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Campesinos beneficiarios de la restitución de tierras en Colombia están denunciando amenazas y agresiones físicas tras ocupar predios entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En Puerto López, Meta, una familia de cinco personas fue atada, torturada y golpeada por un grupo armado que irrumpió en su vivienda.

Entre las víctimas había una menor de 14 años y una mujer de 72.

Según la denuncia, los agresores querían forzarlos a abandonar un predio al que habían llegado hace dos meses junto con otras 50 familias gracias a la política de restitución.

Las víctimas pertenecen a una asociación de campesinos afectados por el conflicto armado que recibió 1.500 hectáreas el 28 de mayo.

La ANT señaló que hay otros casos similares en el país, incluyendo:

- Tuluá, Valle del Cauca: unas 100 familias fueron amenazadas por hombres armados.
- San José: una comunidad indígena vecina sufrió quema de viviendas.
- Córdoba: campesinos beneficiarios de tierras también recibieron amenazas de muerte hace un año.

Hasta ahora, no ha habido pronunciamientos públicos de las autoridades judiciales o policiales sobre estos casos.

La Defensoría del Pueblo acompaña a las víctimas en Meta.

La ANT pidió urgencia a la Fiscalía, la fuerza pública y el Ministerio Público para investigar.

El Congreso de EE. UU. 🇺🇸 está preparando tres enmiendas a la ley de presupuesto de defensa para frenar o condicionar la asistencia militar a Colombia 🇨🇴. Según el texto, la razón principal son presuntos vínculos del presidente electo Abelardo de la Espriella con grupos paramilitares, además de denuncias sobre lavado de dinero e interferencia política.

Se busca revisar y eventualmente suspender la ayuda militar estadounidense a Colombia si hay indicios creíbles de nexos con paramilitarismo.

Una enmienda exigiría auditorías estrictas para asegurar que los fondos no terminen beneficiando a las AUC o a sus sucesores.

Otra enmienda declara el Acuerdo de Paz de 2016 como un interés estratégico para la seguridad nacional de EE. UU. y advierte contra cualquier intento de desmantelarlo.

La tercera enmienda pide un informe histórico sobre abusos de las Fuerzas Militares colombianas entre 1980 y 2010, incluyendo masacres, desapariciones, cooperación con paramilitares y los llamados “falsos positivos”.

Estas medidas representan un giro fuerte en la relación Washington-Bogotá y una reacción contra un posible regreso del militarismo sin controles.