera dominarte tenga que pagar un precio muy alto por intentarlo.

En resumen:

El debate en Colombia sobre las armas ha girado casi exclusivamente alrededor de si van a aumentar o no los homicidios. Es una pregunta válida pero incompleta. Lo que pasó en Venezuela en enero de 2026 nos recuerda que vivimos en un mundo donde las potencias intervienen países soberanos sin que las condenas internacionales tengan ningún efecto real. En ese contexto, hablar de armas solo como un tema de seguridad ciudadana es quedarse corto.

Una Colombia con millones de ciudadanos armados de forma legal y responsable es más difícil de invadir, más difícil de someter, y más capaz de garantizar que la democracia no dependa únicamente de la buena voluntad de quien esté en el poder en un momento dado.

Las armas, vistas desde este ángulo, no son un problema de orden público. Son un asunto de libertad.

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